En la política española hay temas recurrentes con tendencia a no caducar. Algunos son de menor calado y, sin embargo, disfrutan de ese impacto mediático que despierta el interés común. Ahí tienen la que se arma cada vez que hablamos de toros o de lazos. Asuntos de interés, no lo dudo, pero sin dejar de ser cosa menor. A otras cuestiones les corresponde esa etiqueta de «problema estructural» que, siendo de importancia mayor, acaban enquistándose sin que nadie se atreva a hincarles el diente. Lo jodido es que, como en el caso de la financiación autonómica, el día a día de los mortales acaba dependiendo de su resolución. De ahí que sea de agradecer todo compromiso por deshacer la mayor injusticia que sufre este país. O todos moros o todos cristianos.
Ximo Puig ha iniciado su segundo mandato reclamando un nuevo marco de financiación autonómica. Como la reivindicación viene siendo histórica, dudosamente puede tratarse de un brindis al sol. Por el contrario, el President ya es veterano en estas batallas. En su haber constan distintos avisos, tanto a Mariano Rajoy como a Pedro Sánchez, de que el asunto ha superado el límite de lo aceptable. Y ahora se reitera en una actitud valiente porque los compromisos que se adquieren al inicio de la legislatura, acaban pesando como una losa si no se obtienen resultados. Por el momento, no merece el derecho a la duda, sino un apoyo unánime y decidido. La historia reciente demuestra que, en esto de exigir justa reparación de cuanto nos debe el Gobierno central -ojo, que no España ni los españoles-, el personaje es de fiar. Otra cosa es su jefe de filas, más decidido a pasar la pelota a los 17 gobiernos que, con toda seguridad, no alcanzarán acuerdo alguno.
Para los valencianos la situación es catastrófica, aunque ese meninfotisme tan nuestro nos lleve a comulgar con ruedas de molino. ¡Ay, si hubieran leído más a Blasco Ibáñez! Supongo que nos toman por necios porque hay que serlo -y mucho- para seguir callados mientras somos la única Comunidad pobre de España que aporta más de lo que recibe. A uno le llevan los diablos cuando oye quejarse a catalanes o madrileños. No hay duda de que, en ambos casos, la balanza fiscal es negativa. ¿Cómo podría ser de otra forma, tratándose de comunidades con un PIB per cápita muy superior a la media nacional? En eso consiste la solidaridad interterritorial que sustenta a cualquier país democrático. Ahora bien, que los valencianos apenas alcancemos el 88% de esa renta -somos la sexta comunidad con menos recursos- y, aun así, aportemos más de lo que recibimos, no es propio de solidarios, sino de memos.
Disculpen que me acalore, pero expongo la queja desde la convicción que aporta la lógica aplastante. Nos han dado la matraca con esa España olvidada que, por supuesto, existe y merece atención. Para eso aportamos todos y cada uno de los españolitos que aflojamos la mosca a Hacienda que, por cierto, ni mucho menos somos mayoría. Ahora bien, también hay otra España olvidada, esa que sigue ofrendando glorias y recibiendo leches. Esa otra España que, encabezada por los valencianos, recibe demasiadas afrentas y pocas alegrías. Y nosotros también merecemos ese trato justo que venimos reclamando hasta el hartazgo.
Para el jefe del Consell, el reparto equitativo del pastel autonómico es una reivindicación irrenunciable, inaplazable e imprescindible. Razón lleva con esa fórmula de las «tres íes». Y no vengan a contarme ahora que viviríamos mejor sin comunidades autónomas. No, queridos, no es ahí donde fallamos. Busquen el descontrol allí donde debería cuidarse el equilibrio territorial. Somos un país federal «de facto» -ni bueno, ni malo; es lo que hay-, pero sin un árbitro que asegure el cumplimiento de las normas de juego. Digo federal y no confederal, como algunos parecen pretender con su juego de ser y no ser. Pueblos que constituyen una nación y no naciones que constituyen un Estado, que hay una buena diferencia entre ambos conceptos. Aclaremos el punto de partida que se refleja en nuestra consagrada Constitución, porque esta sigue siendo la asignatura pendiente.
Que se trata de una reclamación irrenunciable se justifica en la historia y en el presente. Desconozco las razones que explican, hoy en día, la persistencia del régimen foral de vascos o navarros, más allá de constituir el precio que pagamos todos para que algunos -tanto monta, monta tanto- gobiernen en Madrid. Ya me dirán ustedes si los valencianos, andaluces o castellanos tenemos menos caché histórico. Y si al presente nos remitimos, irrenunciable es el derecho a que la riqueza se redistribuya. A buenas horas andaríamos rascando en la miseria si, durante estos cuarenta años de democracia, hubiéramos recibido el mismo trato fiscal.
La reforma del sistema de financiación autonómica es inaplazable. Pues también. La deuda se acumula y ofrece una visión bien distinta de la realidad. Aburre ya que nos sigan colgando el sambenito de derrochadores ¡porque no los somos! Casi la mitad de la astronómica deuda de la Generalitat Valenciana procede de la injusta financiación que sufrimos. Sí, esa deuda histórica de la que ya no habla nadie, por aquello de no acabar siendo catalogado de infiel separatista. Insisto en recordarles que no tributamos para pagar nuestros servicios públicos, ni tampoco para ayudar a quienes están peor que nosotros. Regalamos a los más ricos y, aun así, nos siguen reclamando 9.500 euros por cabeza. A fuerza de créditos estatales podrán callar voces, pero el problema se magnifica. Cierto es que, con la mejoría de la economía nacional de los últimos años, las necesidades parecen ser menores. Simple espejismo que, con un modelo caducado y frágil, difícilmente resistirá cualquier ralentización económica.
Para concluir, por supuesto que la solución es imprescindible. Dejemos de insistir en que somos una de las comunidades que menos presupuesto destina a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales. Sin una financiación justa será imposible mejora alguna, por más que los partidos políticos insistan en prometer quimeras imposibles. Así pues, olvídense de sueños de grandeza y de futuro. Ahora bien, soluciones hay para enmendar el daño. Después de que la Comisión de Expertos concluyera sus trabajos hace ya dos años y realizadas sus propuestas, va siendo hora de pasar a la acción. Nada puede ser más prioritario que resolver la desigualdad de un país en el que, según donde resida cada uno, acabará por ser ciudadano de primera o de segunda categoría.
Dice Ximo Puig que los españoles que vivimos en la Comunidad Valenciana no queremos privilegios, sino justicia. Así sea.
