Sabido es que hay dos clases de senadores en la Cámara alta: 1) Los que consiguen sus escaños por elección popular directa, y 2) los que consiguen sus escaños por decisión digital partidaria, naturalmente a través de propuesta del grupo parlamentario a la asamblea legislativa autonómica correspondiente (artículo 69.5 CE). Miquel Iceta intentó ser senador autonómico pero el Parlament catalán y el soberanismo político lo cortocircuitó, cuestionando su interferencia en el proceso soberanista. Nunca antes había acontecido un hecho similar. Esta cuestión se está dirimiendo actualmente en el Tribunal Constitucional, pero lo cierto y verdad es que al máximo representante del PSC se le obturó su acceso y probable candidatura a ser presidente de la Cámara alta.

El caso que nos ocupa es la del actual senador Maroto que, a fecha 28 de abril pasado (fecha de celebración de Elecciones Generales), se presentaba como candidato a diputado por Álava. Tristemente no salió elegido y la decepción la podemos imaginar. Como no había opción para ser propuesto por su grupo en el Parlamento vasco, toda vez que el criterio de la proporcionalidad no le permitía acceder a uno de esos puestos senatoriales que le correspondía (un senador más otro más por cada millón de habitantes del territorio), se busca la salida fácil de inscribirle y empadronarle en un pequeño municipio segoviano cercano a la Comunidad de Madrid. Todo ello con la finalidad de optar a ser senador por la Comunidad de Castilla-León, dado el pacto existente entre las fuerzas conservadoras, en detrimento de la lista más votada que fue la socialdemócrata.

El problema deviene de la interpretación forzada y torticera de las normas cuando nos interesa, sin importarnos el qué dirán que, en el caso del empadronamiento -para tener vecindad administrativa demandada (artículo 7 EAC y L)- exige tener residencia habitual en el municipio. El problema, además, se agrava aún más cuando siendo alcalde de Araba exigía la residencia de un número de años para evitar los abusos en la petición de ayudas municipales. Se sube el diapasón mucho más cuando criticó exacerbadamente la candidatura cunera de la señora Isabel Celaá, actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno, al presentarse por Álava cuando su procedencia es inequívocamente bilbaína.

¿Cuál es el veraz problema? Sencillamente el de la «incoherencia», que hace restar credibilidad. Que se dice una cosa y la contraria sin cerrar los párpados y en un plis plas, vamos, sin inmutarse. Antes se defendía que gobernara la lista más votada y, ahora, como los resultados no son favorables, se abandera los pactos de perdedores -como antaño les tildaba el conservadurismo político. Y ahora, como ese argumento ya no sirve, se esconde y omite. Resuelto el problema. Y no vale que se diga que «en todas partes cuecen habas» ( Quijote). No, no. Porque rizando el rizo del absurdo lo podríamos culminar con otro aserto más popular y mundano al decir aquello de «mal de muchos, consuelo de tontos» (tradición oral).

Hay que intentar cambiar con objetividad ese estado de cosas, que merma la confianza ciudadana. ¿Qué dicen los militantes de la formación conservadora? ¿Se acepta con beatífica actitud? ¿No hay gente válida y preparada en las tierras castellano-leonesas para representar los intereses territoriales?

Deberíamos culminar con la siguiente interpelación: ¿por qué no contribuimos todos a ennoblecer con actos, gestos y actitudes la palabra «política» -servicio público- con mayúsculas, dejando de lado las menudencias?