Una de las materias sobre la que es preciso conseguir un verdadero pacto de realidad y ejecutividad de forma inmediata es la relativa a la discapacidad. Porque los problemas afectantes a cualquier tipo de minusvalía que sufren muchas personas en este país no pueden esperar más. Y los que las sufren, sean del tipo que sean, porque todas son graves para quien la padece, no pueden estar sujetos a más plazos, retrasos ni moratorias de ningún tipo. Y ello, en razón de que solo quien sufre un problema de estas características relativo a movilidad, o a la imposibilidad de poder llevar a cabo actividades normales de la vida diaria, saben lo que es vivir cada día con una losa que se constituye para el cuerpo como un auténtico muro que deben superar porque no les queda otra. Y saben que muchas veces ellos y ellas deben llevar a cabo una lucha contra el mundo, y con muchas ausencias de ayudas.

Se suele decir que las soluciones a los distintos tipos de discapacidad parten de la tremenda insolidaridad de los ciudadanos, y esto es una gran realidad. Por un lado, pese a que se intentan aprobar normas que resuelvan estos problemas las soluciones siempre se quedan a la mitad. Y un ejemplo claro lo vemos en materia de accesibilidad en los edificios en las comunidades de propietarios, donde la actual regulación del artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal no nos da solución a los problemas reales, ya que hace depender la obligatoriedad de las obras de accesibilidad del coste de estas mismas obras de supresión de barreras arquitectónicas, lo que lleva a muchos comuneros que no quieren pagar esas obras a alegar en las juntas que como el coste es alto no es obra obligatoria, y que debe esperar para aprobar en este momento -se suele decir- obras «más urgentes», cuando no se sabe que puede ser más urgente que retirar una losa que impida la accesibilidad en una comunidad de propietarios.

En ocasiones, muchas personas han sufrido percances, a modo de lesiones, que les hacen sentir esa discapacidad temporal y que les hace sufrir durante el tiempo en que la padecen. Notan que como es una sensación que no estaban acostumbrados a tener les pesa y les molesta enormemente, y no paran de preguntar a los sanitarios que les atienden que cuándo se podrán curar. Pues en estos casos, lo que habría que pensar es que muchas personas deben soportar esas limitaciones de discapacidad el resto de su vida; es decir, que lo que tienen no es curable y que deben vivir el resto de sus vidas con ello y con la insolidaridad del resto de ciudadanos. En esta situación, lo que deberíamos pensar para poder ponernos en la mentalidad de quien sufre una discapacidad es que lo que sufrimos temporalmente lo pudiéramos tener el resto de nuestra vida. Porque es la mejor forma de ponernos en el lugar de aquellos que lo sufren a diario, y que ese sufrimiento lo es para el resto de su vida.

En este escenario, y solo en este escenario, podríamos cambiar nuestra forma de pensar acerca de la discapacidad y de la urgencia y perentoriedad de buscar soluciones a los problemas de accesibilidad, que pasan por tener unas ciudades más ajustadas a este problema y unos edificios más acordes con estas situaciones. Pero, también, por ello, unas normas legislativas que no apuesten por el consejo de que seamos más solidarios, sino por unas normas que apuesten más por la obligatoriedad de llevar a cabo obras de accesibilidad en los edificios cuando se detecte objetivamente, o a petición de quien lo padezca, que es preciso realizar una obra de adaptación. Y ello, sin hacerlo depender del coste de la obra.

Por ello, ante el grave problema que se vive en el mundo, la Organización Mundial de la salud ha señalado que la discapacidad se considera una cuestión de derechos humanos, porque las personas están discapacitadas por la sociedad, no solo por sus cuerpos. Les ponen trabas sus propias limitaciones, pero la sociedad agrava sus problemas cuando no les da soluciones para poder luchar contra sus limitaciones. Y para darnos cuenta de la dimensión de este problema la OMS da la cifra de que más de 1.000 millones de personas sufren algún tipo de discapacidad, lo que representa alrededor del 15% de la población mundial, y que entre 110 y 190 millones de personas padecen algún problema para poder funcionar con normalidad. Y no solo eso, sino que la mitad de estas personas no pueden afrontar el gasto que les supone la discapacidad.

En definitiva, que hagamos buenas leyes para actuar ante ello, y cambiemos nuestra mentalidad pensando que la discapacidad la podríamos tener nosotros, o para cuando la podamos tener, que es la mejor solución.