Si pudiéramos viajar en el tiempo a finales de los años 90, hace 20 años, para preguntar a cualquier alicantin@ por la autorización portuaria del pasado jueves a la instalación de una nueva macroplanta de combustibles en el Puerto, seguramente nos contestaría si nos habíamos vuelto locos. Los antiguos depósitos de CAMPSA en el Puerto se trasladaron entonces a la finca de Els Reiets, donde hoy siguen con una capacidad muy similar a la que de nuevo se pretende implantar en el Puerto, en torno a 110.000 toneladas, en una primera fase. Y digo primera fase porque yo mismo pude ver - de hecho fui el único concejal en estudiar el expediente en las oficinas de la Autoridad Portuaria allá por octubre de 2018 - que la empresa XC Business 90 planteaba una segunda fase con, agárrense, 600.000 toneladas más.
Se firmó para ese traslado, hace casi un cuarto de siglo, en 1995, un convenio entre Ayuntamiento, Generalitat. Gobierno Central, Puerto y CLH (la antigua CAMPSA) que literalmente dice en su expositivo que "las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe haber instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el Puerto de Alicante". Al parecer, un informe del Gobierno Central afirma que ese convenio es "papel mojado". Todo sea con tal de que el Puerto aumente sus ingresos en su cuenta anual de resultados. ¿Y la ciudad de Alicante - en la que no está de más recordar que se ubica el Puerto - pinta algo para el Puerto y para el Gobierno? De nada parecen haber servido las 1.300 alegaciones que se presentaron para evitar que el Puerto diera su visto bueno al enésimo despropósito que sufre Alicante. Ciudadan@s, colectivos, partidos políticos, hasta el propio Ayuntamiento de Alicante alegaron en contra. El Puerto una vez más se muestra insensible al clamor social y político de Alicante.
Al margen de los recursos administrativos y judiciales que puedan plantearse contra esta decisión de la Autoridad Portuaria, ahora toca que la Generalitat y el Ayuntamiento se posicionen en el expediente de licencia ambiental y de obra mayor que se inició en el Ayuntamiento el 19 de febrero de 2013, cuando Sonia Castedo era alcaldesa y Marta García-Romeu concejala de Urbanismo, concejala que por cierto firmó el certificado de compatibilidad urbanística para la macroplanta el 21 de mayo de 2014. Un expediente que rechacé como concejal de Urbanismo el 17 de noviembre de 2016 para que se recabara un informe de gestión de emergencias, para que se revisara si eran necesarios un proceso de evaluación de impacto ambiental o de autorización ambiental integrada, así como un estudio de integración paisajística, y para que se comprobara si la distribución del combustible tenía las autorizaciones exigibles. También para que se volviera someter a información pública la solicitud de licencia de modo que se garantizara la participación de las asociaciones de vecin@s y de los centros escolares del entorno. Barrios como San Gabriel, Gran Vía Sur, Benalúa o Ensanche-Autobuses se ven amenazados junto a sus centros escolares, así como un espacio marino protegido por Europa, el LIC y ZEPA de Tabarca, que se extiende hasta ese entorno portuario por el mar.
El pleno del 25 de octubre de 2018 del Ayuntamiento de Alicante aprobó por unanimidad una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos municipales con seis acuerdos sobre la macroplanta, una declaración que promoví como portavoz de Guanyar. Tres de ellos han caído ya en saco roto: el que insta a la Autoridad Portuaria a no autorizarla, el que insta al Gobierno y a Fomento a dirigirse a la Autoridad Portuaria para que no la autorice y el que insta a la Autoridad Portuaria a que modifique su planificación para evitar este tipo de instalaciones. Otros dos acuerdos deben sustanciarse ahora: el que insta a la concejalía de Urbanismo a desestimar la licencia y el que insta a la Generalitat a desestimar cualquier expediente que se tramite al respecto, especialmente en relación a la evaluación tanto de impacto ambiental como de la seguridad en materia de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas. El acuerdo restante no se cumplió en la anterior legislatura y ya es hora de que se cumpla en la actual: que se convoque de forma urgente el consejo local Puerto-Ciudad para tratar esta gravísima amenaza a la ciudad.
Para acabar, apuntar una cuestión que tiene que ver con la transición ecológica y la emergencia climática. ¿De verdad una apuesta de futuro del Puerto es convertirse en un almacén de combustibles fósiles, los principales culpables del efecto invernadero y del cambio climático? Una apuesta obsoleta a todas luces que nos sitúa fuera de las coordenadas de la sostenibilidad y de la lucha contra el cambio climático. El NO GRACIAS de la lucha contra la energía nuclear puede volver hoy en nuestra ciudad en la lucha contra esta macroplanta. Espero que el Ayuntamiento y la Generalitat remen en el mismo sentido durante los próximos meses y años junto a la ciudadanía y los partidos políticos: tenemos que demostrar a nuestra conciudadanía de hace 20 años que no nos hemos vuelto locos.
