¿Por qué la extrema derecha ataca a la inmigración y no a la corrupción?

(Papa Francisco)

Por ignorancia, por conveniencia o por ambas, todo indica que la ultraderecha busca causar miedo entre los incautos o ignorantes y se aprovecha del tropel de noticias que ocasionan miedos con la llegada de inmigrantes considerados enemigos de la democracia europea.

Si a la ultraderecha le interesa el miedo como arma para engañar, miedo para la desconfianza hacia las instituciones, partidos y el sistema democrático liberal que crece y mejora en España y Occidente.

Sí es cierto que España en los últimos 17 años ha tenido un repunte de la inmigración extranjera que ha pasado de 41,1 millones a 46,5 millones de habitantes, este flujo desde el exterior explica el extraordinario crecimiento de la población total del país, entre los mencionados años, la baja natalidad y el decrecimiento poblacional de los nativos, explica que el peso que tiene la inmigración para el desarrollo de la sociedad española ha sido significativo. Con la crisis ha disminuido este flujo migratorio comparativamente con los primeros diez años de este siglo, así como se reduce también los españoles que se marchan.

Gracias a este aumento poblacional España está en el puesto 29 del ranking de los 192 países de NU.

El aporte de un 10 por ciento al PIB de los ciudadanos inmigrados a la economía española es significativo. En la primera década de 2001-2010 fue de un 60 por ciento del crecimiento de la economía, elevaron un 32% la renta per cápita nacional, hasta los 23.000 euros en ese periodo. Sin embargo, las encuestas y los estudios revelan que, en los últimos años, ha aumentado en España el rechazo a la inmigración. El auge de la xenofobia es algo que sucede siempre en todos los países en épocas de crisis.

La extrema derecha carga su discurso en que la inmigración recibe del Estado más de lo que aportan, pero la realidad nos dice lo contrario. Emplean a la inmigración como sector que gasta, consume y no que aporta y contribuye. Realmente los inmigrantes son beneficiosos, e incluso, necesarios para las economías del primer mundo.

Su aporte del 10% de los afiliados a la Seguridad Social, gracias al trabajo de los inmigrantes, hace que el sistema de pensiones sea más sostenible.

Sí, la inmigración también tiene riesgos, la seguridad resulta imperativo el control de fronteras con el objetivo de proteger los derechos de los inmigrantes. La lucha contra las mafias, el trabajo en origen, la erradicación de prácticas corruptas en el trámite inmigratorio, el reforzamiento del estatuto de ciudadanía, el inmigrante deja de serlo inmediatamente, adquiriendo la condición de nuevo ciudadano en el país de acogida, asuma o no la nacionalidad de este, son medidas encaminadas a lograr una interactuación entre nuevos y antiguos ciudadanos que sólo lo logra un sistema democrático como el nuestro.

Aunque la corrupción nos afecta a todos por igual, no hay una repulsa contra ella entre los ultranacionalistas, por el contrario, sólo el silencio. La corrupción les cuesta a todos los españoles según cifras entre 47.000 millones a 87.000-90.000 millones de euros anuales. Cualquiera de estas cifras podrían crear centenares de miles de empleos, ampliar la seguridad sanitaria pública, educacional y efectivas políticas migratorias, pero lo peor de la corrupción es la desconfianza que deja en la ciudadanía y el ambiente de desolación política al liderazgo de los partidos políticos, instituciones públicas y privadas, así como del Gobierno.

Si hiciéramos un parangón entre inmigración y corrupción, el efecto de la corrupción es comparativamente desdeñable para el Estado del Bienestar y la ciudadanía española, mientras que la inmigración es una fortaleza. El Papa Francisco la define así: «Las formas de corrupción que se necesitan perseguir con mayor severidad son aquellas que causan graves daños sociales, sea en materia económica y social -como por ejemplo los graves fraudes contra la Administración pública o el ejercicio desleal en las administraciones- como en cualquier tipo de obstáculo que interfiere al ejercicio de la justicia con la intención de procurar la impunidad de los propios delitos o de terceros».