El presidente Donald Trump no quiere en el país a inmigrantes pobres y de piel oscura, en los que sólo ve racistas, delincuentes, violadores o parásitos que tratan sólo de aprovecharse de los servicios sociales.
Sin embargo, bajo presidentes tanto republicanos como demócratas, Estados Unidos ha contribuido con su ayuda militar a gobiernos golpistas y violadores de los derechos humanos a ese éxodo masivo que tanto parece preocupar ahora a la América blanca.
Así, según la propia fiscalía de Nueva York, el actual jefe del Estado hondureño, Juan Orlando Hernández, su hermano, Juan Antonio, y el ex presidente Porfirio Lobo - estos dos últimos detenidos en EEUU- utilizaron el narcotráfico para "mantener y aumentar su poder político".
No puede pretender EEUU lavarse ahora las manos cuando, siguiendo una larga trayectoria intervencionista en su patio trasero, Washington apoyó hace diez años el golpe de las elites económicas y los militares contra el presidente hondureño Manuel Zelaya.
Honduras es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos, los pequeños agricultores, las organizaciones sociales y los activistas del movimiento ecologista.
Algo parecido cabe decir de Guatemala, el más poblado de Centroamérica y del que proceden también muchos que integran esas columnas de miserables que, tras atravesar todo México, tratan desesperadamente de entrar en EEUU.
Allí acaban de elegir presidente a Alejandro Giammattei, un político que, cuando dirigía el servicio penitenciario guatemalteco, tuvo que hacer frente a acusaciones de estar involucrado en unos asesinatos extrajudiciales durante un motín de presos.
Giammattei, que pasó cerca de un año en prisión preventiva por aquel suceso antes de que se sobreseyera el caso por falta de pruebas, anunció durante su campaña electoral que apoyaba la decisión del presidente saliente, Jimmy Morales, de expulsar del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue quien le acusó entonces.
La comisión, creada con el apoyo de la ONU para fortalecer el Estado de derecho y combatir las redes delictivas que seguían operando en Guatemala tras tres décadas de guerra civil, cayó en desgracia después de que centrara sus investigaciones en la supuesta financiación ilegal de la campaña presidencial de Morales.
Antes de terminar su mandato, Morales fue presionado por Washington para que, bajo amenaza de sanciones económicas, firmara un acuerdo migratorio que declaraba a Guatemala como "país seguro" y ello a pesar de las continuas denuncias de los organismos de derechos humanos.
Ese acuerdo obliga a Guatemala a readmitir tanto a todos sus ciudadanos que traten de entrar ilegalmente en EEUU como a los de otros países centroamericanos que hayan pasado por territorio guatemalteco en su peregrinación hacia el gran país del norte. ¡Todo un disparate!
