La suspensión de los diputados encarcelados es inevitable y sólo las implicaciones políticas que de ello puedan derivarse, como el allanamiento de la investidura de Pedro Sánchez con ninguneo del independentismo, provocan que Sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes del proceso secesionista intente que sea la Mesa del Congreso la que adopte la decisión final. Podría verse como un retorno simbólico a la política de lo que nunca debió salir de ella, pero, con la devolución del asunto a la instancia judicial, la recién estrenada presidenta del Congreso intenta que ahora sean los secesionistas quienes, como antes hizo el PP en la moción de censura, los que introduzcan sombras deslegitimadoras en la elección del nuevo presidente. Hay otro precedente cercano del desvío por el Supremo a otras instancias de decisiones que afectan al soberanismo. Ocurrió con la resolución de la Junta Electoral Central que excluía a Carles Puigdemont y a dos de sus exconsejeros de las listas europeas.
La devolución, por la Sala tercera del alto tribunal, de los recursos a los juzgados ordinarios que debían resolver sobre ellos tuvo entonces mucho del prurito formal que es inherente al ejercicio del derecho. Los magistrados que rehusaron sabían bien lo que había que hacer, en ese caso permitir que el expresident y sus acólitos fueran en la candidatura, pero la solución sólo podían darla los jueces a los que llegaron los recursos. Pese a ello, la controversia jurídica de fondo, que incluso provocó la división de los miembros de la Junta Electoral Central, llevó al Supremo a indicar lo que procedía resolver. Fue la manera de evitar disonancias y cerrar la puerta a que los tres juzgados pudieran sentenciar de forma contradictoria sobre un asunto que enfrentaba la lógica aparente -los huidos no pueden figurar en el censo por estar fuera del país y, por tanto, no pueden ser elegidos- con esas entidades superiores que son los derechos constitucionales.
La suspensión de los diputados en prisión preventiva seguirá una senda similar y resulta probable que la Mesa del Congreso termine por resolver sobre asunto tan delicado, pero después de un pronunciamiento del Supremo sobre algo en lo que no caben dudas: Junqueras, Sànchez, Rull, Turull y el senador Romeva reúnen todas las condiciones para quedar fuera del juego político.
