09 de junio de 2019
09.06.2019
Sin permiso

Anorexia: cuestión de intereses

08.06.2019 | 22:33

La Unidad de Trastornos Alimentarios del Hospital Universitario de San Juan ya no cerrará sus puertas en verano. Se acabaron las altas médicas por «motivos administrativos» o, lo que viene a ser lo mismo, por vacaciones del personal. Podrá tratarse de una decisión algo tardía, pero no por ello deja de merecer un justo reconocimiento. Cuando menos hay que agradecer que la dirección del hospital haya sido fiel a su palabra, lo que ya es un mérito en los tiempos que corren. Tan bajo tenemos el listón en España, que cumplir con las obligaciones acaba siendo motivo de felicitación. ¡Qué país!

Cierto es que la novedad apenas consiste en una reubicación física de las camas ya existentes, pero menos da una piedra. Los recursos seguirán siendo los mismos y, por supuesto, alejados de los disponibles en Castellón o en Valencia. A la vista de cómo crece la demanda asistencial, parece evidente que tampoco en esas provincias van tan sobrados de medios. Los últimos datos de la Conselleria de Sanidad indican que 2.300 nuevos casos de anorexia o bulimia fueron atendidos en el último año. Mientras el problema adquiere tintes cada vez más dramáticos –no es solo cuestión de peso-, el sistema sanitario se muestra incapaz de ofrecer una respuesta adecuada. De ahí que cualquier prueba de interés sea siempre bienvenida.

La atención a la Salud Mental se mantiene inmersa en una desidia que, en gran medida, es consecuencia del consenso tácito entre políticos, gestores y, lamentablemente, algunos profesionales que obtienen buena tajada del caos. En este contexto, la situación de los trastornos de la conducta alimentaria es doblemente compleja: de una parte, sufren el abandono generalizado que caracteriza a la asistencia psiquiátrica; de otra, los tratamientos están condicionados por una singular fórmula de «colaboración público-privada» que pocos se atreven a poner en tela de juicio. Ojo, no por su idoneidad, sino por tratarse del único medio del que disponen las afectadas para obtener una asistencia mínimamente adecuada. Aquí no se privatiza nada porque, simplemente, nada hay que ofrecer. Por el contrario, se mantiene la estrategia habitual de deteriorar lo público en beneficio de lo privado. Basta con bloquear la creación de recursos para que el mercado se organice a su antojo. El problema es que, una vez más, se juega con la salud.

La anorexia y la bulimia precisan de un tratamiento intensivo y con una duración que se mide en años. De ahí que sea llamativa la ausencia de una red de hospitales de día en los que se realice la intervención terapéutica posterior. Esta es la situación concreta de Alicante donde, a diferencia de Castellón y Valencia, la Conselleria de Sanidad sigue incumpliendo sus promesas. Ojo, que ahora el problema no reside en uno u otro hospital, sino en el nivel de planificación autonómica que se echa en falta en la propia Conselleria. Ahora bien, tampoco hay jefe o jefecillo intermedio que tenga el valor de plantar sus reales donde corresponda y decir esta boca es mía. Porque dar la cara también va en el puesto.

En realidad, el problema no radica tanto en la disponibilidad de recursos asistenciales como en la manera de acceder a éstos. Con cargo al seguro escolar se sufragan la mayor parte de los tratamientos. De hecho, el 70% del gasto asistencial asumido por este seguro corresponde a los tratamientos de este tipo de enfermedades. No deja de ser una triquiñuela que tampoco se encuentra al alcance de cualquiera. Les hablaba de una peculiar colaboración público-privada que, en el caso que nos ocupa, se manifiesta en este sistema de aseguramiento, ajeno al sistema sanitario y regulado por una ley de 1953. Es evidente que esta prestación perdió su razón de ser con la creación del Sistema Nacional de Salud en 1986 y, más aún, a partir de que los gobiernos autonómicos asumieran las competencias sanitarias. Sesenta años después no es admisible que la Seguridad Social, con el creciente déficit estructural de las pensiones, siga sacando las castañas del fuego al sistema sanitario. Podrá ser impopular denunciar este abuso, pero se hace obligado. Eso sí, al tiempo que se exija que los servicios de salud asuman su obligación de ofrecer una asistencia digna y acorde a las necesidades, porque no es cuestión de cambiar para ir a peor. Hasta la fecha, solo la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha asumido una postura coherente en este sentido, aunque le valiera algún que otro rapapolvo y acabar rectificando ante el populismo imperante. Ella sí merece un aplauso, qué diablos.

Financiar los tratamientos de los trastornos de la conducta alimentaria fuera del marco sanitario puede ser una solución parcial y de urgencia, pero no exenta de efectos colaterales ciertamente negativos. El medio utilizado –la trampa, más bien- incumple todos y cada uno de los principios básicos de nuestro Sistema Nacional de Salud. De entrada, no paga quien debe (Sanidad) sino la caja de la Seguridad Social que, por otra parte, ni tan siquiera depende del mismo gobierno. Respecto a la gratuidad, es evidente su ausencia por cuanto se mantiene un copago que, por cierto, es considerable. A su vez, el acceso queda lejos de ser universal, restringiéndose solo a estudiantes que, además, deben ser menores de 28 años. Para colmo de males, la financiación se dirige directamente a la iniciativa privada -que crece como setas al amparo de tanto desconcierto-, en detrimento de los centros sanitarios públicos. El desvío de pacientes es tan habitual que en algunos hospitales ya advierten, en su protocolo terapéutico, que esa será la derivación final al concluir el ingreso. En otros términos, quien dispone de la facultad para bloquear la oferta asistencial pública es, a su vez, quien decide a qué centros privados se derivarán a las pacientes. Increíble.

A la hora de buscar soluciones y jugando con las mismas normas –Seguridad Social paga; Sanidad no asume sus competencias-, tampoco sería tan difícil cumplir con la prioridad que recoge la propia legislación: financiar primero los recursos públicos para permitir su desarrollo y, solo luego, concertar con los privados. O, mejor aún, que las administraciones autonómicas asumieran sus propias obligaciones –por cierto, al igual que realizan con cualquier otra enfermedad-, como bien apuntaba la ministra Valerio. Cualquier opción será mejor que obstruir la creación de recursos públicos, alegando la falta de medios económicos, mientras se incrementa la derivación a los privados. Poco importa quien pague la fiesta porque, al fin y al cabo, el dinero procede del mismo saco.

No solo es cuestión de medios. También de intereses. De conflicto de intereses, según parece.

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