Mientras millones de personas disfrutan en sus vacaciones de las aguas y playas del Mediterráneo, a las costas de diferentes países tratan de llegar precarias embarcaciones cargadas de personas que arriesgan su vida huyendo de horrores y buscando una vida mejor, como estamos viendo en Alicante con el goteo de pateras como las que han alcanzado recientemente nuestras costas en estas fechas. Al mismo tiempo, el barco español «Open Arms» se mantiene al suroeste de Malta, tras haber rescatado a 121 personas que navegaban a la deriva. Ahí están, a la espera de que algún país europeo autorice el desembarco humanitario de todos estos migrantes forzosos, mientras la UE sigue mirando para otro lado.
Una vez más, la Unión Europea demuestra su actitud irresponsable, negándose a aplicar las obligaciones aprobadas en su Agenda Europea de Migración {COM (2015) 240 final} en vigor, donde los gobiernos europeos se comprometieron a «ofrecer respuestas rápidas para salvar vidas humanas» de los refugiados que llegaran por mar «mediante una bienvenida manifestación de solidaridad que se mantendrá mientras persista la presión migratoria», mediante «mecanismos de intervención de emergencia». Pedir que se ofrezca con urgencia un puerto para el desembarco seguro de los rescatados por el «Open Arms» no solo supone un acto imprescindible de humanidad, regulado por el sagrado deber de socorro en el mar y de salvamento marítimo del Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamento, además significaría un escrupuloso respeto a los sagrados compromisos adquiridos en la Convención de Ginebra de 1951 y el Protocolo de 1967. Además, reclamar el inmediato desembarco y la atención a las mujeres, menores y hombres rescatados en el mar significa exigir el cumplimiento de unos acuerdos europeos en materia migratoria vigentes, que han sido y son vulnerados por los mismos gobiernos que los firmaron.
La descomposición y el descrédito de la Unión Europea se explica, precisamente, al ver cómo sus gobiernos han incumplido sistemáticamente sus propios acuerdos y compromisos, al impulsar políticas neoliberales de austeridad expansiva generadoras de pobreza y sufrimiento entre la población, o al saltarse sus acuerdos y compromisos básicos en materia de refugiados y migraciones, como sucedió durante la guerra en Siria, mientras que por el contrario, se ha dejado seducir por algunos de los postulados neofascistas que han profundizado la división entre los países europeos, aumentando su parálisis y descomposición. Hasta llegar al punto de abandonar cualquier operación de rescate de migrantes y refugiados en el Mediterráneo, desentendiéndose por completo de aquellos que son salvados, en ocasiones, al borde de morir ahogados.
Solo así se puede entender que tras rescatar a náufragos en el mar no se apliquen las normas del Derecho Internacional del Mar, desembarcando a los rescatados en el puerto más próximo y aplicando a continuación los acuerdos firmados en la Agenda Europea de Migración para aquellos que sean solicitantes de asilo o migrantes forzosos, en función de cada circunstancia. Al mismo tiempo, se debería aplicar una distribución de estas personas entre los Estados miembros mediante cuotas, bajo los criterios de solidaridad aprobados en su día por la Comisión Europea. Así está contemplado y así debería aplicarse. No hacerlo supone alimentar los postulados neofascistas, sometiendo a un mayor descrédito al proyecto europeo ante la sociedad, como quieren las fuerzas de extrema derecha.
Por ello, el ofrecimiento realizado por el alcalde de València, Joan Ribó y por el portavoz municipal del PSOE en Alicante, Francesc Sanguino, para que sus capitales sean puertos de desembarco de los rescatados por el «Open Arms», tiene el valor de poner de manifiesto nuestro compromiso moral para dar una respuesta a un drama humanitario. Aunque sin duda, la idea del gobierno vasco de repartir a los 121 migrantes rescatados entre las 17 comunidades autónomas, atendiendo a la denominada «Propuesta Share», un mecanismo de aplicación transversal en la UE del principio de corresponsabilidad ante el reto migratorio, supone una de las ideas más interesantes que se han planteado en España en esta materia. Según esta iniciativa, las comunidades autónomas tienen también que implicarse ante los desafíos migratorios de forma corresponsable, acogiendo migrantes en situaciones excepcionales, como los de este rescate, bajo principios de proporcionalidad, atendiendo a criterios de población, renta y desempleo. La idea es tan interesante que debería ser de aplicación en todos los países europeos y también en otras situaciones, como en el caso de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) o en las llegadas de pateras a las costas del Sur de España.
Mientras tanto, el gobierno valenciano y en especial su vicepresidenta, Mónica Oltra, en el ámbito de sus competencias, bien harían en desarrollar con seriedad, rigor y profesionalidad una verdadera política autonómica de migración y refugio que vaya acompañada de actuaciones concretas y políticas efectivas, que se correspondan con sus hermosas palabras y bellas declaraciones, muchas de las cuales, hasta la fecha, están tan vacías de hechos como ausentes de iniciativas.
