Entre los graves problemas demográficos que tenemos entre manos se encuentra la despoblación de las zonas rurales y de pequeños municipios, algo que afortunadamente centra, cada vez más, las preocupaciones de políticos y planificadores. Si bien cerca de la mitad de los pueblos en España están en riesgo de desaparición, muy pocas iniciativas se han puesto en marcha para evitarlo en las últimas décadas. Incluso algunas intervenciones de envergadura que se desarrollaban sobre pueblos abandonados se miraban con desconfianza, como si fueran cosas de hippies o de perroflautas, al impulsar el ecologismo, el conservacionismo o el ecodesarrollo. Ahora nos damos cuenta de que esos y otros valores son fundamentales para conservar, impulsar y mejorar la vida en los espacios rurales.

El envejecimiento, la baja natalidad, la ausencia de servicios públicos, las dificultades de acceso a los recursos sociales, la escasa rentabilidad de las explotaciones agropecuarias, la falta de relevo generacional, el éxodo juvenil, la ausencia de infraestructuras y la imposibilidad de acceso a telecomunicaciones, la inexistencia de oportunidades laborales o un transporte inadecuado son elementos que colocan a los habitantes del mundo rural en manifiesta desventaja frente a aquellos otros que viven en las grandes ciudades, agravando así la despoblación y el abandono. Todo ello se traduce en problemas muy precisos que tienen que afrontar cada día quienes viven en los pueblos. No hay farmacias para una población envejecida y necesitada de medicamentos, los pocos niños que nacen no tienen escuelas, trámites fundamentales que hoy en día se hacen a través de Internet no se pueden realizar al no existir conexión, dificultades para desplazarse a otros lugares al no disponer de transporte público, inexistencia de ofertas de ocio que no sea el bar, la televisión o el paseo, incluso la dificultad, o a veces imposibilidad, para acceder a médicos o especialistas, son algunos de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar quienes viven en los pueblos, por el solo hecho de vivir allí.

Por ello, que una de las prioridades identificadas por el nuevo gobierno de Ximo Puig para esta legislatura sea impulsar una estrategia contra la despoblación, es un acierto. Sin duda, muchas de sus actuaciones necesitarán tiempo para madurar y dar sus frutos, pero resultaba inaplazable abordar un desafío al que se enfrentan numerosos pueblos en Alicante, Valencia y Castellón.

Junto a la creación de una Agencia Valenciana contra la despoblación, con sede en Castellón, se han anunciado medidas inmediatas, como la instalación de cajeros automáticos en pueblos que lo hubieran demandado, la realización de programas de igualdad e inserción sociolaboral para mujeres, las ayudas a emprendedores, incentivos para la apertura de establecimientos multiservicio en municipios rurales, así como una mejora en la conectividad de todos los pueblos a través de nuevas rutas en los transportes públicos y mayores frecuencias.

Es un buen inicio, sin duda, pero se echan en falta actuaciones en materia de política social, que también tienen su importancia en los pequeños municipios y para su población. Y en mayor medida, cuando se ha impulsado recientemente un importante trabajo de diagnóstico y propuestas sobre las políticas sociales valencianas, donde se incluyen de manera muy precisa medidas inmediatas para pequeños municipios, que fue trasladado en persona a la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Efectivamente, en el marco de una investigación realizada por el Síndic de Greuges de la Generalitat Valenciana, y que tuve el honor de dirigir como investigador desde la Universidad de Alicante, en el año 2017 se publicó un estudio sobre El papel de los servicios generales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en los municipios valencianos durante la crisis. El informe fue entregado personalmente por el Síndic adjunto, Ángel Luna, a la vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, al tiempo que también se trasladó al conjunto de las Cortes Valencianas y a sus diferentes grupos parlamentarios, estando disponible en la página web de la Sindicatura. En diferentes páginas de este estudio se analiza la problemática social en los pequeños municipios y se hace un diagnóstico sobre algunas de las dificultades más relevantes a las que se han venido enfrentando los pequeños pueblos valencianos. El informe se cierra con 55 conclusiones junto a 31 propuestas y recomendaciones inmediatas, todas ellas con un anclaje real sobre la población de la Comunidad y sus necesidades sociales.

La consellera y su equipo tienen en este informe, que analizaba y esbozaba propuestas para los pequeños pueblos valencianos, también olvidados en el campo de las políticas sociales y en sus necesidades especificas, aportando una lluvia de ideas e iniciativas para llevar a cabo de manera inmediata. Como se destacaba en este estudio, la existencia de una población envejecida que presenta una problemática específica derivada de su elevada edad, con fuertes redes sociales de apoyo familiar y la presencia de economías de subsistencia, escasez de población infantil, junto a la ausencia o dificultad de acceso a dispositivos sociales básicos, plantean exigencias inmediatas que desde la Generalitat Valenciana deben atenderse con urgencia e incorporar a esta nueva agenda valenciana para combatir la despoblación.