En los últimos meses han tenido lugar numerosos actos y foros para poner en valor la importancia del trasvase Tajo-Segura, con ocasión de sus 40 años de existencia. Se trata de un homenaje más que merecido, por cuanto que durante ese periodo la infraestructura ha traído para el área beneficiaria del trasvase empleo, cualificación laboral, riqueza exportaciones y paisaje.
Ahora bien, durante esos 40 años, el trasvase ha estado sometido a un cuestionamiento permanente y a distintos intentos para acabar con el mismo, nacidos todos ellos con el Partido Socialista en el Gobierno, ya sea de España o de Castilla La Mancha.
Sin ánimo de ser exhaustivo, ahí están la famosa «Cláusula Narbona» del Plan AGUA de Rodríguez Zapatero (felizmente derogada por el Memorándum), que establecía que a medida que se fueran produciendo caudales de agua desalinizada, se irían reduciendo los del trasvase, o el Estatuto aprobado por las Cortes de Castilla La Mancha en 2008, bajo el mandato del socialista José María Barreda, que fijaba el año 2015 como fecha de caducidad del trasvase (iniciativa rechazada con los votos del Partido Popular en el Congreso de los Diputados).
Desgraciadamente, parece que los intentos de acabar con el trasvase no van a cesar.
El pasado 3 de julio, el socialista Emiliano García-Page volvió a ser elegido presidente de Castilla La Mancha. En su discurso de investidura, aseguró que esta legislatura «es la de la desalación». Obviamente, no se estaba refiriendo a la desalación en su región, cuestión imposible porque no limita con el mar. Se refería a la desalación en el área beneficiaria del trasvase Tajo-Segura, cuyo cierre es, como ya reconoció García-Page en la anterior legislatura, un asunto que le «quita el sueño».
Por su parte, el pasado día 27 de junio, el secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán, en un medio de Castilla La Mancha dio algunas pistas de lo que viene con la nueva planificación hidrológica del Tajo: el aumento de los caudales ecológicos y revisión de las normas de funcionamiento del Memorándum que nació en 2013, fruto del acuerdo del Gobierno de España y cinco gobiernos autonómicos, para dotar de estabilidad y seguridad al trasvase.
Ambas manifestaciones, aparentemente desconectadas una de la otra, guardan una íntima conexión entre sí, formando parte de un plan del Partido Socialista, a ejecutar en los próximos años, que consiste en sustituir los caudales procedentes del trasvase por la desalación.
Ese nuevo plan, que desde el Partido Popular de Alicante hemos venido denunciando en los últimos meses, pasa por incrementar el régimen de caudales ecológicos en determinados puntos del río Tajo (Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina) y, con la excusa de que habrá menos agua para trasvasar, ampliar la desalinización. En ese sentido, hay que tener en cuenta que, efectivamente, un metro cúbico por segundo de incremento del caudal suponen 30 hectómetros cúbicos menos al año para poder trasvasar.
Y la pretendida justificación para todo ello vendrá amparándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2019 y, por supuesto, en el cambio climático, a lo que García-Page añade que el trasvase «no tiene sentido en el Estado de las Autonomías» por tratarse de una infraestructura «ideada y construida en época franquista». Pues bien, creo que es nuestra obligación empezar a desmontar algunas falacias con la que el PSOE construye su discurso anti-trasvase:
1º. No es posible un cambio de cromos. Como se ha dicho hasta la saciedad por parte de nuestros regantes, la desalación es un recurso complementario, nunca sustitutivo del trasvase. El agua desalada, por precio y calidad, debe mezclarse con aguas continentales. De hecho, nuestros regantes se ven obligados a mezclarla para su utilización con agua procedente del trasvase.
2º. Hoy por hoy, la desalación no es apta para luchar contra el cambio climático. A causa de su gran consumo energético, la desalación presenta un elevado nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera. El coste energético para enviar un metro cúbico de agua del Tajo al Segura es tres veces menor que para producir un metro cúbico de agua desalada.
3º. En contra de lo que interesadamente sostienen algunos, la sentencia del Tribunal Supremo mencionada, ni obliga a derogar el Memorándum (como pedían los recurrentes) ni obliga a incrementar los caudales ecológicos (pueden mantenerse los actuales, que ya se fijaron en su día bajo estrictos criterios científicos).
4º. En base a los razonamientos del señor García-Page, ¿hemos de eliminar todos los embalses y todas las infraestructuras de la época franquista?, ¿hemos de cerrar también los embalses de los que se suministra el trasvase, Entrepeñas y Buendía, por haber sido también ideados y construidos durante la dictadura, o solo cerramos el trasvase para que los citados embalses queden para el exclusivo uso y disfrute de Castilla La Mancha?
Dijo recientemente la nueva consellera de Agricultura del gobierno valenciano que cada vez que alguien ponga en peligro el Memorándum se pondrá del lado de los agricultores. Eso sería una novedad y un cambio positivo respecto de la actitud complaciente de Ximo Puig y su Consell en relación a todos los ataques que el trasvase ha sufrido en los últimos cuatro años por parte del presidente de Castilla La Mancha.
Si la señora Mollà cumple lo dicho, el Partido Popular estará a su lado. Si no lo hace, nos tendrá enfrente. Y da lo mismo que algunos, a falta de argumentos, nos acusen de abrir guerras del agua. Si por defender lo que nos corresponde hay que ir a la guerra (en sentido metafórico, naturalmente) iremos una y mil veces.
