En 1939 el régimen alemán encargó al profesor Franz Six, miembro de la Gestapo, una lista con 3.000 enemigos del nazismo: activistas, sindicalistas, políticos, intelectuales y feministas británicas. Una lista elaborada ante una eventual invasión de Gran Bretaña, la «Operación León Marino» a la que estaba dedicado Adolf Hitler. La lista, de la que se conservan dos únicas copias en el Museo de la Guerra de Londres, contenía todos los individuos que el III Reich suponían una amenaza. De haberse producido esa invasión Virginia Wolf, Bertrand Russel, HG Wells o Aldous Huxley habrían sido detenidas y, con toda seguridad, ejecutadas. Durante el régimen franquista a los homosexuales, gitanos y otras minorías se les aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes, posteriormente reformada en Ley de Peligrosidad Social. Entonces el franquismo hacía listas también, en las que se incluía a destacados dirigentes sindicales, políticos de izquierdas y homosexuales, algunos de estos últimos, dedicados al mundo de la cultura, del arte o de la literatura. La extrema derecha tiene una especial obsesión por hacer listas de personas. Vox presentó la semana pasada una solicitud en Les Corts Valencianas, rechazada por la mesa del parlamento autonómico, para que se informara a esa organización de los activistas LGTBI que imparten formación en centros educativos. Personas cuya única dedicación es enseñar a los niños y las niñas que insultar y acosar ni es justo ni es aceptable. Nadie, al no ser que sean los matones, se opondría a esta humana y cívica actividad.
El partido de Santiago Abascal, aquí en la Comunitat, vincula la homosexualidad a la pederastia. Lo hace unos días después de que la formación política tildara de pestilente el Orgullo y la gente que celebra la diversidad, criminalizara a los cientos de miles de personas que se celebran en las calles lo conquistado. Más que nunca el mensaje de odio de esta formación está muy presente. Su discurso violento, sus iniciativas discriminatorias y sobre todo su incitación al odio es más patente que nunca. No se entiende que la recién nombrada fiscal de delitos de odio de la Comunidad Valenciana no haya actuado, de oficio, contra esta formación política por atentar gravemente contra las libertades públicas y los derechos civiles y espere que seamos las entidades y sus representantes quienes le pidamos que se mueva. Si fueran otros colectivos, no tan vulnerables como el nuestro, no me cabe duda de que la fiscalía habría corrido ya a presentar demanda.
