Se considera que, con suerte, más o menos nos pasamos un tercio de nuestra vida trabajando; como consecuencia es más que evidente que trabajo y salud son dos conceptos que están íntimamente unidos por lo que en ningún caso ir a trabajar debería suponer un riesgo para la seguridad de la persona. Pues bien, algo se debe estar haciendo muy mal cuando en los tres últimos años hemos llegado a la escandalosa cifra de 1.877 trabajadores y trabajadoras muertas en accidente laboral. Por lo visto en este país trabajar mata y mata mucho, sin ir más lejos 652 y 87 accidentes laborales mortales en España y País Valencià respectivamente.
Si otras veces estas cifras se despachaban con unas tímidas declaraciones de buenas intenciones, en esta ocasión nadie o casi nadie habla de este drama y si no se habla de las cosas es como si no hubieran sucedido.
Con cifras que bien pueden ser calificadas de emergencia nacional, es absolutamente vergonzoso que en lo que llevamos de precampaña y de campaña electoral, mientras los diferentes partidos políticos se despachan entre violentos ataques entre ellos y demostraciones patrioteras de balcón, ningún partido político, por lo menos que yo haya escuchado, ha hecho la más mínima referencia a esta sangría, por no oír no he oído ni una simple propuesta para mitigar esta tragedia. Y no creo que sea algo atribuible a la malicia, sino que se explica adecuadamente, por lo visto, por la ignorancia o quizás por el desinterés.
El conjunto de causas explicativas de este desastre está más que claro, esencialmente se basan en los cambios legislativos que han deteriorado de forma más que notable las condiciones de empleo y la bajísima cultura preventiva existente dentro de la mayoría de empresas, situaciones ambas que deberían estar en la agenda política de cualquier partido político.
En el ámbito más doméstico, la situación es perfectamente equiparable. En el País Valencià, con 87 trabajadores y trabajadoras muertas en accidente laboral, hemos batido todos los récords negativos posibles, incluso en sentido contrario, que el número de cánceres laborales reconocido sea el 0,1% es algo francamente inexplicable.
Desde CC OO reivindicamos que se promueva el incremento de la inversión en materia de prevención en las empresas, la derogación de las reformas laborales que han promovido la precariedad de las condiciones laborales, reforzar los mecanismos de lucha contra el fraude laboral y la economía sumergida, revertir la reforma del marco jurídico de las mutuas que ha supuesto un recorte de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y una privatización de la gestión de actividades que deberían ser exclusivas de la Seguridad Social, dotar de más medios, tanto económicos como humanos, a la Inspección de Trabajo y al INVASSAT evitando la desvirtualización de las funciones originarias de este organismo y la creación de planes de movilidad sostenible que permitan unos desplazamientos seguros al trabajo ya que independientemente del daño ambiental las cifras de accidentes in itinere son realmente contundentes.
También exigimos el cumplimiento de la normativa vigente porque tenemos un fondo normativo amplísimo, el problema es que no se cumple y que se garanticen los derechos constitucionales al trabajo (artículo 35) y a la salud y seguridad laboral (artículo 40.2).
En definitiva, un trabajo sin riesgos.
