Agosto de 2019. Calor, evaporación, embalses bajo mínimos y la provincia blindada -es un decir- por un decreto de sequía que en realidad no conduce a nada, porque si no se han producido restricciones en el consumo de agua es gracias las lluvias de la primavera en la Marina Baixa y, sobre todo, a esa bolsa de caudal subterráneo, cada vez más agujereada, que hace posible que Alicante siga tirando hacia adelante aunque con la amenaza real de que un día el agua se acabará, y no será suficiente con los 300 hm3 -capacidad máxima- que podrán inyectar al sistema las desaladoras de Torrevieja, Agua Amarga y Mutxamel, ésta última construida hace cinco años pero en los que solo ha producido cinco hectómetros cúbicos sin que a nadie se le caiga la cara de vergüenza.
Éste es el panorama de este verano en Alicante. El mismo que el de todos los estíos desde hace ya cuatro, y que puede agravarse aún más en los próximos años si se cumplen las previsiones de los expertos, que auguran un cataclismo climático en forma de drástica reducción de las lluvias en el horizonte de los próximos 50 años. Todos aquellos que se hayan duchado esta mañana y, los más afortunados, aquellos que, además, desde la ventana observan el buen estado de su piscina o el césped de su jardín, igual hasta piensan que los expertos que sostienen que Alicante se puede quedar sin agua a medio largo plazo son unos agoreros que le hacen el juego a los promotores y a las grandes empresas hortofrutícolas, a las que, también es cierto, nunca les falta el caudal. No, el riesgo de quedarse sin agua es real y afecta tanto a la industria como a los pequeños agricultores, el 80% del tejido agrícola y el más castigado.
El problema es serio y, de momento, nadie se ha preocupado por ponerle una solución real problema, más allá de que éste, además, sirva para los intereses electorales de unos y otros. Que se lo pregunten a Ximo Puig cuando se pone al frente la defensa del Tajo-Segura o al nuevo presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que no ha perdido ni un minuto para hacerse la foto con la Mesa del Agua, un grupo de expertos, avenidos según el día, donde hay un poco de todo. Desde los que tratan, y llevan años, de buscar una solución real, hasta los que intentan medrar políticamente, pasando por aquellos que ven en la comisión una forma de hacer caja. Al fondo sin embargo, un problema gordo.
El futuro de la provincia es insostenible si no se garantizan los recursos hídricos y el debate no puede ser ya, tampoco, si desalación o trasvases. Agua desalada, por otro lado, que, aunque se produce en Torrevieja, se va toda al Campo de Cartagena. Allí hay dinero para pagarla y sigue sin poder utilizarse en la provincia porque, pásmense, no hay conexiones con las explotaciones agrícolas de más de 20.000 agricultores del sur. Mientras, el Gobierno (Acuamed) sigue con sus planes para ampliar la capacidad de producción en Torrevieja hasta los 180 hm3 pero sin resolver lo básico, su distribución en Alicante, por lo que si nadie lo impide el caudal será para la rica huerta murciana.
Mientras, el cerco al trasvase del Tajo se estrecha tanto en Madrid como en Toledo, y continúa el bloqueo del Júcar-Vinalopó tras haberse invertido más de 400 millones de euros de dinero público, la provincia tampoco ha hecho nada por trabajar en soluciones en el propio territorio como sería el aprovechamiento de las aguas residuales que se van al mar hoy con una depuración mínima, y que podrían utilizarse sin problemas en la agricultura siempre que el caudal fuera de calidad. Por supuesto, no para el consumo humano. Un asunto cuyas competencias son del Consell, que nunca ha hecho los deberes en este tema del que el PP fue el primer culpable, pero para el que ahora hay que exigir soluciones al equipo de Puig en su quinto año ya de mandato. Lo que sí parece ya claro es que reclamar trasvases del Ebro y del Tajo Medio, aunque técnicamente sean posibles, parece ya un brindis al sol dado viendo por donde va la política estatal y europea. No se hicieron en su momento y no se harán jamás.
Mientras todo se complica, el golpe dado por el Tribunal Supremo al futuro del Tajo-Segura, anulando los artículos que hacen referencia a los caudales ecológicos del río en Aranjuez y Talavera, que deben ser revisados, igual que sucederá con la reserva estratégica de los embalses de Entrepeñas y Buendía, parece formar parte del guión marcado por el Gobierno de Pedro Sánchez y por la que fuera ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, cuando en 2005 modificó el Plan Hidrológico Nacional para eliminar el trasvase del Ebro y diseñar el basado en el agua desalada. Llegó después el PP y no hizo nada de los prometido. Un partido que cuando está en la oposición parece tener la varita mágica para solucionar el problema hídrico, pero cuando llega al poder se topa con el centralismo antitrasvasista y termina siendo un mero seguidor de las políticas socialistas.
El futuro del Tajo-Segura se antoja, por tanto, más complicado que nunca porque, además, el cielo no ayuda. La sentencia del Supremo obliga a modificar los caudales ecológicos en esa parte del río, su cabecera, donde la sequía es tan cruel como en Alicante.
Las cuentas no salen. Por cada metro cúbico por segundo que se eleve el caudal ecológico se reducirán 30 hm3 al año del trasvase a Alicante y Murcia. Como el objetivo de la Confederación del Tajo parece que es duplicarlo, es decir, de los seis actuales pasar a 12 m3 por segundo, la merma se queda en 180 hm3 al año sobre unas existencias, que rara vez superan los 600 hm3 y con la espada de Damocles de la línea de los 400 hm3 de reserva a partir de la cual se cierra el trasvase. Hace casi cuatro años, cuando Mariano Rajoy y sus colaboradores vendieron que el «memorándum» del Tajo acabaría con todos los problemas, plantearon aquello de que o caudales ecológicos o subir la reserva. Se optó por lo segundo. Ahora, el Supremo ha fallado algo así como el «2x1», lo que deja el trasvase contra las cuerdas, y hace que Alicante sume una nueva derrota en su lucha por asegurarse un suministro de agua de calidad y a buen precio.
La provincia pierde la batalla judicial como en su día perdió la política y la mediática. ¿Mediática? Desgraciadamente, la demagogia se ha impuesto en Madrid y en el resto de España, alimentada por los casos de corrupción, que trasladan la sensación de que en la Comunidad Valenciana el agua solo se quiere para alimentar el ladrillo y los pelotazos. Nadie valora que somos buena parte de la huerta de Europa, y de que de los beneficios de la agricultura viven el resto de los españoles, los mismos que se duchan cuando veranean en la Costa Blanca, pero no por eso la provincia está exenta de hacer sus deberes.
¿Desalación? Sí, pero en Alicante, en un caso análogo al de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía -a la penúltima del Gobierno ha sido su inclusión en la comisión donde se deciden los caudales del Tajo a trasvasar-, donde carecen de conexión con el río por la dejadez de los gobiernos regionales que pasan por Toledo tampoco hay conexión con la desaladora de Torrevieja. La planta, con un coste de 350 millones de euros pagados con el dinero de todos los españoles, los que tienen agua y también los que hacen equilibrios para aprovechar hasta la última gota del escaso recurso, no tiene la tubería para abastecer de agua de riego al 80% de los agricultores de la provincia de Alicante, entre ellos los comuneros de Riegos de Levante.
Hoy domingo, 11 de agosto, se cumplen diez años de la muerte del conseller José Ramón García Antón. Desde entonces Alicante no pinta nada ni en València ni en Madrid en el tema del problema hídrico. Cómo pasa la vida.
