He leído el informe elaborado por el llamado «grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias», del Comité de Derechos Humanos de la ONU que versa sobre la situación de los presos independentistas. Difícil es hallar más barbaridades jurídicas en tan corto documento, difícil encontrar más deformaciones de la realidad, que desconocen parece ser que dolosamente y, difícil no escandalizarse ante el desprecio a las instituciones españolas de esta caterva de sujetos indolentes cuyo nombramiento pone en duda el buen hacer de la institución internacional. Ni siquiera saben lo que es la división de poderes y que los gobiernos no tienen competencia sobre las decisiones judiciales.
Mal va la ONU si insiste en verse dominada por espontáneos que buscan su hueco allí, dejados de la mano de Dios y formando lobbies que mantienen sus tentáculos o los extienden sobre todos los pequeños organismos internos que dominan a la perfección. Bueno sería ver cómo se nombran y constituyen algunos de ellos, cerrados sobre sí mismos y cercanos siempre a los extremos o a la crítica a los Estados consolidados que les dan de comer y bien. Si no se toman medidas controlando a quienes constituyen las decenas de organismos dependientes de la institución, ésta perderá toda la credibilidad que pudiera tener.
La conclusión a la que llegan explica mejor que nada la carencia de escrúpulos que tienen los que, aconsejados por el instinto como mal menor, creen que el papel todo lo soporta y plasman en este sus más que evidentes insubsistencias. Porque, exigir al Gobierno español que ponga fin a una privación de libertad ordenada judicialmente, coincidiendo con los secesionistas, demuestra escaso respeto y conocimiento de la democracia. Que un gobierno ordene al Poder Judicial es cosa impensable en el mundo democrático, pero, por lo visto, conforme con los tratados internacionales que este grupo de trabajo, yo diría más de holganza intelectual, interpreta a su desleal poco saber y nada entender.
Pero, este grupo de trabajo va mucho más allá en sus conclusiones, tan confusas como carentes de base. Y así, sin encomendarse a Dios o al diablo, comienzan afirmando, porque sí y sin más precisiones que su voluntad, mermada por la ceguera de la ignorancia, que un referéndum sobre la independencia es plenamente legal en España, haciendo mangas y capirotes con nuestra Constitución. De ahí que, a partir de este momento, considere que toda actuación contra quienes lo convocaron fue contraria a la libertad de expresión. Cinco sujetos poco doctos determinan, contra nuestros tribunales superiores, que el referéndum es legal. De igual modo, afirman que el proceso del 1-0 atenta a la libertad de expresión y es una coacción contra quienes son independentistas para que abandonen su libre convicción. No se dan cuenta de que aquí se puede ser independentista y conseguir la independencia, pero siempre por las vías legales y que el reproche penal deriva de atentar contra la Constitución y la ley y declarar la independencia al margen de aquellas y contra las resoluciones judiciales. A este grupo de espontáneos que no son ONU, pero que viven de ella, no les preocupa esa distinción y agreden a nuestro país con saña.
Osan entrar a afirmar que el Tribunal Supremo no era competente, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, aplicando conceptos procesales simples, que alguna vez leyeron, pero no comprendieron, que elevan a la categoría de absolutos, de nuevo contra la ley. De igual forma pontifican sobre una presunta afectación al derecho a un proceso justo porque los acusados no han tenido tiempo para defenderse, sin decir, eso sí, qué indefensión concreta se ha producido. Más tiempo, pero aduciendo al tiempo en sí mismo considerado. Una estupidez o algo más aparentemente.
Llega a hablar de cosas que merecerían una reacción muy seria por parte del Gobierno español. No somos una república bananera, como la propia de la nacionalidad de algunos de los miembros de ese grupo y soportar que digan que la privación de libertad de Jordi Sánchez y Cuixart fue debida a una «acción concertada de los órganos de procuración (fiscalía) e impartición de Justicia» (tribunales) es tanto como acusar a la Justicia española de prevaricación. Piden en sus conclusiones, sin pudor alguno, que se abra una investigación frente a la Fiscalía, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y que se adopten las medidas necesarias frente a todos sus integrantes, causantes, dicen, de una detención arbitraria acordada ilícitamente, que atenta a los derechos humanos.
Es tal el grado de soberbia, propia de la ignorancia o de algo más, de estos señores, que España ha reaccionado pidiendo que se investigue a fondo el comportamiento de los mencionados «expertos», pues, junto al contenido absurdo, existen razones referidas a las relaciones de algunos expertos con personas próximas al independentismo, no siempre de forma no lucrativa, siendo, además, sospechoso que el informe se filtrara el mismo día en el que el TEDH ha dado su apoyo a España. Y este tribunal sí que es un tribunal serio, siendo sus decisiones vinculantes. Lo de la ONU es mero artificio de sujetos que viven su gloria redactando informes que nadie lee y que nadie se toma en serio. Salvo Torra o quienes, quién sabe, los pagan.
