Calor, humedad, pero ni rastro de lluvias y evaporación máxima tras el junio más seco desde 1950. Acabamos de comenzar julio y en Alicante ya hemos tenido las dos primeras olas de calor de este verano -las segunda este fin de semana- en el que, además, los expertos auguran otros episodios más con sus correspondientes noches tropicales, esas que no permiten conciliar el sueño a no ser que nos enfrentemos a una pulmonía, o a una guerra civil en casa o la oficina por aquello del control del aire acondicionado. Y encima, el campo comienza a arder. Y no, precisamente, por los incendios forestales, aunque en Elche ya se han llevado un susto cuando un fuego, supuestamente intencionado, calcinó miles de palmeras la semana pasada.
Un verano más, el Gobierno, el mismo que acaba de decretar la alerta por sequía en el sur de la provincia, sigue sin resolver sus asignaturas pendientes en la provincia y, aunque el abastecimiento urbano esté asegurado (gracias por cierto al buen hacer de las empresas distribuidoras), los agricultores vuelven a poner el grito en el cielo, y con razón, por el abandono que sufren de la Administración. Eso sí, solo como lo suelen hacer, lamentando el olvido y poniendo a la vez la otra mejilla, y eso que el jueves se dio vía a un trasvase de 20 hm3 del Tajo para julio. Lo obliga la ley, no piensen que es un regalo de Madrid.
En la Vega Baja, los regantes que dependen del río Segura ya denuncian los recortes en el suministro. Los del trasvase mantienen aún la calma, pero a sabiendas de que el agua es más cara este año al tener que comprarla desalada, algo que solo pueden soportar las grandes empresas hortofrutícolas.
Poco a poco, el Ministerio para la Transición Ecológica va cumpliendo su hoja de ruta para, amparándose en la crisis climática, acabar con los trasvases, máxime tras comprobar que el agua ya no da rédito electoral en la Comunidad Valenciana, con lo cual en Madrid, a veces, algún cargo público hasta bromea ya al comentar que los agricultores caminan hacia la extinción. Y con el agua del Tajo hoy cada vez más comprometida, en 2021 será ya casi imposible cuando se aplique la subida de los caudales ecológicos del río, la del Júcar se ha enterrado, y con ella los más de 400 millones de euros de dinero público, ese que no es de nadie y es de todos a la vez, que se gastaron en la construcción del Júcar-Vinalopó.
Acuamed sigue refugiándose en que la culpa es de Hacienda, por lo que si los regantes del Vinalopó y l´Alacantí no aceptan un pago de 70 millones de euros (¿de dónde?) no habrá trasvase, pese a que con ello este Gobierno central tan conservacionista agrave uno de los mayores problemas ambientales de la provincia, la sobreexplotación de los acuíferos.
¿Y aquí, en la Comunidad Valenciana? Tras los titubeos de la primera legislatura del Botànic, para cuyo Consell el problema del agua comenzó en un segundo plano, tuvo que ser el propio presidente, Ximo Puig, el que asumiera hacia la mitad de legislatura la responsabilidad de la defensa de la cuestión hídrica y, de paso, tratar de apagar el incendio que había en la Conselleria de Agricultura con un sector de los agricultores de la Comunidad Valenciana, los alicantinos, por supuesto, que son los que no tienen agua.
Puig ha elegido ahora como nueva consellera a una ilicitana, Mireia Mollà, que algo debe saber de la importancia del agua al haber nacido en un municipio donde algo conocen del aprovechamiento y optimización de los recurso hídricos. Sus primeras valoraciones sobre el problema en la entrevista que esta semana publicaba este periódico son esperanzadoras. Mollà dice estar convencida que la agricultura valenciana debe ser el dique de contención del avance de la desertización en el sur de la Unión Europea. ¿Quién no se apunta a esa aseveración?.
Ahora bien, del dicho al hecho hay un trecho, y seguro que la flamante nueva consellera se va a encontrar en el camino bastantes más bien rocas) que sortear, tanto en Madrid como en el «cap i casal», aunque junto a ella siga Francisco Rodríguez Mulero, un veterano en esto de la agricultura que se las sabe todas y se lleva bien con un sector muy dócil además y dispuesto siempre a poner la otra mejilla. A Mireia Mollà poco hay que enseñarle de lo que el agua significa para la agricultura de la provincia y, si no, que pregunte a su padre, Pascual, exdiputado autonómico, exconcejal y hoy en la junta de Riegos de Levante, la comunidad más grande de Europa con más de veinte mil comuneros.
El quinto año consecutivo de sequía, que tiene contra las cuerdas a un sector, el agroalimentario, del que comen cien mil familias en la cuenca del Segura, vuelve a demostrar, por lo tanto, la falta de solidaridad y la incapacidad del Gobierno central -éste, el anterior, el precedente al anterior y el que llegue en el futuro- para solucionar un problema que hasta ahora ha pasado desapercibido para los ciudadanos (mientras abra el grifo y salga agua...) pero que puede hipotecar el futuro de la provincia, porque hasta los más acérrimos defensores de las políticas de la exministra Cristina Narbona admiten que la desalación no puede ser la única solución.
El sol no se puede llevar de un lado a otro, el agua sí, y el hecho de que en la Vega Baja y el Baix Vinalopó se puedan obtener dos cosechas al año beneficia a todos. Que a estas alturas de la sequía se sigan defendiendo los argumentos de que el caudal que llega desde el Tajo es para levantar urbanizaciones y regar los campos de golf en Alicante clama a ese cielo, ese que desde hace meses no regala ni una gota de lluvia.
Resulta fácil seguir acusando a Alicante y Murcia de esquilmar los recursos de Castilla-La Mancha, mientras la vecina comunidad agota sus acuíferos sobreexplotados creando miles de hectáreas de regadío, y en la que nadie se pregunta en qué emplearon los gobiernos del PSOE y del PP, el caudal de dinero que llegaba todos los años desde la provincia de Alicante y Murcia a cambio del agua del trasvase, y que debía haberse empleado para dotar de infraestructura a los municipios del Tajo para garantizar su suministro hídrico. ¿Por qué nadie se lo pregunta?
El agua es también un problema de Estado y si en los convulsos años 30 del siglo XX se pudo llegar a acuerdos para empezar a diseñar, por ejemplo, el hoy denostado Tajo-Segura, ¿qué hace falta en la Europa de la globalización para que busquen soluciones, o volvemos a los reinos de Taifas? Urge una solución. ¿A alguien le extraña que el Gobierno garantice que todos los españoles tengan acceso a la energía eléctrica?
Pues eso.
