“Cambio climático” es un término demasiado frío. Ahora que sufrimos una canícula un día sí y otro también, para sintonizar con la verdadera temperatura del debate ambiental hay que hablar de “emergencia climática”. Es la moda terminológica. Más de 900 administraciones de 18 países, que engloban en total a 206 millones de habitantes, han hecho sus respectivas declaraciones de “emergencia climática”, según la plataforma digital “climateemergencydeclaration.org”. La declaración de emergencia, como indica esta organización, pretende “crear conciencia pública” de que nuestra situación ambiental “amenaza la vida tal y como la conocemos”. Pasar del “cambio” a la “emergencia” supone que “los gobiernos y la sociedad serán movilizados en modo de emergencia” hasta que ésta pase. Y añaden: “Los ejemplos de movilización en tiempo de guerra indican cuán rápido y completamente pueden cambiar los negocios tradicionales cuando nos enfrentamos al desafío de una amenaza existencial”.
El impacto dramático que tendrá la subida global de las temperaturas parece suficiente razón para tomarse en serio la descarbonización y la reducción a cero de nuestra huella contaminante. “The Guardian”, uno de los medios que ha asumido el compromiso editorial de reemplazar el término “cambio climático” por el de “emergencia”, aseguraba en un reciente editorial que a final de siglo la renta per cápita de los países pobres será un 75% más baja si no se logra atajar la subida de temperaturas. Se considera una “perspectiva realista” que la temperatura media subirá 4 grados a lo largo de este siglo XXI, lo que se traduciría en un flujo migratorio de 300 millones de personas, algo que colapsaría algunas ciudades de Estados Unidos y China, según el mismo diario. Los pobres serán los más castigados.
¿Pero es esto suficiente para declarar la “emergencia climática”? La comparación con periodos bélicos, como en la II Guerra Mundial, cuando países como EE UU focalizaron su economía a la producción militar, hace levantar suspicacias entre algunos observadores. Y no precisamente entre las filas ultraconservadoras de quienes aún niegan la evidencia de que la humanidad se está cargando el planeta donde nació. El columnista australiano de izquierdas Jeff Sparrow, vinculado a la Universidad de Melbourne, rechaza sustentar en el deterioro ambiental la declaración de un estado de excepción y advierte contra planteamientos ultraecologistas como el del científico James Lovelock -conocido por su Hipótesis Gaia, que concibe la Tierra como un sistema autorregulado- que equipara el cambio climático con una guerra y que, por tanto, en situaciones tales, se podría “poner la democracia en espera por un momento”. Sparrow admite que “la nueva retórica” de la emergencia ecológica, tiene el aspecto positivo de fertilizar una actuación urgente. Pero teme que ello suponga dejar las manos libres al Estado para tomar medidas coercitivas más severas. Sospecha que por la vía de la urgencia se colará el autoritarismo. “No se puede suspender la política para enfrentar la crisis ambiental. La crisis ambiental es política”, subraya Sparrow. “La degradación cada vez más intensa del mundo natural se deriva de un sistema económico en el que la búsqueda de ganancias impulsa un crecimiento exponencial no planificado. Si bien la mayoría de nosotros sufre el cambio climático, ciertas corporaciones se han vuelto vertiginosamente ricas gracias a su papel al frente de este proceso. No todos compartimos la responsabilidad de la crisis. No todos tenemos el mismo interés en resolverla. Por eso debemos resistirnos a cualquier intento de separar la acción climática de la lucha democrática”. Y concluye: “La respuesta al cambio climático requiere más participación, no un salvador en lo alto”.
