Cualquiera que haya tenido que pisar este verano un centro de salud, un hospital o sus correspondientes servicios de Urgencias habrá tenido, sin duda, la sensación de estar ante una organización al borde del colapso. El problema es que la situación no es coyuntural; no la explica en su totalidad ni la falta de personal por vacaciones ni el aumento de la población flotante de las zonas turísticas precisamente cuando menos recursos humanos hay. La cuestión es mucho más de fondo y no se va a solucionar con ningún plan de choque, que por definición se dedican a parchear rotos (en este caso, a acortar las malditas listas de espera), sino que necesita de intervenciones globales y, a la vez, profundas.
Resulta evidente que la madre del cordero está en la necesidad de fondos, es decir, en la falta de recursos por culpa de la infrafinanciación que sufre la Comunidad Valenciana. Cuando se repite una y otra vez que los ciudadanos de esta autonomía están discriminados respecto a los del resto de España porque siendo una de las que más aporta figura entre las que menos recibe, la plasmación en el día a día de esa discriminación es, por ejemplo, la falta de médicos y personal sanitario suficiente y también de las infraestructuras que se correspondan con la población que se atiende, tanto en cantidad como en calidad. Por eso, aún es más sangrante que una y otra vez los parlamentarios de los dos grandes partidos, socialistas y populares, elegidos en la Comunidad Valenciana, sigan las consignas de voto de sus cúpulas partidarias y bloqueen el debate sobre el reparto de la caja pública cuando gobiernan el Estado mientras lo demandan cuando están en la oposición. En esta hipócrita contradicción acaban de incurrir los senadores socialistas, igual que antaño cayeron en ella los del PP.
Pero siendo el presupuesto (o la carencia de él) tan importante, también lo es el criterio político. Y en orden a esto último surgen demasiadas dudas. El primer gobierno del Botànic puso sobre la mesa, como prioridad, no el mejorar la calidad asistencial de la Sanidad pública valenciana corrigiendo los recortes aplicados por los últimos gobiernos del PP, sino el conseguir la reversión de los hospitales privatizados por esos mismos gobiernos populares. Si las personas hubieran pesado más que la ideología (o el postureo), el orden habría sido el inverso: primero garantizar una óptima asistencia para meterse luego a deshacer el ovillo del que se llamó «modelo Alzira». Pero no fue así, y la prestación pública del servicio continuó deteriorándose paradójicamente bajo un gobierno que se proclama de izquierdas pero que encima siguió gastando en conciertos privados lo mismo o más que los ejecutivos populares. Y lo peor es que esa miopía galopante respecto al que es uno de los pilares del Estado del Bienestar y de la igualdad entre los ciudadanos -la Sanidad- todo indica que se mantiene en el Botànic II. Hace mucho tiempo que no se oye al president Puig o a la vicepresidenta Oltra (del vicepresidente Dalmau ni hablamos) referirse a la Sanidad como apuesta política. Deben considerarlo anticuado. Y sí ha tenido que saltar últimamente al ruedo la consellera del ramo, la socialista Ana Barceló, pero lo ha hecho para negar la mayor, para desmentir que haya algo más que problemas puntuales, cuando ella sabe (y si no lo sabe, peor me lo pones) que no es así: que cada vez hay mayores déficits y que cada ejercicio que se tarda en tomar medidas más cara y difícil se pone la solución. Tendría narices que el Consell que dijo venir a poner coto a la Sanidad privada acabara reforzando ésta y dividiendo a los ciudadanos en dos según su capacidad para pagarse o no un seguro complementario por falta de iniciativa para reformar un sistema que está pidiendo, además de dinero con urgencia, también una reorganización radical. Empezando por lo más básico: la asistencia primaria, cuyo progresivo deterioro es el principal responsable de la sobrecarga de los hospitales y de que el gasto se dispare. Pero no parece que exista en este Botànic II, como no lo hubo en el Botànic I, esa voluntad política que se requiere. La prueba de ello la cita hoy mismo, en las páginas de Opinión de este periódico, el doctor Pérez Gálvez, que recalca cómo por primera vez en la historia la cúpula de la Conselleria de Sanidad carece de altos cargos con experiencia asistencial. ¿No había nadie en el PSPV, en Compromís ni en Podemos, no para titular de la conselleria, pero sí para la secretaría autonómica o las direcciones generales, que conociera el sistema desde dentro? ¿O lo que no había era una correcta valoración de lo importante que es esa conselleria y los problemas que le aquejan y por eso los puestos se repartieron no por capacidad de gestión sino por necesidad de colocación? Parece lo segundo, y ese es el drama.
Sé que hablar de estos temas en una página que se supone de análisis político resultará chocante a muchos. Pero es que hay pocas cosas más importantes en política que la que estoy describiendo. Y su menosprecio a la hora de fijar la hoja de ruta y el discurso de un gobierno es una mala señal. Hay otras, que ahora que empieza el curso merece la pena anotar. Por ejemplo, la nueva persecución que sufren muchos de los que con la crisis perdieron sus hogares, aquellos que precisamente apostaron por partidos nuevos esperando que algo cambiara, y que otra vez se ven desamparados. Miles de aquellas viviendas embargadas fueron vendidas por los bancos a precio de saldo a los conocidos «fondos buitre», y con ello la deuda por la casa, que quedaba «viva» puesto que la perversa legislación española permitía depreciar el valor de la vivienda al banco, pero sin embargo el hipotecado no saldaba la deuda ni siquiera al ser desahuciado. Ahora esos «fondos buitre», que han contratado estos años a abogados noveles para que mantuvieran en los juzgados las reclamaciones y evitaran la prescripción, han comenzado a exigir ese dinero a gente que ya lo perdió todo y que, si consiguió rehacer su vida, la ve por segunda vez en peligro.
Se diría que es un asunto de primera magnitud para un gobierno de izquierdas. Y más si en ese gobierno se sienta Podemos. Y mucho más aún si Podemos tiene precisamente entre sus competencias las de Vivienda. Pero no recuerdo que el vicepresidente Dalmau se haya referido a este tema este verano. Y no porque haya estado perdido para los medios de comunicación. Al contrario, ha estado muy activo. Pero para dar la matraca con el monotema de la tasa turística, que parece que para Podemos (y también para Compromís) no hay problema más importante en este territorio que el imponer un nuevo gravamen al sector que más pesa en nuestro PIB y que, tambaleante aún la construcción, más empleo genera, y también para abogar por cerrar el trasvase del Tajo-Segura sin aportar ninguna alternativa viable. Uno comprende que Podemos anda liado sustituyendo a su enésimo secretariado, pero dado que ahora forman parte de un gobierno sería de desear que dejasen de mirarse el ombligo y se centrasen, siquiera fuera en días alternos, en el interés común. Y también que, de vez en cuando, tuvieran alguna iniciativa que no fuera «de manual».
Bien es verdad que centrarse va a resultarle difícil a todos, ya sean socialistas, podemitas o de Compromís, de no cambiar mucho los vientos que soplan desde ese agujero negro político que es Madrid, el único sitio de España donde los partidos tienen por principio inamovible no pactar jamás un gobierno incluso si con ello se desestabiliza a todo el país. Si nada se mueve este mes de septiembre no habrá investidura, iremos de nuevo a elecciones en noviembre, por enmedio, con un Ejecutivo en funciones, habrá habido otra Diada y la sentencia del Supremo sobre el procés, no podrá aprobarse un presupuesto y abordar un nuevo sistema de financiación que saque de la indigencia a la Comunidad Valenciana será imposible. A las puertas de una nueva recesión económica, con una tensión global desconocida desde la Guerra Fría, encaminados a un Brexit salvaje que sufriremos todos, pero los valencianos más; en una situación así, que el Botànic II, integrado por un partido con dos almas (el PSPV-PSOE), una coalición de varias fuerzas políticas, a veces contrapuestas y casi siempre íntimamente enfrentadas (Compromís) y un no se sabe qué (Podemos) salga indemne de los próximos meses se antoja difícil. Le salva que la oposición aquí -téngase por ello al PP y a Ciudadanos, que lo de Vox no pasa de patético vodevil- está fracturada y no tiene ni estrategia ni liderazgos. Pero el Consell que preside Puig no puede seguir trasladando la imagen de parálisis que está transmitiendo cuando aún falta casi un mes para que se cumplan los cien días desde que se conformó y ya nos parece viejo. Desde mediados de junio, no se ha gobernado, se ha nombrado gente, que no es lo mismo. Y esta vez, ni el Ejecutivo es novedad ni ante los problemas se puede recurrir a lo de la herencia recibida. Así que ya va siendo hora de que se pongan a trabajar. Que tanta pachorra no es buena para la salud.
