La llegada del agua procedente del trasvase Tajo-Segura es una prioridad para el gobierno de la Diputación de Alicante. La sequía que afecta a nuestro territorio y a la Región de Murcia y Almería es un escollo para el desarrollo de nuestra economía, y muy especialmente para el sector agrario. No olvidemos que estamos en la llamada huerta de Europa y que nuestros productos se exportan y son consumidos por millones de ciudadanos en decenas de países.
El agua es, por tanto, una necesidad. Del agua que llega del trasvase Tajo-Segura dependen más de 10.000 regantes del sureste peninsular. Pero la sequía no solo afecta a la agricultura. El turismo y la industria están desde hace años seriamente comprometidos por la falta de agua como consecuencia de la persistente sequía. No hay desarrollo sin agua. No hay bienestar sin este recurso tan escaso en nuestras tierras.
El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, anunció al tomar posesión del cargo hace apenas unas semanas que el agua iba a ser uno de los ejes prioritarios de su política al frente de la institución provincial. Y así lo ha hecho desde el minuto uno. Ha pasado a la acción en defensa de los intereses hídricos de las zonas castigadas por la sequía, especialmente en la Vega Baja.
El pasado día 12 el portavoz del Gobierno de la Diputación, Adrián Ballester; y yo, como vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, acompañamos al presidente Mazón a Murcia a su reunión con el presidente de la Región, Fernando López Miras; y con el consejero de Agua, Antonio Luengo.
Los dirigentes socialistas de Valencia y Alicante han creído ver en ese encuentro la reapertura de la «guerra del agua», un término afortunadamente ya en desuso que el PSPV ha vuelto a airear de forma irresponsable. Olvidan los socialistas que la paz del agua se alcanzó en 2013 cuando se llegó a un acuerdo nacional en política hídrica gracias al Memorándum sobre el trasvase Tajo-Segura impulsado por el Partido Popular. Pero el PSPV, con Ximo Puig a la cabeza, vuelve a las andadas, a la vieja política de enfrentamiento y al uso partidista del drama de la falta de agua en nuestro territorio. Los socialistas también olvidan lo que en reiteradas ocasiones han dicho los propios regantes: que las desaladoras no son por ahora la solución. Y lo saben. El campo no puede asumir el elevado coste del agua desalada, que además es de baja calidad y con una elevada carga de boro, muy negativa para nuestros cultivos.
En la reunión de Murcia analizamos la situación hídrica del sureste español y fijamos estrategias comunes en defensa de los intereses de los regantes de ambos territorios. Y lo hicimos con urgencia, alertados por la reciente decisión del Ministerio de Transición Ecológica de integrar en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura a los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía (en Castilla-La Mancha), que son contrarios al envío de agua a nuestras tierras, excluyendo así a los regantes alicantinos y murcianos de las trascendentales decisiones que se adoptan en este órgano.
La medida del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez perjudica los intereses de los alicantinos, murcianos y almerienses. Y ni la Diputación de Alicante ni el gobierno de Murcia lo vamos a permitir. Por mucho que les pese a algunos, ambas administraciones vamos a seguir profundizando y avanzando en la colaboración hídrica. Como dijo el presidente Carlos Mazón en el Palacio de San Esteban de Murcia: «Cada gota de agua que nos quieran quitar la intentaremos compensar con gotas de sudor».
No es el inicio de un conflicto, no es la reapertura de ninguna «guerra». Es la defensa de un derecho de todos los españoles, vivan donde vivan: el agua.
Pediremos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que rectifique de forma inmediata su decisión. Si no lo hace la Diputación de Alicante exigirá que todos los municipios afectados de Alicante y Murcia también estén presentes en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura.
Además, para defender con más fuerza los intereses hídricos de los alicantinos, el presidente Carlos Mazón ha dado un nuevo impulso a la Mesa Provincial del Agua, en la que se integrará un representante de la Región de Murcia y de los sectores productivos de nuestras tierras: agricultura, ganadería, turismo, industria y comercio. El problema nos afecta a todos.
Digámoslo claro y sin rodeos. La decisión de la ministra no será la única contra la llegada de agua a nuestros territorios. Habrá más. El Gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere liquidar el trasvase Tajo-Segura. Y nos preocupa mucho esta deriva contra el trasvase.
El gobierno de la Diputación de Alicante, con su presidente Carlos Mazón a la cabeza, no va a permitir que se recorte un solo litro de agua del trasvase Tajo-Segura. No es una nueva «guerra del agua». Haremos lo que haga falta, desde la legalidad y con las herramientas que nos da la Constitución. Que no le quepa duda a nadie.
