Desde que arrancó su actividad política como partido en Cataluña, uno de los puntos fundamentales del programa de Ciudadanos apuntaba a adelgazar el volumen de la administración y, fundamentalmente, acabar con las diputaciones y con el Senado. Ayer se produjeron dos movimientos políticos que evidencian dos certezas que sin embargo, a la vez, se pueden acabar convirtiendo en un problema para el relato de Ciudadanos. Primero: los naranjas registraron ayer la candidatura de Emilio Argüeso como senador territorial elegido por las Cortes Valencianas sin cuestionar en lo más mínimo el papel de esa cámara a la que ahora envían a su hasta ahora coordinador autonómico. No tengan dudas. Argüeso no presentará ni una sola iniciativa para cumplir con el ideario de Ciudadanos y echar el cerrojo a ese hemiciclo. Va a Madrid, únicamente, para asegurarse un sueldo que le permita, a su vez, trabajar directamente con el «aparato» de Organización que está dirigido por Fran Hervías, mano derecha de Albert Rivera.
Y segundo. Al margen de la reedición del Botànic en la Generalitat y de la alianza progresista en el Ayuntamiento de València que apuntala la alcaldía para Compromís, el acuerdo de mayor calado político de todos los que se han firmado en la Comunidad Valenciana tras las elecciones municipales del pasado 26-M fue el que rubricaron ayer el PP y Ciudadanos para dirigir el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación como contrapeso a la izquierda en el Consell. Como venía apuntando este periódico, estaba hecho desde el día después de esos comicios con contactos discretos. Sólo faltaba vestir el santo en tres reuniones que tenían escrito previamente el final feliz. Nunca se ha llegado a plantear Ciudadanos seriamente un acuerdo con los socialistas. Nunca. Ahora, por tanto, los concejales de Ciudadanos tendrán competencias de gobierno en el principal municipio de la provincia y, sobre todo, en la Diputación. En plata: estarán al mando de una institución, como la corporación provincial, que en el programa de Ciudadanos aparece como un ente susceptible de eliminar o, al menos, de reducir por tratarse de «un nido de corrupción». Hasta el punto de que una de las negociadoras del pacto, Mari Carmen Sánchez, número uno de los naranjas en el Ayuntamiento de Alicante y hasta ahora síndica en las Cortes Valencianas, se muestra de acuerdo con la posibilidad de una nueva ley impulsada por el Consell del Botànic que ate en corto a la Diputación como anunció el presidente Ximo Puig durante su debate de investidura. Me temo que no apoyaran los naranjas esa ley.
En esta negociación, Ciudadanos ha obviado que la Diputación de Alicante lleva 24 años bajo presidencia del PP y que el Palacio Provincial, durante el mandato de Joaquín Ripoll con el ahora aspirante Carlos Mazón sentado también en la bancada popular del hemiciclo provincial, ha sido el escenario de alguno de los grandes casos de corrupción que salpicaron a la gestión de los populares. Atendiendo a su programa, el objetivo de Ciudadanos debería ser entrar en la Diputación para reducir al máximo su peso. No lo harán. Gestionarán, de hecho, un área clave como Infraestructuras, epicentro hasta ahora del reparto arbitrario y discrecional de los fondos públicos. Está Ciudadanos en su derecho de concertar pactos con aquellos que crea oportuno. Faltaría más. Pero estaría bien que mantuviera coherencia con su programa -cosa que estoy casi seguro que no harán- o que, al menos, fueran capaces de reconocer la verdad.
