Ante la emergencia política que vivimos hoy, es más necesario que nunca un gobierno que garantice los derechos fundamentales. Se cuestionan desde determinadas formaciones políticas, minoritarias, pero que suman mayoría porque algunos -que se dicen demócratas y constitucionalistas- no tienen empacho en pactar y engrandecerlas. Es una cuestión de principios y valores democráticos hacer un muro contra la extrema derecha. Y todo partido político decente debería estar en ello. El discurso de odio que nos cuestiona y nos pone en el centro de la diana hay que combatirlo. Ahora, más que nunca, necesitamos la unión de todas las organizaciones sociales dedicadas a pelear contra el odio para poner freno a esta ola de agresiones que vivimos.La violencia necesita el discurso que la legitima. Este viernes, el diario INFORMACIÓN informaba de una brutal paliza a una mujer trans por el hecho de serlo. Pero recientemente el Observatorio Valenciano contra la LGTBIfobia ha denunciado numerosas palizas graves con resultado de importantes lesiones. Las víctimas, todavía hoy, intentan recuperarse de los enormes daños sufridos. El aumento de estas agresiones, más violentas, más graves y más duras, es una evidencia constatable, cualitativa y cuantitativamente. Existe una preocupación enorme entre entidades y activistas, mientras vemos cómo se pide nuestros nombres para hacer listas negras. Se nos criminaliza, señala y apunta, como en otros tiempos se apuntó a otras minorías como culpables de los males de la Humanidad. Su odio es la carga añadida con la que tenemos que existir. Nuestros derechos penden de un hilo. Aunque la sociedad ha ido asumiendo el discurso de la diversidad no todo está conseguido y la prueba es la facilidad con la que se quieren derogar nuestros derechos. Por eso es necesario que tendamos puentes con otras luchas, con el feminismo, sí, con los derechos de las personas migrantes, las minorías étnicas y culturales, con el pueblo gitano, las personas con discapacidad. Porque la diversidad no entiende de etiquetas, pero sí de discriminación. Somos mayoría de minorías y pedir respeto a nuestras identidades, orientaciones y situaciones vitales no es un exceso, es simplemente cuestión de justicia. Es imprescindible devolver a las instituciones la legitimidad. Una autonomía o gobierno que pretende sustentarse en quienes nos quieren eliminar del espacio público no es legítimo, no cumple con los estándares democráticos y es un peligro. Porque sus discursos son luego las bofetadas en las calles, o peor, los crímenes de odio que alientan. Paremos esto. Es urgente.