La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, se fue ayer a reunirse con la Acadèmia de la Llengua con un objetivo claro: convertir la entidad normativa del valenciano en un salvoconducto que avale sus malabarismos con el asunto del requisito lingüístico en la administración autonómica y esquivar así las críticas de Compromís, que intenta acelerar la tramitación. De los doce miembros del actual gobierno, con mucha diferencia, Bravo es una de las que tiene una posición más tibia con la normalización del valenciano. Y este nuevo movimiento supone, de facto, retrasar aún más la igualdad lingüística. Está a años luz de la postura de otros consellers del PSPV como Vicent Soler y también muy lejos de la del propio presidente Ximo Puig. Mal asunto para el valenciano que los socialistas metan a la Acadèmia en un conflicto político como, en su momento, hizo el PP durante la etapa de Alejandro Font de Mora como conseller de Educación. Y mal asunto también -es un gran error para la salud del valenciano- haber convertido la normalización de una de las dos lenguas oficiales, como ha hecho Compromís, en una cuestión de corte puramente ideológico, lo que facilita que pueda servir de arma arrojadiza política y social. El valenciano debe estar por encima. Está protegido por la Constitución y el Estatuto. Y es cooficial en la Comunidad junto al castellano. Es de todos, por tanto. De los que piensan de una manera o de otra. Así que tiene que estar al margen de ideologías. Primero: es necesario sacar este asunto del debate político y partidista para garantizar que se pueda llegar a un gran acuerdo. Impedir que sea caldo de cultivo de campañas electorales. Segundo: hay que ordenar una solución para facilitar que todos los ciudadanos puedan usar la lengua que consideren en la administración. Con total libertad. Hoy en día, el uso del castellano sí está garantizado; el del valenciano no. Eso es una evidencia. Ojo: a los funcionarios les pagan el sueldo los ciudadanos, los que hablan una lengua u otra. Todos tienen los mismos derechos. Y no se están cumpliendo. Y tercero: garantizando siempre la atención a los ciudadanos, es posible que esa salida pactada pase por dos cosas. La peculiaridad de cada zona de la Comunidad Valenciana, mapa que ya viene marcado por la Llei d'Ús i Ensenyament; y el nivel lingüístico real de cada puesto de la administración. Es decir que, los que atiendan al público deban tener una capacitación diferente a la de los que están en otros servicios. Y eso, ya les adelanto, lo firman hasta alcaldes del PP.
