Todos los países, sus gobiernos y sociedades, hemos asumido compromisos muy importantes sobre buena parte de los desafíos globales que tiene la humanidad en estos momentos. La erradicación del hambre, la lucha contra la pobreza extrema, el cambio climático, la desigualdad profunda o la crisis mundial de desplazamientos son algunos de esos problemas sobre los que solo se podrá avanzar en su solución desde respuestas internacionales coordinadas.

Por si fuera poco, la extensión de políticas económicas regresivas, junto al auge de fuerzas autoritarias de extrema derecha han llevado a un tratamiento brutal hacia quienes viven en la privación y sobre aquellos otros que escapan de guerras o sufren persecuciones. Es por ello que no hay dudas de que, solo y únicamente mediante el acuerdo y la implicación de toda la comunidad internacional, podrán abordarse desafíos que son de carácter global, algo que habitualmente se olvida cuando se formulan muchas de las respuestas políticas de corto alcance con frecuencia se escuchan.

Recientemente se han conocido los datos globales del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sobre la ayuda a los países pobres ofrecida por los treinta países más ricos del planeta y su grado de cumplimiento de la resolución 2626 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1970 para dar el 0,7% del Producto Interior Bruto (PIB) a los países en desarrollo para luchar, reducir y eliminar la pobreza en el mundo. Las cifras conocidas son desalentadoras porque subrayan que la ayuda en el mundo hacia los países empobrecidos descendió un 2,8% respecto al año 2017, llevando el esfuerzo de todos los países donantes a un escaso 0,31%, un nivel prácticamente constante en una década y muy por debajo del compromiso del 0,7% asumido hace ya casi medio siglo. Todo ello cuando los problemas globales pendientes no paran de aumentar y cuando los países occidentales suscribieron nuevamente el compromiso de alcanzar el tan gastado objetivo del 0,7% en el año 2030 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No hace falta saber muchas matemáticas para asegurar que, una vez más, lejos de avanzarse hacia su cumplimiento, los países se alejan del mismo.

Pero, además, dentro de ese magma tan complejo al que llamamos ayuda al desarrollo, los países donantes incluyen cada vez más partidas y gastos inflados para proteger sus propios intereses: asegurar negocios para sus empresas, impulsar acuerdos comerciales, financiar sistemas de vigilancia y detención contra los inmigrantes en países del Sur e incluso para que los países ricos atiendan a los refugiados llegados en busca de protección y seguridad. Para que nos hagamos una idea, los gastos en atención a los refugiados llegados en los últimos años hasta los países europeos representan un gasto mayor de lo que se entrega en concepto de ayuda humanitaria.

Y en este retrato, España es uno de los países con un menor compromiso con la ayuda al desarrollo y la reducción de la pobreza en el mundo, encontrándonos en el pelotón de cola de los treinta países donantes de la OCDE, no llegando al 0,2% de ayuda en relación a nuestra riqueza, en términos de Renta Nacional Bruta. Pero el problema no es solo la escasa y reducida ayuda que ofrecemos, sino el profundo desmantelamiento del sistema de cooperación internacional promovido durante los gobiernos del Partido Popular, junto a una notable pérdida de calidad y eficacia en los dispositivos e intervenciones. Todo ello, además, acompañado de una política de ocultación y manipulación sistemática de datos, de espaldas a los acuerdos y compromisos firmados por España ante organismos internacionales en esta materia, muchos de los cuales no representan un mayor gasto de recursos sino una mejor orientación de las intervenciones llevadas a cabo.

Pero no es solo en las cifras y gastos donde España sale mal parada, sino que en otros muchos índices que miden variables combinadas mucho más cualitativas, España ocupa los peores puestos. Uno de los más importantes, promovido por un prestigioso centro de investigación británico, analiza indicadores como el esfuerzo hacia los países y poblaciones más pobres, el apoyo a mecanismos de financiación contra el cambio climático o el esfuerzo en eliminar intereses egoístas del propio país donante, a través del llamado índice de Ayuda con Principios (PA). Pues bien, también aquí estamos entre los países con peores resultados analizados, observándose cómo la ayuda de España se ha deteriorado notablemente en los últimos cinco años, desde que comenzó a elaborarse este sistema de evaluación internacional.

A pesar de que los partidos políticos han firmado declaraciones institucionales sobre el cumplimiento del 0,7% y afirman apoyar la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados por las Naciones Unidas en septiembre de 2015, el sistema español de cooperación y ayuda necesita mucho más que un aumento de los recursos económicos, si de verdad quiere dar respuesta a buena parte de los problemas a los que se enfrenta la humanidad y que influyen sobre todos nosotros, entre los que destacan reducir la pobreza extrema, afrontar las alteraciones generadas por el cambio climático, acortar la desigualdad, junto a las migraciones forzadas. Pero nuestra contribución también es importante para mostrar el lugar que ocupa España en el mundo.