10 de mayo de 2019
10.05.2019

Las unidades de igualdad en la Administración

10.05.2019 | 00:45
Las unidades de igualdad en la Administración

Estas unidades de igualdad deben ser la punta de lanza para insertar inexcusablemente el principio de igualdad de género y oportunidad en el conjunto de las políticas públicas

El pasado 13 de abril se publicaba en el BOE el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril por el que se regulan las Unidades de igualdad de la Administración General del Estado. Estas unidades responden a la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Hay preceptos constitucionales (artículo 14 y 9.2 CE, entre otros) que insuflan y son sostén de la igualdad en sus diferentes ángulos o perspectivas. Pero no puede ser obviado que el punto de partida real, con clara voluntad política de concreción y materialización, se formula a partir de la Ley Orgánica del año 2007, para la «igualdad efectiva de mujeres y hombres». Ya se establecía en la expresada norma (artículo 77) que en todos los ministerios se habría de encomendar a uno de sus órganos directivos el desarrollo de las políticas de igualdad de género dentro de su ámbito atributivo. Recordar tan solo que la Unión Europea declaró 2007 como el año de la igualdad de oportunidades para todas las personas. El objetivo era el de sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas de una sociedad «justa y cohesionada». Esa demanda está viva.

Es evidente, que a raíz de la expresada normativa estatal (Ley Orgánica 2/2007) las comunidades autónomas, dentro de sus ámbitos competenciales, se han puesto a normar en el ámbito de la igualdad. Los poderes públicos, en general, han venido en institucionalizar y promover la igualdad de género en todos los niveles y áreas de la Administración pública. Y esto es un avance tremendo gracias a la concienciación social de su necesidad. Esto no puede tener ningún ápice de regresión.

Una de las comunidades autónomas pioneras en la promoción de la igualdad de género fue Andalucía, con su Ley 12/2007, de 26 de noviembre. Y ya en desarrollo de esa normativa aprobaron un Decreto 275/2010 de regulación de las «Unidades de igualdad de género» en la Administración de la Junta de Andalucía.

Estas unidades de igualdad deben ser la punta de lanza para insertar inexcusablemente el principio de igualdad de género y oportunidad en el conjunto de las políticas públicas. Estos órganos van a tener un papel dinamizador para asesorar e impulsar la formación y sensibilización del propio personal de la Administración pública de que se trate. Van a tener un protagonismo en la elaboración de informes de impacto por razón de género, así como asistir técnicamente en la elaboración de los denominados planes de igualdad. Pero esa imaginación debe ser aún mayor para propiciar el impulso y apoyo al desarrollo de medidas para conciliar la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres en materia de función pública.

No sé si somos conscientes de que en nuestro país las mayores transformaciones han estado anudadas al desarrollo del sistema democrático que dimana de la Constitución de 1978 y que ha procurado el periodo más extenso de prosperidad y libertad de nuestra historia. En consecuencia, no se puede obviar lo que es una verdad evidente que no necesita de mucha probanza. Lo expresado son tan solo pequeños aldabonazos de progresión en la lucha contra la desigualdad y discriminación, reivindicando el leit motiv de la Ley de Igualdad efectiva del año 2007. Y se ha de tener presente las dos declaraciones que contiene esa ley orgánica en su frontispicio: a) las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana y en derechos y deberes, además, porque el objetivo de aquella ley es el b) hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres. Avancemos, por favor.

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