Durante los últimos días, estamos volviendo a una discusión que, no por vieja (ancestral se podría decir), deja de tener aspectos novedosos. La falta de agua en Alicante, por mucho que parezca que se está agudizando durante estos últimos tiempos, siempre ha formado parte de nuestra vida cotidiana. Si hemos de ser justos y reconocer la realidad, disponemos en estos momentos de más agua que nunca en nuestra historia.
No obstante, estos problemas en la actualidad tienen su forma peculiar de presentarse. A los tradicionales debates acerca de los trasvases y el agotamiento de los acuíferos por las extracciones no sostenibles, se ha incorporado la cuestión del cambio climático, la desalación y, cómo no, la financiación de la nueva situación.
Algunos piensan que la solución es fácil: que se subvencione el consumo de agua, desalada o no desalada.
Con independencia de lo acertado o no de esta respuesta, conviene no perder de vista que, si bien los consumidores pueden adquirir un agua subvencionada, alguien tiene que pagar la diferencia entre los costes de producirla y su precio de venta. Y ahí entramos en otra cuestión: ¿Quién debe pagarlo? Para el usuario del agua esto puede ser indiferente, pero no es lo mismo para las instituciones del Estado y para el resto de los ciudadanos que deben de soportar la carga.
Y es aquí donde entra como invitado pagano Acuamed. Esta sociedad ha heredado diversas iniciativas en la costa mediterránea sobre el agua (el conocido Programa AGUA) entre las que destacan las referidas a la construcción del trasvase Júcar-Vinalopó y de las plantas desaladoras.
Durante los últimos años se han construido una gran cantidad de plantas desaladoras con el fin de garantizar el suministro ante los problemas de las sequías (tarea esta que ya había emprendido la Mancomunidad de Canales del Taibilla hace años). Por su parte, el Trasvase Júcar-Vinalopó ha supuesto unas inversiones superiores a los 400 millones de ? y sigue sin tener un esquema claro de funcionamiento.
Y es que el periodo relativamente «sencillo» (no podemos olvidarnos de las complicaciones de los procesos judiciales por las contrataciones de las obras de Acuamed) de realización de las inversiones en infraestructuras ha acabado en su mayor parte, y ahora viene lo más complicado: cómo gestionar esas inversiones.
La Memoria de Acuamed de 2017 (aún no está disponible la de 2018), daba cuenta de la nueva situación:
«Acuamed se está convirtiendo en un importante productor de «agua en alta», para su integración en los sistemas de suministro. La empresa está dejando de ser una sociedad claramente inversora, una vez concluyan los procesos en curso, pasando a explotar sus actuaciones sobre la base del marco establecido y sobre el que ha iniciado el análisis de alternativas.
Es en este punto en el que el Ministerio de tutela (léase el Ministerio para la Transición Ecológica), el accionista único (el Ministerio de Hacienda) y los propios órganos de gestión y dirección de la Sociedad, harán un esfuerzo de análisis y estudio de soluciones para poder optimizar la cuenta de resultados de la empresa y equilibrarla patrimonialmente, teniendo en cuenta todos los factores que intervienen en dichos resultados. Deberán analizarse aquellos mecanismos que permitan la adecuada recuperación de los costes de amortización y explotación de las instalaciones que seguirán estando al servicio de las necesidades de las poblaciones y entornos en los que opera».
El panorama no es sencillo y pone en evidencia la complejidad de la gestión del agua en nuestras zonas. Acuamed es una sociedad que actúa en diversos territorios (comunidades autónomas) que tradicionalmente están regulados por distintas confederaciones hidrográficas (Ebro, Júcar, Segura, Guadalquivir), con distintos planes hidrológicos y distintos procedimientos de gestión y, mientras la empresa se plantea el objetivo de equilibrar sus cuentas para no caer en déficits incontrolables, los potenciales usuarios son muy heterogéneos, por lo que los precios de compra del agua no son los mismos.
En este panorama, la falta de acuerdo entre los usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó y el Gobierno de España está dando lugar a una paradoja incomprensible. En los momentos actuales, cuando siguen agotándose los acuíferos del Vinalopó (motivo por el que se planteó el Trasvase), no se trasvasa ni una gota de agua.
Por su parte, Acuamed sigue pagando los costes de la amortización de las obras sin que se beneficie ni el Medio Ambiente ni los potenciales usuarios y la Generalitat sigue ejecutando obras del denominado Postrasvase sin saber muy bien para qué. Y esta situación se prolonga en el tiempo sin que nadie dé una explicación a tal despropósito.
La solución no parece muy compleja: Si Acuamed opta por no trasvasar agua, tiene que soportar los costes de amortización sin que el Medio Ambiente ni los usuarios se beneficien, habrá dilapidado unas enormes inversiones y el Gobierno español deberá responder ante la UE por el fiasco.
Si opta por llegar a un acuerdo repercutiendo solamente los costes de funcionamiento, seguirá pagando los costes de amortización, pero se recuperarán los acuíferos y los usuarios podrán disponer de las aguas trasvasadas. ¿Tan difícil es de entender?
