17 de mayo de 2019
17.05.2019

Aborto, 9 años esperando sentencia

17.05.2019 | 01:52
Aborto, 9 años esperando sentencia

La sociedad merece ya una respuesta constitucional. La pregunta subsiguiente es ¿por qué no desiste del recurso de inconstitucionalidad el partido conservador?

ue la Justicia es lenta es algo indiscutible por una multiplicidad de razones que no es del caso objetivar. Pero que lo sea la Justicia constitucional llama aún más la atención, toda vez que entre los derechos fundamentales a proteger se halla el derecho a una justicia en plazo razonable o sin dilaciones indebidas (garantía procesal constitucionalizada). Máxime cuando en el substrato del recurso de inconstitucionalidad se anida el derecho esencial y troncal ontológico. Viene a cuento del recurso de inconstitucionalidad que, contra la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010, interpuso el grupo parlamentario popular, en junio del año 2010, através del ínclito coordinador de Justicia y Libertades Públicas a la sazón, señor Trillo Figueroa.

Señalaban que la ley aprobada por el gobierno Zapatero venía en vulnerar el equilibrio entre los derechos del no nacido y los de la madre. E incluso instaba a que había que llevar la «derogación» de la norma al programa electoral del partido conservador para los inmediatos comicios generales. Dicho recurso, firmado por 50 diputados, se hallaba encabezado por el señor Rajoy y la portavoz del GP, Sáenz de Santamaría.

Es evidente que a las primeras de cambio se olvidaron de dicha derogación, porque estaba en juego más de un millón de votos. Los estrategas políticos lo aventuraban. Y la policromía mira permanentemente al tendido. Y por eso plantearon sólo el consentimiento de los padres respecto de las menores que pretendieran la interrupción del embarazo. De ahí el desencanto del ministro de Justicia Ruiz Gallardón que le llevó a dimitir, pasando a mejor historia. Pero con mayoría absoluta han podido trocarla, y no lo han hecho. La razón es muy simple: es una ley homologable en Europa, muy seria y muy estudiada. Difícilmente puede ser tumbada en lo esencial por el TC. Este ya se ha pronunciado señalando en sentencia 53/1985 que la «vida del nasciturus, como bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer». Hay unas claras garantías asentadas en la norma que contiene un híbrido o sistema mixto: de plazo (voluntario en primeras 14 semanas, con información, y transcurso de tres días desde la expresada) e indicaciones (interrupción por causas médicas).

No deja de llamar la atención que el ponente de esa sentencia, el señor Ollero, catedrático de Filosofía del Derecho, hombre de ideas conservadoras, haya sido diputado del partido conservador nada menos que 17 años. Pero la ley orgánica del TC no lo impide. Cosas del Derecho que el común de los mortales puede no entender. El texto propuesto –ya en varias ocasiones- es de cierta dureza no concitando el consenso, incluso dentro de los magistrados más conservadores.

Es cierto que este tema difícilmente podía ser conciliable entre las grandes formaciones políticas, porque hay concepciones muy diferentes. De esta forma, se traslada toda la responsabilidad, de nuevo, al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de ocho aspectos impugnados de la misma. El Tribunal se halla dividido, y de ahí que se esté dejando ad calendas graecas. Lo siento, pero no es de recibo. La sociedad merece ya una respuesta constitucional. La pregunta subsiguiente es ¿por qué no desiste del recurso de inconstitucionalidad el partido conservador? Es una opción, si el silencio político del partido conservador durante bastantes años de gobierno ha sido la tácita aceptación. La otra opción es esperar el pronunciamiento, sin que sea aceptable, constitucionalmente hablando, tamaña tardanza en la hermenéutica de contenidos de la ley orgánica.

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