El 1 de noviembre de 1988, apareció el cadáver de una persona en la playa gaditana de Los Lances, a poco más de 15 kilómetros de Tánger. Un fuerte temporal volcó la barca en la que viajaban sus 23 ocupantes, todos ellos marroquíes, que trataban de alcanzar España a través de esa playa. La imagen de la primera persona muerta encontrada en una playa del Sur tras su fallido intento de llegar a nuestras costas se convirtió en una fotografía icónica que, desgraciadamente, se ha repetido desde entonces. En los días posteriores, el mar fue escupiendo los cuerpos de 11 de los 18 desaparecidos, mientras que los cuatro que sabían nadar tuvieron mejor suerte y alcanzaron su sueño. Todos ellos habían pagado poco más de 200 euros por hacer ese viaje, sin saber que estaban abriendo la ruta del Estrecho.
Desde entonces, y a lo largo de las últimas tres décadas, se estima que han muerto o desaparecido en esta misma ruta cerca de 7.000 inmigrantes, como recogen los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM). Hasta el punto que la «Frontera Sur» se ha convertido en uno de los principales trayectos migratorios en el mundo, canalizando desplazamientos desde el norte de África hacia el sur de Europa, fundamentalmente a través de embarcaciones de todo tipo, pero también mediante otras vías no menos peligrosas, como el abordaje de camiones o la ocultación entre los cargamentos que circulan por esta vía.
Se calcula que, en estas últimas tres décadas, más de 300.000 migrantes han accedido a Europa a través de esta «Frontera Sur», mediante su llegada a las costas españolas. Resulta imposible obtener informes oficiales que precisen cuántos de ellos fueron devueltos a sus países de origen, los que continuaron hacia otros Estados europeos, así como los que finalmente pudieron regularizar su situación en España. Sin embargo, lo que sí se puede afirmar es que, tras la firma por la UE de los acuerdos migratorios con Turquía y Libia, la no admisión de migrantes o refugiados llegados hasta las costas de Italia y Grecia, y el consiguiente cierre de las rutas del Mediterráneo Central y Oriental, junto a los acuerdos suscritos con otros países africanos, se ha producido un desplazamiento de las rutas migratorias tradicionales del Mediterráneo hacia la «Frontera Sur».
Los datos certifican este cambio. Así, mientras que en el año 2016 llegaron a España por la «Frontera Sur» 6.976 inmigrantes, en 2017 lo hicieron 21.663, mientras que en el pasado 2018 se dispararon hasta las 57.034 personas, confirmando la importancia que ha adquirido esta ruta como consecuencia de las políticas migratorias adoptadas por la UE. Son cifras elevadas, pero sin comparación con las que han registrado otros lugares en años recientes, como los 853.650 migrantes y refugiados llegados a Grecia en el año 2015 o los 181.436 que alcanzaron Italia en 2016. Y es que las migraciones se han convertido en un complicado sistema de vasos comunicantes, de manera que, cualquier decisión que se adopta sobre una zona, acaba repercutiendo en otras, algo que, al parecer, no quieren comprender las autoridades europeas, con su lamentable política de gestión de fronteras en la que parecen estar empeñados.
Pero si hablamos de la «Frontera Sur» hay que referirse especialmente a Marruecos, un país determinante de donde proceden la mayoría de las llegadas de migrantes hasta las costas españolas, habiéndose convertido en país de origen y tránsito. Desde hace décadas, las autoridades marroquíes son conscientes de la importancia que tienen para España y Europa las migraciones que salen desde su país hacia las costas españolas, utilizando a fondo esta baza como una herramienta política de presión de primer orden. De hecho, diferentes gobiernos marroquíes han utilizado la válvula migratoria hacia España en diferentes momentos para exigir ayudas de cooperación al desarrollo, reclamar aumentos en las contrapartidas por los acuerdos de pesca, pedir que se avalen las posiciones marroquíes ante el Sáhara o incluso obtener armas, equipos militares o policiales. Así, recientemente, Marruecos ha recibido de la UE 140 millones de euros para la lucha contra la inmigración irregular y de España 75 vehículos todoterreno valorados en 2,5 millones de euros, una ayuda que las autoridades marroquíes han calificado de «insuficiente».
Sin embargo, Marruecos no acepta su responsabilidad en temas trascendentales, como el enorme aumento de menores no acompañados que abandonan su país hacia España, con frecuencia en condiciones muy penosas, y que han colapsado el sistema de protección en buena parte de nuestro país. La UE y las autoridades españolas tienen la obligación de que Marruecos acepte su responsabilidad jurídica sobre sus menores, recogida en la «Convención Internacional sobre los derechos del niño», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y que obliga a todos los países a asegurar y proteger a sus menores, luchando contra el traslado ilícito de estos al extranjero, junto al retorno del menor con sus familiares a sus países de origen.
Reducir las políticas migratorias a un simple control de fronteras, sin comprender la necesidad de incorporar un diálogo multinivel sobre políticas e intereses transdisciplinares, facilita alimentar discursos de rechazo y seguir acumulando fracasos.
