Los fundamentales: libertad de creencias, de asociación, reunión, circulación, residencia La Constitución Española establece una serie de derechos que confieren a todos los españoles una acción ejercitable ante los tribunales correspondientes si se considera que se es privado de alguno de ellos. Son los llamados derechy sindicación; derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial; a la educación libre y gratuita, entre otros. Y establece también, dentro de lo que denomina "principios rectores de la política social y económica", unos derechos que considera básicos, pero que no son fundamentales, por lo que su cumplimiento queda al albur de la voluntad política de quienes en cada momento nos gobiernen al no otorgar a los ciudadanos el derecho a la acción que sí pueden ejercer en el caso de aquéllos. Pues bien, uno de esos derechos básicos, que no fundamental, es el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, un derecho que recoge el artículo 47 de nuestra Carta Magna: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Cabe hacer ya una primera distinción: la vivienda considerada desde una perspectiva económica y, por tanto, como un objeto de mercado, como un bien patrimonial, un activo; y la vivienda considerada desde una perspectiva social: como alojamiento, morada, como un bien que cumple una función social. Y es en este segundo aspecto, el de su función social, donde los poderes públicos han de intervenir y donde menos se ha intervenido y se interviene en España, país en el que se ha fomentado la consideración de la vivienda como un bien patrimonial, como un objeto de mercado. Consecuencia: somos, desde hace años, el país de la UE con menos vivienda social asequible; y todo ello a pesar de los datos que ofrece Cáritas y que constituyen una clamorosa denuncia. Según esa ONG, en España hay 40.000 personas que no tienen hogar, que viven y duermen en la calle; y eso supone, entre otras cosas, que esas personas a menudo no estén empadronadas, no tengan una dirección que aportar y que, como consecuencia, no tengan acceso a los servicios de protección social ni puedan ejercer derechos tan elementales como el derecho al voto. Pero es que además, y según Caritas, hay en nuestro país otros 3 millones de personas en una situación de vivienda insegura (sin título legal, con notificación de desahucio o bajo amenaza de violencia), y otros 5 millones viven bajo un techo inadecuado (chabolas, hacinamiento, sin acceso a suministros básicos€). Y se producen unos 100 desahucios al día por impago del alquiler. Pues bien, a pesar de estos datos, las propuestas sobre vivienda son escasas (casi marginales en algunos casos) o imposibles de realizar en los extensos programas de los cinco partidos que mayor representación van a tener en el Congreso. Así, y respecto al más importante (acceso a la vivienda como derecho fundamental en la Constitución) sólo Unidas Podemos es contundente, proponiendo "blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad", mientras que el PSOE, más ambiguo, repite literalmente su propuesta de las elecciones de 2016: "redefinición del derecho a la vivienda en la Constitución para garantizarlo de manera efectiva" y añade a esa antigua propuesta la de "dotar de contenido el derecho a la vivienda mediante la previsión de obligaciones concretas para los poderes públicos, especialmente en caso de desahucio". Ni el PP, ni Vox ni Ciudadanos hacen mención alguna en sus programas a esa reforma de la Constitución, cosa que sorprende especialmente en el caso de este último partido, ya que sí incluía este tema en su programa de 2016: "inclusión de una nueva Sección de Derechos Sociales en la Constitución, entre el que estará de derecho a la vivienda", proponía entonces. Unidas Podemos, además de aquella reforma constitucional, cuantifica otras medidas en su programa, como la de "crear un gran parque de alquiler público de precio asequible", incrementándolo en 50.000 viviendas al año siguiendo, dicen, el modelo exitoso de ciudades como Viena. Y Viena es, efectivamente, un excelente ejemplo. En esa ciudad, el 62 por ciento de sus habitantes (1.800.000) viven en alguna de las 220.000 viviendas de propiedad municipal, con rentas asequibles a sus ingresos; y el municipio invierte cada año 600 millones de euros en la construcción de nuevas viviendas y el mantenimiento de las ya existentes. Pero el ejemplo, para Unidos-Podemos, termina ahí y se aleja del de Viena al proponer además la creación de ese gran parque de viviendas de alquiler social "mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de viviendas, sanciones para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías" e "intervenir en el mercado de alquiler para impedir subidas abusivas mediante el control de precios". Y es que ese no es el caso de Viena, ciudad en la que no hay ningún límite de precios en los apartamentos construidos por empresas privadas en los nuevos edificios; y no lo hay porque no hace falta, ya que el hecho de que tantos residentes ocupen viviendas públicas pone freno a los precios en el sector privado. En definitiva: creo que la solución de este grave problema comienza con la inclusión en la Constitución como derecho fundamental el de disfrutar de una vivienda digna y adecuada, esa vivienda contemplada desde su perspectiva social y que, como consecuencia, sea las administraciones públicas quienes la promuevan; y dejar en manos del mercado la otra, esté ya construida o vaya a construirse, aquella que constituye una inversión, un bien patrimonial o simplemente un deseo de mejorar la que ahora se tiene con los propios medios económicos de cada cual. Porque la subvención al alquiler sólo produciría un aumento del precio del mismo (como ya sucedió con el precio de la vivienda con aquella deducción del 15 por ciento en el IRPF por la compra de vivienda habitual), y el establecimiento de precios máximos para el alquiler provocaría seguramente, en un sistema de libre mercado como el nuestro, un aumento del dinero oculto imposible de controlar cuando alguien está dispuesto a pagar lo que otro pide. El ejemplo de Viena, por tanto: la Administración Pública debe de ser la gran promotora de vivienda de alquiler social, con lo que además fomentaría la actividad de la construcción y se crearían miles de puestos de trabajo; y debe dejar que los precios de venta y alquiler de la otra vivienda, la de iniciativa privada, se fijen en función de las leyes de la oferta y demanda del mercado. Pero desgraciadamente, y a la vista de los programas electorales de los partidos políticos más importantes, o se proponen soluciones irrealizables para resolver el problema de la vivienda o simplemente éste no existe; y todo ello en un país en el que 40.000 personas duermen en la calle, otros 5 millones viven bajo un techo inadecuado y se producen 100 desahucios cada día por impago del alquiler.
