El fin de todas las citas electorales y el proceso de negociación en busca de alianzas es un buen momento para poner en valor dos hechos importantes, desde el punto de vista socioeconómico que han sucedido en el presente año. El primero viene de la mano de la AEAT, con la publicación de los datos de recaudación del ejercicio 2018. En dicha información se comprueba que, con una recaudación total de 208.685 millones de euros el año pasado, prácticamente se han superado los niveles de 2007 cuya cifra fue de 200.676 millones.

Esta es una muy buena noticia si, además, después de la travesía por el desierto que ha supuesto la crisis económica más profunda de la última centuria, somos capaces de enmendar los errores cometidos en el pasado, para no volver a caer en una situación tan complicada como la que sufrimos hace una década.

El segundo hito a destacar es el nuevo escenario político de España con cinco partidos de implantación nacional, que tiende a consolidarse, a los que se suman los siempre determinantes, aunque minoritarios, partidos nacionalistas, que en las últimas cuatro décadas han jugado el papel de árbitros en cualquier combinación de gobierno en la que no se dé una mayoría absoluta.

¿Cómo se relacionan estos dos hechos que consideraba relevantes al principio del artículo?

Nos enfrentamos a una situación nueva desde el punto de vista político, con una economía que avanza con parámetros similares a los de hace algo más de diez años, con índices de crecimiento del PIB por encima de la media de la mayor parte de los países de nuestro entorno, según los organismos internacionales más prestigiosos.

Esta nueva oportunidad con actores distintos debe hacer reflexionar a nuestros políticos con responsabilidad en las distintas instituciones sobre la necesidad de flexibilizar sus muchas veces rígidas e inmovilistas posiciones sobre los pactos y alianzas. Solo de esta manera podrán llegar a acuerdos de calado que permitan marcar un rumbo estable y duradero para la economía y generar un marco en el que sea más sencillo avanzar en la «justicia social» para todos los ciudadanos de los diferentes territorios del Estado. Además, si conseguimos una fiscalidad equitativa, mejorar la calidad del empleo y en la retribución, un concepto más solidario del reparto de la riqueza, estaremos en el camino para impulsar el Estado del bienestar (reforzando pilares básicos como la salud, la educación, la igualdad y la sostenibilidad), pero también reduciremos las diferencias entre las comunidades autónomas y sus habitantes, que cada vez son mayores.

La campaña de la declaración de la renta que acaba de terminar permite analizar algunos datos que nos dan luz al respecto. Según la Agencia Tributaria de los casi 20 millones de declaraciones que se han presentado, una tercera parte de las cuotas a ingresar se ha conseguido con el 2,8% de las autoliquidaciones correspondientes a personas que declaran bases superiores a 66.000 euros, lo que objetivamente contribuye a la redistribución social de la renta, fundamentalmente para dar soporte a las clases sociales menos favorecidas.

Hay que tener en cuenta además que el 50% de la recaudación de dicho impuesto sobre la renta se obtiene de menos del 30% de las declaraciones con bases entre 22.500 y 57.000 euros, y que casi el 35% de las declaraciones con bases hasta los 9.000 euros no aportan prácticamente ninguna recaudación.

Estos datos rebaten las argumentaciones populistas que proponen realizar nuevas e intensas acciones para que quienes más ganan, paguen más. A la vista de estas estadísticas, es algo que se viene haciendo desde hace muchos años en España.

Otro dato que revela la buena marcha de la economía es el incremento de la recaudación del pasado ejercicio con respecto a 2017, que fue del 7,60%, porcentaje que supera el 17% si tomamos como ejercicio de referencia 2014. Aumento que, en mi opinión, debería aplicarse a reducir el déficit presupuestario y la deuda pública, siguiendo las recomendaciones de las autoridades competentes en materia económica, en lugar de incrementar estas partidas significativamente, año tras año y gobierno tras gobierno. Solo por poner un ejemplo, el gasto público en España superó los 500.000 millones en 2018 (dato más alto de la presente centuria), con un crecimiento anual de más de 20.000 millones, equiparable a los años previos a 2007.

Es cierto que la Comisión Europea ha pedido formalmente cerrar el procedimiento por déficit excesivo abierto a España en 2009, ya que se cerró 2018 con déficit público del 2,5% del PIB, tres décimas por encima del objetivo marcado por Bruselas, pero medio punto porcentual por debajo del techo marcado por las autoridades de la UE. Pero al mismo tiempo las autoridades comunitarias alertaron sobre el riesgo de que incumplamos los requisitos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en materia de deuda el presente ejercicio y en 2020 y han pedido medidas de control intenso del gasto.

Este sencillo análisis evidencia que España progresa adecuadamente en la consecución del objetivo de recaudar de forma justa en función de los ingresos, pero también deja al descubierto un suspenso estrepitoso en la forma de aprovechar los incrementos de recaudación logrados, con un gasto al que se aplica escaso control y en continuo crecimiento, superior al de los ingresos.

Si queremos convertirnos en un Estado moderno tenemos que conseguir la convergencia de la justicia recaudatoria con la igualdad de derechos y deberes para todos sus ciudadanos, con independencia de su condición social o del territorio en el que vivan.

Los actuales líderes políticos son personas jóvenes que, ya que han nacido y vivido en una democracia plena toda su vida, por ello deberían quitarse los complejos de épocas pasadas y abandonar posturas maximalistas para fraguar acuerdos que permitan desbloquear la formación de Gobierno, con el objetivo de impulsar el progreso económico y social dentro del marco constitucional. Debemos tener amplitud de miras para buscar como país metas a largo plazo que nos aporten un mayor peso específico dentro de la UE, desactivando los nacionalismos extremos; también es preciso que dejemos atrás los populismos, tratando de conseguir un Estado mejor, en todos los ámbitos de la gestión pública, que el que se encontraron cuando llegaron al poder.

Creo que una frase de nuestro gran economista, Germán Bernácer, resume este planteamiento: «Un progreso que no nos sirve para alcanzar la dicha en esta vida, ni la gloria en la otra, no es fácil saber qué sentido tiene».