19 de julio de 2019
19.07.2019

La violencia contra el personal sanitario y docente

19.07.2019 | 00:25
La violencia contra el personal sanitario y docente

El ejercicio de la violencia que se ha apoderado del devenir de algunos ciudadanos en sus conductas habituales, tanto en sus manifestaciones verbales como físicas, no tiene miramientos en los sujetos pasivos sobre los que la misma se ejerce. Y así, recientemente, se está destacando el incremento de las agresiones al personal sanitario que atiende a las personas que acuden a ser atendidas médicamente, lo que conlleva un delito de atentado. Y ello, desde que en la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 se consideró atentado los ataques a «funcionarios docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de sus funciones propias de su cargo, o con ocasión de ellas».

La finalidad de incluir esta agravación del ejercicio de conductas violentas contra estos profesionales se incluyó en el Código Penal, y ya se aplica desde julio de 2015, como consta en la Exposición de Motivos, por cuanto «se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que, por otra parte, ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria».

Sin embargo, en aquel momento no se observó que también existe personal sanitario y docente que no ejerce en calidad de funcionario, sino que lo hace desde el ámbito privado en clínicas privadas, despachos privados, o en centros docentes privados, lo cual es un grave error, porque la idea es sancionar más las conductas violentas dirigidas a estas personas por ejercer funciones en la sanidad o en la docencia, y con ocasión de ellas, pero no con la idea de proteger más a los funcionarios que a los que ejercen en el ámbito privado, sino con la de sancionar a quien ataque a uno de estos profesionales por la razón de hacerlo en la sanidad o la docencia, y con ocasión del ejercicio de esa función. Un error imperdonable este olvido de la medicina y docencia privada, y que debería rectificarse en una próxima reforma del texto para dotar de idéntica protección a los sanitarios y docentes que ejercen en la actividad privada.

Pero, por otro lado, lo cierto y verdad es que este incremento de las manifestaciones violentas que están teniendo lugar en centros sanitarios o docentes agrediendo, o insultando y menospreciando a estos colectivos, es una prueba más de la pérdida del respeto y de la educación. Porque nunca se había visto que los ciudadanos atacaran o menospreciaran a quien les va a atender para curarles a ellos, o a algún familiar, o a profesores que enseñan a sus hijos. Siempre se ha respetado a estos colectivos por la importancia de su rol en la sociedad, y por ser piezas esenciales en la misma. La educación y la sanidad debían ser respetados. Sin embargo, parece que en la actualidad todo vale cuando se discrepa de la forma de atenderle en centros sanitarios o docentes a los hijos de los agresores. Y que la violencia está justificada para estas personas cuando disienten o tienen un parecer diferente acerca de la forma en la que se les atiende. Y conste que esto no es una cuestión de si existe buena o mala praxis profesional, porque si ello fuera así existen conductos para hacer llegar una queja por una alegada defectuosa prestación de un servicio. No obstante, el ejercicio de la violencia se ha convertido en «la primera línea argumental» de muchos ciudadanos. Y esta forma de actuación debe ser rechazada y alertada, como se está haciendo, además de exigir que se incrementen los mecanismos de control y evitación de estos hechos. Para empezar, no estableciendo dos líneas divisorias de a quién se protege más y a quién menos.

En cualquier caso, todas estas conductas violentas no son más que manifestaciones de una parte de la sociedad que ejerce esta manera de resolver sus conflictos y sus diferencias. Y ello debe llevar un rechazo social y una respuesta punible. Pero rechazo social, sobre todo, porque no podemos dejar indefensos a personas que dedican su actividad profesional a cuidarnos y curarnos, así como a enseñar a nuestros hijos/as. Porque en muchas ocasiones hace más daño el sentimiento de falta de ayuda social que el daño físico, o el miedo que se puede llegar a pasar, o que cuando ha ocurrido un hecho de estas características no se tomen medidas. No olvidemos que estas personas son esenciales en la sociedad. Y no olvidemos que el maltrato también existe para con sanitarios y docentes. Y esto es también rechazable

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