Todos los datos que se vienen publicando nos confirman una realidad: la crisis económica que afectó a España, hace ya más de diez años, sigue presente y una parte importante de la población sigue padeciendo sus consecuencias. No es cierto que haya sido superada, como se dijo en más de una ocasión, y ello provoca que sea urgente el que, por parte de todos los poderes públicos, recién constituidos, se tome el compromiso de luchar contra ella como uno de sus objetivos básicos.
Por eso aún resulta más incomprensible la tardanza en iniciar el proceso para la formación de gobierno a nivel estatal. Es urgente conformar un ejecutivo de amplia base progresista y que acometa las reformas que, especialmente en el ámbito social y laboral, tiene pendiente nuestro país. Así lo han manifestado estos días los secretarios generales de CC OO y UGT tras reunirse con Podemos para debatir sobre la realidad española.
La lucha contra el paro y la precariedad laboral y por corregir las desigualdades sociales que, cada vez más, se manifiestan en nuestra sociedad, debe ser una prioridad legislativa.
Recordemos que el 26,6% de la población residente en España, o sea 12.338.187 personas, estaban en riesgo de pobreza y/o exclusión social, como se publicó en el Informe que la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) dio a conocer en el Senado español el pasado mes de octubre y con datos referentes a 2017. Y, por cierto, en el País Valenciano, ese porcentaje se elevaba al 31,3%. De ahí lo acertado de implantar medidas como la Renta Valenciana de Inclusión aunque, para que sea más útil y rápida, debería evitarse su excesiva complejidad y burocratización que hace que, en muchos casos, sea difícil acogerse a ella.
En una línea parecida se ha manifestado, esta semana, la Airef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) proponiendo una renta básica para desempleados de larga duración. Ya hace tres años que los sindicatos, a través de una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) y con el apoyo de 700.000 firmas la presentaron al Congreso, siendo aprobada su tramitación en febrero de 2017 por todos los partidos, excepto el PP y Ciudadanos que, después, se encargaron de bloquearla en la Mesa. Es curioso que muchos de los que dicen defender la Patria prioricen, en muchos casos, más la bandera de esa patria que a las personas que viven en la misma.
Tampoco en Elx nos libramos de situaciones difíciles. A pesar de que el paro registrado baja lentamente y, en muchos casos, debido a jubilaciones o contratos a tiempo parcial, el problema sigue siendo importante: A 31 de mayo de 2019, con los datos que facilita CC OO del Baix Vinalopó, procedentes del INEM, había 22.954 personas inscritas en Elx como paradas. De ellas, 11.169, el 48,66, percibían algo. Aunque solo 4.170 cobraban una prestación contributiva (con arreglo a lo cotizado) y el resto, 6.999 parados, solo cobran subsidios de 430 euros mensuales.
Pero aún lo tienen peor las otras 11.785 personas paradas inscritas. Suponen el 51,34% del paro en Elx, más de la mitad. No cobran nada y muchos son parados de larga duración. Un porcentaje mayoritario son mujeres, con hijos y en hogares con escasos ingresos. El riesgo de caer en situaciones de pobreza y/o exclusión social en estos casos es muy alto.
El estigma de la invisibilidad social que, en muchas ocasiones, conlleva padecer estas situaciones, agrava su solución. También, recientemente, fuimos noticia porque estábamos entre las ciudades con barrios con menor nivel de renta del país. Y, aunque la economía sumergida es bastante responsable de ello, no es la única causante de la situación.
La situación en Elx se agrava porque no siempre se puede disponer suficientemente del colchón o ayuda que los padres o abuelos pueden suponer. Avanza el envejecimiento de la población y no siempre las pensiones (otro tema pendiente urgente), pueden paliar situaciones familiares: Los datos sobre las cuantías que se cobran en Elx, y que publicamos aquí hace poco, son muy elocuentes: De las 39.462 pensiones que se cobran en nuestro municipio, su cuantía media está en 789 euros al mes. Y, de ellas, hay 10.884 pensiones que no llegan a 600 euros al mes. Son datos oficiales al 31-12-18.
La situación necesita soluciones urgentes, sostenibles y duraderas. Desde el Ayuntamiento todo lo que se pueda hacer, y es mucho, para ayudar en estos casos y, desde el Consell y, especialmente, el Gobierno central que se tomen como una prioridad las políticas para mejorar el bienestar y el nivel de vida de la mayoría de la población. Que se pongan a trabajar de inmediato, que falta hace.
