Pintan bastos para la investigación en España. O siguen pintando, porque ya es tónica habitual por estos lares. Un nuevo manifiesto, suscrito por destacados científicos españoles, vuelve a poner en tela de juicio el trato que reciben los centros de I+D+i en nuestro país. Poco importa si gobierna Rajoy o Sánchez porque, a la hora de financiar y asegurar la estabilidad de los equipos de investigación, unos y otros acaban por dar la misma respuesta. Ni chicha ni limoná, vaya. Eso sí, la nueva «gauche divine» del socialismo nacional se muestra más hábil a la hora de regalar los oídos, a quienes aún se contentan con creer en promesas. Pero poco más, porque la realidad no ha variado sustancialmente. Por el momento, el año acabará perdiéndose para muchos científicos, gracias a la ineficaz gestión del gobierno de turno.
Nada menos que 6.600 grupos de investigadores se han quedado a dos velas, esperando a que el Ministerio que dirige Pedro Duque les conceda la financiación necesaria para iniciar o mantener sus proyectos. Cómo estará el país que, inmersos ya en este frenético mes electoral, el Gobierno no ha tenido reparo alguno en vacilar a un colectivo de tanto reconocimiento social como es el científico. Y, sin embargo, ni el Tato mueve ficha en su defensa. Es lógico que la izquierda opte por la callada. Al fin y al cabo, solo levantan la voz cuando los errores son ajenos. Ahora bien, que la oposición no aproveche la ocasión y abandone por un momento su cansino y reiterativo discurso para denunciar tanto desatino, evidencia una ineptitud clamorosa. O complicidad, que es una posibilidad nada desdeñable.
La tangana es de órdago. La Agencia Estatal de Investigación se ha retrasado lo indecible a la hora de hacer sus deberes. Fíjense que la resolución definitiva de las ayudas debería ser ya definitiva al concluir el año 2018 y, como muy pronto, la comunicación provisional no se espera hasta principios del verano. Una primera notificación que servirá para bien poco -como denuncian los afectados- porque ninguna Universidad o centro de investigación adelanta los fondos si no existe una concesión formal y definitiva. En consecuencia, un año perdido para los investigadores españoles. Muchas promesas, nefasta gestión.
A la vista de lo que se les venía encima, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades no han tenido mejor ocurrencia que el desparrame auto exculpatorio, a golpe de tuits. De entrada, alegan que los evaluadores externos se han retrasado, circunstancia que niegan quienes entregaron los informes hace ya bastantes meses. No contentos con matar al mensajero, tienen la desfachatez de ponerse medallas argumentando que «por transparencia» y «para salvaguardar los derechos de los investigadores», han decidido ampliar el plazo para conceder las subvenciones. Ni una cosa ni otra, porque así es como obligan las leyes a proceder cuando a la Administración se le atraganta el papeleo por incapacidad propia. Y, para acabar con tanto desatino, vienen con el cuento de que la culpa es del rechazo parlamentario a los presupuestos generales de 2019, alegando que hubieran dispuesto de más personal. En tiempo récord, se supone, porque difícil está crear puestos de funcionarios con tanta celeridad. Todo pretexto es bueno antes que aceptar la propia incompetencia.
No es España un país en el que la investigación, el desarrollo y la innovación sean asuntos que despierten el interés del sector púbico, pero tampoco del privado. Cuando menos, no en igual manera que ocurre en los países de nuestro entorno más próximo. Como promedio, los países de la Unión Europea destinan el 2,1% de su Producto Interior Bruto (PIB) al gasto en I+D+i; en España, apenas alcanzamos el 1,2%. Para afrontar la crisis económica, la mayoría de los países de la Unión Europea incrementaron su gasto en esta materia -en términos de aportación al PIB- durante los años más duros. Solo seis países lo redujeron y, entre ellos, ahí estaba España. A la vista de la situación, no es de extrañar que, hasta las revistas científicas de mayor prestigio como Nature o Science, reflejen el desamor que se profesa a la ciencia en nuestro país. Avergüenza un tanto.
Es ciertamente alarmante que, investigadores de la talla de María Blasco, Xosé Bustelo o Luis Serrano -primeros firmantes del manifiesto-, consideren que el sistema científico español se encuentra al borde del colapso. Tanto como que el presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), Nazario Martín, advierta que la ciencia española es una «zona catastrófica», opinión que parece ser mayoritaria entre los investigadores españoles. Con este escenario, los discursos del avance tecnológico del país, del freno a la fuga de cerebros o de la repatriación de estos, no van más allá de lo burdamente demagógico. Y es que, como indica Martín, la «burocracia solo ha cambiado en apariencia». Más de lo mismo.
Lo realmente jodido de este dislate es que se pretenda tomarnos por memos. Al pueblo llano es fácil engañarle recurriendo a cifras desorbitadas, que impresionan de un falso interés por la investigación. Con los científicos ya es tarea casi imposible y así lo denuncian. Empiezan a estar hartos de que los números escondan una realidad bien distinta. Un dato llama la atención y demuestra el engaño: faltando dinero para financiar las necesidades reales de la ciencia española, cada año se ejecuta menos de la mitad del presupuesto inicialmente comprometido. En el año 2015, solo se gastó el 52% del presupuesto destinado a la investigación; en 2016, apenas el 38%; en 2017, se bate el récord con menos del 30%. Si la financiación prevista ya es deficitaria, la situación empeora cuando apenas se conceden tres de cada diez euros presupuestados. Increíble.
¿Cómo es posible que no se gaste lo poco que se tiene? Obviamente, haciendo trampas mediante un maquillaje de las cuentas públicas que es denunciado por los investigadores. Para evitar incumplir el techo de gasto, los gobiernos de Rajoy recurrieron a una treta que distrae el control de la Unión Europea: ofrecer créditos blandos, en vez de incrementar las subvenciones. Precisamente por su condición crediticia, se trata de un dinero de «ida y vuelta» para el Tesoro público. Unos créditos que, obviamente, no son solicitados porque ya me dirán cómo diablos puede un científico obtener ingresos para devolver el préstamo. Así acaban por perderse nada menos que 3.000 millones de euros cada año. Aunque esta forma de engrosar artificialmente el presupuesto ya ha sido criticada por el Fondo Monetario Internacional y por la propia Unión Europea, el gobierno de Pedro Sánchez mantuvo el mismo sistema en los presupuestos generales que fueron rechazados por las Cortes. Lo dicho, nada cambia.
¿Y saben qué es lo peor de todo? Que los dejamos solos en sus reivindicaciones. Siempre hay cosas que nos parecen más importantes que esta ciencia tan malquerida. Así nos va.
