El Observatorio de la Transparencia que el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, y sus socios de Ciudadanos con Toni Cantó como principal figurante del pacto vendieron «a bombo y platillo» como gran novedad de su acuerdo de gobierno ya tiene trabajo por delante. Antes incluso de que pueda ponerse en marcha. Aclarar a qué se va a dedicar el ejército de cargos «a dedo» que se van a acomodar con los naranjas en el Palacio Provincial, convertido de facto para los de Albert Rivera en una agencia de colocación pública en la que hay más asesores adscritos a la oficina de la vicepresidenta primera y diputada de Ciudadanos, Julia Parra, que al equipo de Carlos Mazón. Y más asesores para Ciudadanos que el cupo de cargos de confianza de cualquier conselleria que gestiona muchísimo más presupuesto. El partido que quería acabar con las diputaciones como objetivo de su programa al considerar que eran un nido de corrupción se ha acostumbrado en pocos días a pisar la moqueta. Ya sabemos los motivos por los que la negociación fue tan plácida para el PP: había sueldos para casi todos... los de Ciudadanos, claro. Incluidas dos de las tres retribuciones más altas del hemiciclo para la citada Parra y para Javier Gutiérrez, el otro diputado cuyo voto es determinante para sustentar el gobierno del PP en la corporación. El problema, de cualquier manera, no es solo de salarios desproporcionados por encima de la escala del Consell o de cargos de confianza que son moneda de cambio para «comprar» una vara de mando. Son decisiones que hacen un flaco favor a la credibilidad de la Diputación como institución y que dan munición a los que apuestan por cerrarla. Y eso es aún más grave.
