Con el arranque del nuevo mandato, la Diputación de Alicante con Carlos Mazón ya instalado en el Palacio Provincial y la segunda versión del Consell del Botànic que encabeza Ximo Puig iniciaron un acercamiento que hoy tiene una prueba de fuego con la reunión que ambos mandatarios tienen prevista en València. En pocas semanas, ambos dirigentes, justo es reconocerlo, han hecho más por intentar normalizar la relación que durante los cuatro años de César Sánchez en la institución alicantina, un periodo en el que el día a día de ambas administraciones se convirtió en una batalla campal que perjudicó, como siempre, a las poblaciones alicantinas y sus vecinos. Uno de los principales focos de tensión, junto a la batalla de las competencias y a la guerra educativo-lingüística, fue la puesta en marcha y el posterior reparto a partir de 2016 del Fondo de Cooperación Municipal que impulsa el Consell.
Para resumir. La Generalitat puso encima de la mesa un fondo de 80 millones a distribuir entre todos los municipios de la Comunidad para que lo pudieran usar libremente en función de sus necesidades reales y con criterios objetivos: número de habitantes y un mecanismo corrector para favorecer a los más pequeños. El Consell ponía la mitad del dinero y las tres diputaciones el resto de las cantidades. En el caso de la provincia, a la corporación alicantina le correspondían aportar 13,7 millones al año. Fue la única que no cumplió. La Generalitat sí puso el dinero y también lo hicieron la Diputación de València -gobernada por los socialistas y Compromís- igual que la de Castellón, dirigida entonces por Javier Moliner, del PP, que negoció con habilidad para incluir alguna condición en las bases y atender la peculiaridad de su provincia. Al final, los municipios alicantinos fueron los únicos de toda la Comunidad perjudicados por el pulso que mantenía César Sánchez con el Consell. Acabaron ingresando por esa vía justo la mitad del dinero que sí llegó a las poblaciones de València y Castellón. En tres años, más de cuarenta millones menos.
En aquel momento, la Diputación de Alicante se sacó de la manga un parche para intentar blanquear esa errónea decisión. Decir que destinaba la misma cantidad a un supuesto fondo de cooperación propio que, en realidad, no era mas que un reparto de obras que obligaba a los municipios y, sobre todo, que se distribuía sin criterios objetivos bajo la tutela del equipo del PP en el Palacio Provincial. El «truco» del almendruco. En su primera entrevista a este periódico como presidente, Carlos Mazón defendió la gestión de César Sánchez en este asunto hasta el punto de perpetuar la mentira de su antecesor. Y así llega este encuentro que compartirán hoy Mazón y Ximo Puig. Ayer por la mañana, la intención del titular de la Diputación, el principal cargo institucional del PP en toda la Comunidad, era tratar de evitar ese asunto. Pero Puig, sin embargo y a través de una declaración del presidente de la Diputación de València, Toni Gaspar, le acabó marcando a Mazón toda la agenda de esa cita.
Gaspar soltó la bomba tras reunirse con el jefe del Consell. A partir de ahora, el Fondo de Cooperación tendrá rango de ley. Traducción: como la Diputación era la única que no pagaba, esa norma tiene como principal objetivo garantizar que los municipios de Alicante accedan a la totalidad de las ayudas obligando a la corporación provincial a sumarse al proyecto autonómico después de tres años de insumisión. Así que Mazón tendrá hoy que pronunciarse sobre este asunto cuando salga por la puerta del Palau de la Generalitat. No le queda otra. Y salvo una pirueta circense de triple salto mortal con doble tirabuzón, tiene muy complicado encontrar un argumento sólido para oponerse a un fondo al que, por otra parte, ahora deberá sumarse si no quiere incumplir la ley.
Mazón se topa nada menos que con su historia. Con su propio pasado político. El Fondo de Cooperación Municipal fue un compromiso adquirido en 1999 por el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, ante la asamblea de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Sin embargo, el PP incumplió sistemáticamente esa promesa durante 16 años hasta que en 2015, con el cambio de gobierno, el Botànic decidió rescatarla. El hoy presidente de la Diputación fue alto cargo del Consell entre 1999 y 2007 y además, como reconoció en esa misma entrevista de arranque de su mandato, Zaplana fue la persona que le facilitó, junto a Joaquín Ripoll, ese primer destino en política. ¿Va a oponerse Mazón a un compromiso de uno de sus padres políticos a riesgo de seguir perjudicando los ingresos de los municipios alicantinos sólo porque la gestión final fuera de Puig? La pelota está ahora en su tejado. Suya es la decisión.
