Desde hace décadas se viene insistiendo por parte de la clase política en determinar las características que debe tener el puerto de Alicante para que hagan de sus instalaciones un bien de interés general y pueda prestar aquellos servicios que se esperan de una infraestructura de este tipo.
Es evidente que un puerto es un lugar en el cual atracan y salen barcos cargados de pasajeros o mercancías con origen y destino a otros puertos y ciudades. Por lo tanto, en su interior no caben más que un puesto de aduanas, vigilancia marítima, lonja de pescados, grandes grúas y contenedores, astilleros, muelles de carga y descarga, estación de pasajeros, almacenes, depósitos de combustibles para suministro de las embarcaciones. Esas son las instalaciones y las actividades que tienen sentido en una zona portuaria.
Tal tráfico de ocupaciones redunda en beneficio de la economía local al instalarse en sus alrededores y cercanías hoteles, bares, restaurantes y otros menesteres propios de tanto trasiego portuario. ¿También casinos? Por qué no. Sabemos que fomenta la ludopatía, pero si la legislación lo permite y el pueblo está encantado, bienvenido sea. Nuestro sistema político es un sistema liberal y democrático que se ajusta a las reglas del Derecho. Por lo tanto, máximo respeto a las normas y los procedimientos que rigen nuestra vida en democracia.
Ahora bien, no olvidemos su misión principal cual es la de servir al interés económico general facilitando el transporte y la logística marítima de personas y mercancías. Personas y mercancías que no solo proceden de la ciudad donde se ubica el puerto, ni siquiera de su provincia, se trata de un tráfico internacional que traspasa fronteras. Por eso los puertos pertenecen al Estado y son gestionados por funcionarios a sus órdenes.
Dicho todo esto, digamos que nos parece de sentido común, que es como mejor se entiende la economía, que en un puerto que no es deportivo ni tampoco pesquero, aunque pueda ser utilizado como tal, existan muelles y tinglados donde se carga, descarga y almacena todo tipo de mercancías siempre que se haga con las debidas garantías para quienes las manejan y para quienes se paran a observarlas desde la lontananza.
¿Qué algunas de las mercancías que se almacenan pueden ser contaminantes o peligrosas? Claro, como lo es la estación de servicio que uno tiene en la esquina de su casa, o como lo son los gases que emite el motor de su automóvil en un atasco o el espantoso ruido que provocan algunos aviones en las cercanías de un aeropuerto.
Son externalidades negativas que el sistema económico provoca y que la sociedad soporta como un coste de producir bienes y servicios útiles. La intervención pública regula qué cantidad de contaminación es la deseable e impone normas y directrices para que tenga un coste social aceptable, teniendo en cuenta sus costes y sus beneficios.
En el devenir del puerto de Alicante no solo pueden intervenir los políticos municipales de la ciudad, muchos de los cuales ignoran todo sobre los costes de oportunidad o la eficiencia económica, y que si se nos apura se les podría tachar de ser unos meros oportunistas irresponsables que buscan rédito político ante las demandas de algunos vecinos que desconfían no solo de las medidas de seguridad que la ley establece para estos casos sino de quienes las promulgan. Si un puerto debe servir a los intereses generales de la ciudadanía, y todo parece indicar que esto es así, la totalidad de los sectores económicos y sociales han de ser escuchados y sus opiniones tenidas en cuenta.
Un puerto que nació en el siglo XIX como comercial e industrial, como es el de Alicante, pierde su esencia si solo atiende a los intereses particulares de los vecinos que habitan en sus cercanías y se convierte única y exclusivamente en un puerto turístico y de ocio para disfrute de los veraneantes y los amantes de los barcos de recreo y de las cañas de pescar, olvidándose de su buena disposición respecto al Norte de África y de sus potencialidades futuras como plataforma para el tránsito de los flujos comerciales entre este continente y la Unión Europea.
Desafortunadamente, intereses especulativos y la inoperancia de muchos gobernantes han impedido un mayor desarrollo, delimitado ahora por la construcción de espacios urbanos y turísticos a lo largo de su zona natural de ampliación. Nos indigna constatar que esa inoperancia sigue aún vigente.
