La campaña electoral sigue rumbo a municipales y europeas mientras la derecha española asimila el resultado de la democracia ejercida libremente en nuestro Estado y Comunidad el pasado 28 de abril.

Lo cierto es que, contra pronóstico interesado e inexplicablemente militante en la radicalización de la derecha en España, en abril se votó con sentido común y coherencia en defensa de las políticas y propuestas de diálogo, igualdad, progreso, libertad, protección y derechos de las personas y de la clase trabajadora, que es la que sigue soportando el peso de la crisis y el sacrificio de la recuperación económica.

Según datos de Eurostat, que nos señala como «ejemplo» de desigualdad en la Europa de los 28, solo por delante de Rumanía y Bulgaria, esa «recuperación» en España solo llega a la élite y el beneficio empresarial y financiero mientras sigue aumentando el precariado, la pobreza laboral, la explotación y la exclusión, consecuencia directa de las políticas de recortes y la reforma laboral impuesta por el «viejo» PP, el de la corrupción, del que Pablo Casado se desvincula según sus propias declaraciones.

Si resulta incuestionable y obvio lo anterior, no lo es menos que las personas, también colectivamente, han decidido empezar a ignorar los eternos señuelos del «España nos roba» y «España se rompe». Eran «vendas» con las que ya no ciegan a nuestra juventud informada y formada (con especial mención de nuestras jóvenes, que jamás podrán ser tratadas como inferiores porque ellas lo valen y demuestran) a la que el IBEX, la OCDE, el Banco de España y la «globalización» augura un futuro de precariedad laboral y dependencia económica hasta el fin de sus días que, dicho sea de paso y por sencilla regla de tres, se los anuncia sin pensión y desahuciados.

Era lógico pensar que la juventud se alzaría contra ese negro panorama votando como lo hizo (y más que lo hará hasta tomar el control que su edad y número otorga, es «ley de vida») del mismo modo que lo hicieron sus familias conscientes de esa realidad, e igual que se han «sublevado» taxistas y pensionistas que, sabiéndose agredidos, dejaron de comulgar con ruedas de molino, y también contra pronóstico.

Por todo lo descrito, precisamente ha sido el resultado de las elecciones generales el que finalmente obliga al capital, perdón, quiero decir a la derecha que lo representa en el conjunto del Estado español, a maquillar y modificar de urgencia su discurso social, territorial y laboral. Por ejemplo, ya nadie se atreve a defender en Madrid (como se hacía hasta el mes pasado) que la subida del Salario Mínimo Interprofesional poco menos que quebraría la economía española. De hecho, ha sido el propio Banco de España el que se auto rectificó hace poco reconociendo que había fallado el «estudio» (¿propio?, ¿falso?, ¿apócrifo?, ¿dictado?, nunca lo sabremos) que anticipaba una pérdida de 125.000 puestos de trabajo por esa subida del SMI.

Un simple ejemplo puede resultar suficientemente ilustrativo: el sector hotelero-hostelero, ha aumentado un 30% su beneficio empresarial en la última década al mismo tiempo que ha empeorado las condiciones salariales en un 4% y ha llevado al límite, la externalización del trabajo, la pérdida de derechos de sus plantillas, aplicando la reforma laboral que sufren y denuncian las kellys y que quien más y quien menos conoce bien.

Sirva de refuerzo de esa idea los datos que nos ofrece Hacienda: una persona trabajadora tributa por su trabajo un 20% de media, una pequeña empresa tributa un 17% de su beneficio empresarial, una gran empresa tributa un 6% de su beneficio declarado, un banco menos del 3% sobre su beneficio, siempre especulativo. Que se suman a los que publica Europa que sitúa a España en la cola en la recaudación de impuestos.

Todo ello al margen de la economía sumergida y sin entrar a valorar lo que representa esa situación para el sostenimiento de nuestro estado de bienestar, servicios y pensiones.

Por tanto, aunque solo sea para reforzar la necesaria revisión que está haciendo la derecha española tras sus impúdicos guiños a reminiscencias fascistas franquistas que nadie sano añora en España, la ciudadanía está llamada a ratificar su voto el próximo 26 de mayo en las elecciones municipales y europeas para seguir unidas frente a quien cuestiona una Unión Europea de los pueblos y democrática, y para luchar por un futuro con expectativas de estabilidad y autonomía económica y personal para la clase trabajadora, independientemente de su edad y sexo, nativa o extranjera, que necesitamos en nuestro Estado, ciudades y pueblos para, precisamente, que éstos sean viables y con ellos nuestra sociedad.

Si creen que todo es teórico pero que a la hora de la verdad lo mismo da unos que otros en Europa y en los ayuntamientos, simplemente dense la oportunidad, nos la merecemos todas y todos y está en nuestra mano. Apostemos en esta ocasión por el entendimiento de los gobiernos estatal, autonómico y municipal. Exijamos democráticamente colaboración en lugar de boicot o derroche de las administraciones con tal de negarse entre sí o, directamente, contraprogramarse en absurda y vacua competición electoral que poco sirve a las personas.

Frente al discurso de la derecha, el IBEX y la confrontación, la clase trabajadora y la gente sensata estamos llamados a defender de nuevo la igualdad y el progreso el próximo 26 de mayo llenando las urnas de ilusión para desterrar el miedo.