Al inicio de la legislatura 2011/2015, cuando llevábamos contados ya más de tres años desde la quiebra de Lehman Brothers y el estallido de la mayor crisis económica desde la Gran Depresión del 29, el entonces conseller de Economía, Máximo Buch, concedió una entrevista a INFORMACIÓN en la que, lejos de tranquilizar a la ciudadanía, optó por exponerle las cosas de la forma más cruda posible. «Vamos a pasarlo muy mal, vamos a pasarlas canutas», fue el titular con el que este periódico, recogiendo literalmente sus declaraciones, abrió su portada a cinco columnas.
Viene otra recesión. Esperemos que su intensidad no sea, ni de lejos, la de esta, de la que aún no nos acabamos de recuperar. Pero salvando todas las distancias que haya que salvar, no sé si algo así -«vamos a pasarlo muy mal, vamos a pasarlas canutas»- ha pensado el conseller de Hacienda, Vicent Soler, que en un hecho absolutamente inusual ha presentado esta semana su renuncia como diputado de las Cortes Valencianas, si bien no como miembro del Consell.
Soler, un histórico del PSPV-PSOE, más del primero que del segundo, quiero decir, de alma nacionalista aunque pensamiento socialdemócrata, es desde luego una pieza clave en el Gobierno de Ximo Puig, al que pertenece desde sus inicios, y su renuncia no tiene nada que ver con ningún tipo de discrepancia ni con su presidente ni con la política que en general desarrolla el Consell. Todos los interlocutores coinciden en que Soler, que por edad sabe que está en el último mandato de su dilatada vida política, deja el Parlamento autonómico para centrarse en su trabajo en la conselleria, probablemente la que más presión va a sufrir en buena parte de esta legislatura, y que la decisión ha sido personal. Tan personal como, quizá, inoportuna.
Porque decíamos antes que la iniciativa del conseller es inusual. Dejar el escaño sin que nada te fuerce a ello cuando aún no se han cumplido ni cien días desde que tomaste posesión de él lo es. Y todo lo que es inusual en política tiene lectura propia, más allá de los deseos de sus protagonistas. La renuncia de Soler, pues, anticipa un crecimiento exponencial de la tensión política dentro y fuera del Consell. Es, en ese sentido, una mala señal o, si se quiere, una señal de las dificultades que vienen de tanta crudeza como aquellas palabras que pronunció Buch: «Vamos a pasarlo muy mal, vamos a pasarlas canutas». Eso ha debido de pensar también Soler. Y ha empezado a parapetarse, abandonando de momento el hemiciclo.
El Botànic II tiene una papeleta dificilísima. El president Puig ya era consciente de ello durante la última campaña electoral, en la que comentó en privado varias veces que la legislatura que venía estaría marcada por los ajustes. Pero la cosa se ha complicado mucho más de lo esperable debido a la situación en Madrid: todo el mundo, dentro y fuera del PSOE, da por hecho que vamos a nuevas elecciones generales, después de que la izquierda no haya sido capaz de ponerse de acuerdo para formar gobierno. Eso no solo significa un grado máximo de incertidumbre y la paralización de la Administración. Quiere decir también que tardaremos mucho en tener un nuevo Presupuesto General del Estado, si es que llegamos a tenerlo.
Las autonomías ya no pueden más: se encuentran, no ya en situación de empezar a recortar servicios, sino incluso con el temor a que llegue un momento en que ni siquiera puedan pagar nóminas. Se buscarán, sin duda, soluciones coyunturales. Pero el problema para el gobierno de la Generalitat Valenciana es mayúsculo por muchas razones. Porque lo que es evidente es que no hay horizonte razonable, con repetición de las elecciones o sin ella, para una reforma de la financiación autonómica. Y ese, junto con la reversión de la llamada «hipoteca reputacional», es decir, el deterioro sufrido en la imagen de la Generalitat por culpa de la sucesión de escándalos protagonizados por los gobiernos del PP, ha sido el principal argumento político del Botànic, que llegó a convocar manifestaciones contra el Ejecutivo de Rajoy, manifestaciones descalificadas en su día con mucha dureza por la todavía Síndica del PP, Isabel Bonig, pero a las que no dudaron en acudir incluso los empresarios, en demanda de un reparto justo de los fondos del Estado.
Ahora es Bonig la que atiza a Puig para que muestre el mismo ardor en sus reivindicaciones que manifestaba antes de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa. Pero, además, Puig tiene la presión dentro de su propio gobierno, porque Oltra y Dalmau, Compromís y Podemos, están alzando la voz incluso más que el PP. Si uno de los principales méritos que atesoró el primer Botànic fue precisamente el que la alianza entre dos fuerzas políticas no dio lugar a dos gobiernos, sino a uno, el riesgo de que esta vez haya tres es notorio.
La situación es perversa porque estamos en un callejón sin salida, o al menos la salida no depende de la Comunitat Valenciana, ni de su gobierno, por mucho que se quiera. Por no tener, Puig no tiene ni siquiera un interlocutor claro en Madrid y su conseller de Hacienda sólo tiene enfrente de momento a una ministra en funciones y luego ya veremos. Van a tener que ir a unas nuevas elecciones con los recortes encima de la mesa y Oltra y Dalmau presionando a Soler para que esos recortes no afecten a las consellerias que dirigen tanto Compromís como Podemos, culpando además a los socialistas de la falta de soluciones por su bloqueo en Madrid. ¿Qué otra cosa pueden hacer ambas fuerzas políticas, si les arrastran a una campaña y unos comicios que no querían? ¿Qué cabe esperar si este Consell ve amenazado su principal compromiso con los ciudadanos, que era el compromiso social, si donde iba a haber recuperación de derechos pueden ahora producirse nuevos recortes en los mismos?
Pero es que, incluso cuando haya gobierno, nadie sabe cómo resolver el damero maldito en que se ha convertido la financiación de las comunidades autónomas en España. El líder de la comisión de Expertos que, a petición del Gobierno, elaboró un informe sobre cómo acometer esa reforma, Ángel de la Fuente, reconocía en su última visita a Alicante que no veía una salida factible en la práctica, puesto que sólo un gran pacto de Estado, en el que se comprometieran con lealtad las principales fuerzas políticas, podría encontrar una solución en la que, necesariamente, habría comunidades que perdieran algo de lo que ahora reciben, en aras a un reparto más justo. «¿Qué consejero va a volver a su comunidad con menos de lo que se fue?», se preguntaba De la Fuente. Obviamente, hoy por hoy ninguno. ¿Se dan las condiciones políticas para que pueda alcanzarse ese gran pacto de Estado? En absoluto. Ni las hay ahora, ni cabe pensar que se den ni siquiera a medio plazo. Con lo que toda la arquitectura del discurso político del Consell se viene abajo, mientras los ciudadanos pueden a comenzar a sufrir nuevos ajustes, que seguro afectarán primero a quienes han llegado los últimos al paraguas del Estado del Bienestar: los dependientes, por ejemplo. O los parados de larga duración y los desahuciados. La batalla entre los socios del Consell, pues, está servida.
Es en ese contexto en el que se ha producido la renuncia al escaño de Soler. Se podría pensar que, con tanta reunión a cara de perro que va a tener que soportar en Madrid, y tanto despacho aquí con el resto de consellers para cuadrar cuentas, Soler ha dimitido por no estar pendiente de ir a votar a las Corts. Pero no es así: comparecer, en tanto que conseller, va a seguir teniendo que hacerlo y, para el resto de asuntos, su voto no era necesario, porque al Botànic no le va de un diputado. Lo que, seguramente de forma inconsciente, Soler transmite con esa renuncia es que la cosa está tan fea como para que un conseller de Hacienda no tenga tiempo ni de pasarse por las Corts salvo cuando venga obligado o, algo peor, que el conseller de Hacienda, en un momento decisivo como éste, empieza a transmitir signos de cansancio: no deja la cartera por no abrirle a su presidente una crisis de gobierno, pero comienza por el escaño a preparar su retirada. De una forma u otra, mala barraca. No sé si esta vez la riada llegará a que las pasemos «canutas», que dijo Buch. Pero que lo vamos a pasar mal es seguro.
Paletos
Paletos hay en todos los ámbitos. Pero debemos reconocer que la proporción entre los cargos públicos de Ciudadanos en esta Comunidad supera la media. El último, de muchos ejemplos, es el del diputado Carlos Gracia Calandín, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (lo que una vez más demuestra que los estudios superiores y la necedad pueden ir de la mano), que ha presentado una interpelación en las Corts para que la consellera de Innovación explique por qué su departamento tiene la sede en Alicante, algo que su señoría de Ciudadanos considera un despilfarro a tenor de lo que señala en su texto, donde subraya que «en València -ciudad de la que es natural- existe un fuerte ecosistema innovador privado». Hombre, puestos a pensar en despilfarros, el diputado Gracia debería haberse planteado si su partido, con dos escaños en la Diputación Provincial, necesita disponer de nueve asesores. O si el sueldo que cobra su vicealcaldesa en Alicante está bien aprovechado, teniendo en cuenta que desde que empezó la legislatura son contadas las tardes que no se ha cogido libre.
Se habla mucho últimamente de que vivimos en tiempos en los que la mediocridad ha triunfado, y casos como el del diputado Gracia y su reveladora interpelación parecen demostrarlo. ¿De verdad, cree su señoría que alguien le eligió para que se estrenara con una astracanada como ésta ¿No encuentra nada más importante para el bienestar de los ciudadanos de esta Comunidad que preguntarle al Consell Lo que de verdad va a ser un despilfarro es que la consellera de Innovación pierda el tiempo que debería estar dedicando a cosas más importantes para contestar a esta chorrada en las Corts.
Lo peor, con todo, es que no creo que la interpelación de Gracia haya colado sin que nadie se haya dado cuenta. ¿Estaba haciendo algún bolo Cantó y no se enteró Si es así, malo; y si no, terrible. Y la solución que han dado también es de aurora boreal: mantienen la interpelación -y por tanto, el fondo, que no es ni más ni menos que Alicante no tiene derecho a contar con una sede gubernamental-, pero quitan el nombre de la ciudad y con eso creen que nos engañan a todos. ¡Qué paciencia hay que tener!
