Desde nuestra Federación FOPA, como observadores del sector, queremos indicar los seis objetivos fundamentales a conseguir que pueden mejorar considerablemente el funcionamiento en todas sus áreas del sector construcción en general y de la obra pública, resolviendo a su vez los problemas y déficits que venimos detectando.

Evidentemente, consideramos que es el momento oportuno para tratar estos temas por la proximidad de las Elecciones Generales, Autonómicas y Municipales, y sería nuestro deseo que los partidos políticos intervinientes decidieran hacer suyas las propuestas que se detallan a continuación:

1. Establecer un cuadro o base de precios a nivel autonómico que sirva de referente y que unifique y actualice los precios de construcción para evitar las disparidades de precios que se producen actualmente en proyectos de similares características.

2. Potenciar la unificación de los pliegos de licitación, eliminando las adjudicaciones de contratos en situación de bajas temerarias.

3. La exigencia a las distintas administraciones del cumplimiento íntegro de sus presupuestos y planes de inversión anuales aprobados.

4. Fomentar la colaboración público privada como procedimiento de generación de inversión en obra pública y de contratación.

5. Desarrollar con urgencia nuevos módulos de formación profesional para construcción que resuelvan la actual carencia de mano de obra cualificada en nuestra Comunidad en prácticamente todos los oficios.

6. Modificar el sistema de clasificación de las empresas, cuya tramitación a efectos de acreditación sea coherente con la bajísima licitación producida en los diez años anteriores.

Nuestra federación se pone a disposición de las administraciones para, de forma conjunta, realizar un seguimiento de todos los factores que afectan al sector y puedan ser susceptibles de mejorar su funcionamiento, para lo cual planteamos crear un Observatorio de la Construcción integrado por las administraciones y las federaciones empresariales sectoriales, que además pueda analizar la planificación y los niveles de inversión en obra pública.

Y ya, como conclusión, y centrándonos en la provincia de Alicante, el pasado viernes, día 5, se hicieron públicas por parte de la Cámara de Comercio y de la CEV las «10 Infraestructuras Estratégicas en movilidad para nuestra provincia», que suponen una inversión estimada de 3.030 millones de euros, de los que inicialmente el 85% corresponde ser financiado por la Administración General del Estado y el 15% por la Generalidad Valenciana. Resulta, pues, fundamental ponernos a trabajar sin dilación con los nuevos equipos de gobierno que resulten de las Elecciones, para conseguir comprometer la consignación presupuestaria correspondiente y su planificación temporal, sin olvidar que, además, la provincia sigue teniendo carencias muy importantes en infraestructuras, en materia de sedes judiciales, hospitalarias, centros escolares, carreteras, y también en materia de agua -como la reparación del embalse de San Diego en Villena o la conducción del post-trasvase Júcar-Vinalopó margen izquierda-, entre otras.