La provincia se la juega con el cambio climático y no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también por el futuro del turismo y, por ende, de la economía. Cualquier cargo público nacional, autonómico o provincial de los que toman las decisiones que afectan a la provincia de Alicante nunca ha perdido la oportunidad de darse una vuelta por la playa del Postiguet para marcarse unas carreritas, dejarse ver en una foto que diera la vuelta a España o, simplemente, relajar la vista con la panorámica que se puede observar subiendo por la Cantera hacia la Albufereta. Los asiduos del Paseo de Gómiz, recordarán, seguro, el trote de José María Aznar, de Mariano Rajoy, de José Luis Rodríguez-Zapatero, y, fijo, que, más pronto que tarde, llegará la instantánea de Pedro Sánchez. Nadie se pierde el paseo por la playa del Postiguet. Eso sí, todos posan con el Mediterráneo o el Raval Roig al fondo sin que la estructura de los dos hoteles que parten la bahía de Alicante pueda recordar el maltrato histórico que ha sufrido la fachada marítima no solo en Alicante, sino en Elche, Dénia, Benidorm, Santa Pola? cuya protección es la gran asignatura pendiente en la provincia. ¿Tras la foto y la loa de turno, qué?
La hemeroteca es implacable. El litoral de la provincia ha sufrido continuas alteraciones en los últimos 60 años, desde que los promotores inmobiliarios vieron el filón turístico. La Ley de Costas de 1988 supuso el principio del final de la ocupación de la primera línea del mar, pero en 2013 llegó una modificación de la legislación, que lejos de mejorar la situación la ha empeorado al ampliar el periodo de concesiones hasta 70 años. Decisión polémica porque no tuvo en cuenta los efectos del cambio climático, y aumenta del riesgo en los espacios ubicados en la primera línea de costa ocupados por viviendas y negocios. Que se lo digan, por ejemplo, a los propietarios de las viviendas en primera línea del mar en Dénia, Elche y Guardamar del Segura, aún recuperándose del temporal de enero de 2017.
El último dirigente en toparse con la realidad de la situación en la primera línea el mar fue hace unos días el propio jefe del Consell, Ximo Puig, que, tras dejar el Cocó y enfilar rumbo hacia la Albufereta, tuvo tiempo para reflexionar sobre las posibilidades que presenta la zona si se ordena bien y se libera de inoportunos muros para formar parte, por ejemplo, de ese gran paseo litoral que arrancaría en Vinaroz y acabaría en Pilar de la Horadada para convertir la Comunidad Valenciana en una región líder en turismo y sostenibilidad. La gran promesa de todos los dirigentes políticos pero que nunca termina de ver la luz. El último ejemplo fue el anuncio del que fuera primer alcalde de Alicante la pasada legislatura, Gabriel Echávarri. «Alicante tendrá el paseo litoral más largo de Europa». Cuatro años después no se ha construido ni un metro tras la descomposición que sufrió el tripartito y la interinidad popular del último año.
Van pasando los mandatos, los programas electorales incumplidos, y ninguno de los dirigentes que ha gestionado la Generalitat ha sido capaz de dar con la tecla para preservar la franja litoral de los desaguisados urbanísticos por indolencia y, quizá, entre otras razones, por aquello de que la costa es competencia de varias administraciones, con lo cual plantear cualquier actuación es una odisea. Hoy, prácticamente, no queda un metro cuadrado de suelo libre y, además, ha surgido un enemigo silencioso que, poco a poco, toma posiciones en el tablero sin que seamos conscientes del peligro de su aguijón: el cambio climático y su impacto en el aumento del nivel del mar.
El catedrático Jorge Olcina, referente nacional en el estudio del clima, lleva años alertando de lo que se nos viene encima. Por supuesto que el aumento del nivel del Mediterráneo no acabará con Tabarca ni con la playa de Levante de Benidorm, pero si no se toman medidas de autodefensa, el futuro de la costa provincial se presenta negro, y con su deterioro se acabará una de las gallinas de oro de nuestra economía: el turismo.
No hay que irse muy lejos en el tiempo para ver cómo la naturaleza siempre acaba poniendo al hombre en su sitio, y en la provincia hay ejemplos. A principios de los 90 hubo que verter en la Playa de San Juan más de dos millones de metros cúbicos de arena porque los edificios construidos en primera línea del mar, veinte años atrás, habían terminado por cambiar la dirección de los vientos, acelerado el carácter regresivo de la playa, y el agua chocaba contra el murete del paseo marítimo, no quedando ni un metro de arena en muchas zonas.
En Guardamar y El Pinet (Elche) cada temporal destroza un poco más los chalés levantados en primera línea. Dos ejemplos claros de lo que hicimos en la costa, nuestro principal patrimonio turístico.
El Gobierno debe resolver con urgencia dos aspectos de la Ley de Costas, tanto la de 1988 como la reformulada en 2013, porque no contemplaron acciones para favorecer la estrategia que debe seguir España para contrarrestar el cambio climático. En concreto, la renovación por 75 años de las concesiones en la primera línea del mar. La ampliación de las concesiones a las ocupaciones de primera línea durante 75 años es una medida poco acorde con los cambios previstos en un contexto marcado por el cambio climático y sus efectos, básicamente la subida de nivel del mar, y el aumento de la virulencia de los temporales.
Las marejadas de enero de 2017 y del invierno de 2018 dejaron claro el peligro, afectando a viviendas y chiringuitos instalados en la primera línea de costa, con lo que supone de gasto de dinero público para la reparación de los daños en ocupaciones, cuestionables y totalmente irracionales del espacio costero. La Ley de Costas de 2013 permitió la legalización de mil viviendas pendientes de deslinde en la Albufereta (Alicante) y Santa Pola pero no contempló medidas para su protección. Propiedades construidas en los años sesenta y setenta del siglo XIX sobre terrenos ganados al mar o en primera línea, que habían quedado fuera de ordenación con la ley de 1988.
En el caso del resto de las casas afectadas por deslindes en Arenales del Sol y Pinet; Guardamar, Dénia y Xàbia, la ley permitió la ampliación de las concesiones hasta un máximo de 75 años. Las 800 viviendas que estaban afectadas en la Albufereta (edificios Helios, Rocafel y Torre Alacant) se construyeron según la legislación de 1969. Sufrieron dos deslindes -1994 y 2004- que fueron recurridos y tumbados por la Audiencia Nacional.
Más de 3.600 hectáreas inundadas de las que 1.290 son de uso residencial, 191 de terciario y 78 de suelo industrial. Este es el escenario que maneja la Generalitat Valenciana si se cumplen las previsiones del Panel de Expertos sobre el Cambio Climático y el nivel del Mediterráneo acaba subiendo un metro en el próximo siglo. El problema, obviamente, es mayor para las superficies urbanizadas situadas por debajo de la cota de 50 centímetros, donde se construyeron viviendas, edificios de servicios e industrias. El nivel del Mediterráneo podría aumentar hasta medio metro en los próximos 30 años.
La agencia espacial estadounidense publicó en agosto de 2018 un estudio que pone de manifiesto el alarmante proceso de aumento del nivel del mar. Nada menos que ocho centímetros en los últimos 23 años. Lo más preocupante de este informe, sin embargo, no es esta cifra de aumento, sino la previsión de futuro que arroja. El nivel del mar está aumentando más rápido que hace 50 años y es muy posible que empeore en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que a finales de este siglo el agua podría haber ganado casi un metro sobre la tierra firme. Los datos y los avisos están ahí, en la provincia tenemos ejemplos de nuestra capacidad para autodestruirnos. En la última legislatura se aprobó, no con polémica, el Plan de Protección del Litoral (Pativel). Aplíquese pero, ojo, sin pasarse, que Alicante se juega también gran parte de su economía en la costa.
