Uno de los retos que tiene el Parlamento que se constituya a partir del 28 de abril es el de potenciar determinadas profesiones que están ahora con el freno de mano puesto por una falta de una correcta regulación legal que permita que algunas actividades profesionales puedan mejorarse en la atención a los ciudadanos y a las empresas.
Nos estamos refiriendo a las actividades de mediador profesional y de experto en compliance normativo en las empresas. Dos áreas relacionadas con muchas carreras universitarias, pero, sobre todo, la de Derecho, sin olvidar la importancia de la aportación de economistas, arquitectos y aparejadores, administradores de fincas, médicos y enfermeros, psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, ingenieros, notarios y muchos colectivos que con un abogado que ejerza de mediador puedan llevar a cabo técnicas de comediación en la solución de los conflictos que puedan surgir en distintas áreas. Así, en el terreno de la construcción, conflictos entre empresas, entre éstas y los ciudadanos, en el área de la sanidad, en la intervención entre delincuentes por hechos menos graves y las víctimas, en las reclamaciones entre ciudadanos en muchas materias, en conflictos en las comunidades de propietarios, o clientes de la banca con esta, o reclamaciones por todo tipo de contratos, necesitamos que se potencie la mediación obligatoria extrajudicial como paso previo a la vía judicial, tanto para potenciar la profesión que pueden ejercer aquellos colectivos, siempre bajo el manto de la comediación, y con un letrado mediador profesional.
Bajo esta perspectiva, se quedó en el tintero en esta legislatura al disolverse las Cámaras parlamentarias, el Anteproyecto de ley de mediación obligatoria que debe conocer el Registro de proyectos de Ley en el Parlamento de forma absolutamente necesaria, a fin de descargar a la justicia de conflictos que pueden ayudar a resolver estos profesionales. Y porque estamos dándole a nuestros jóvenes, y menos jóvenes, unas fundadas aspiraciones de girar su futuro profesional en un área donde puede haber mucho trabajo si hacemos las cosas bien. Y, como ejemplo, bien vale la muestra de los ingleses y americanos, donde muchos profesionales trabajan exclusivamente en el área de la mediación. Y como suele decirse en estos casos: hay que copiar y pegar lo que funciona bien en otros países. Sin embargo, lo que ocurrió en el nuestro es que se «copió y pegó mal». Porque se tuvo miedo a esta mediación obligatoria, y se pensó que el discurrir del tiempo iba a acabar implantándola por sí sola. Nada más lejos de la realidad, porque el recurso a la vía judicial a las primeras de cambio es la primera y única solución en la forma de resolver conflictos que se está utilizando.
Por ello, y ante ello, apostemos decididamente por esta profesión, donde muchos universitarios que ahora están pensando a qué dedicarse encontrarán una buena salida profesional y ayudarán a muchos ciudadanos. Y, también, muchos otros profesionales que ahora están viendo cómo cambiar su rumbo laboral, o mejorarlo, podrán dirigir por esta vía su dirección de trabajo.
Por otro lado, está la actividad de compliance como profesional que se dedica al control del cumplimiento normativo en una empresa y que no haya disgustos, en el sentido de que se cometan delitos por directivos o empleados, causando daños a terceros, ni se realicen actuaciones internas de administración desleal o apropiaciones indebidas en la empresa. Es decir, vigilar que en la empresa española se hagan las cosas bien y con el debido control.
Este terreno, que tiene muchas perspectivas de generar mucho trabajo, también se encuentra necesitado de un empuje legal que permita técnicamente la elaboración de periciales de valoración de cumplimiento normativo en las empresas, a modo de fiscalización de que esos programas se están implementando bien y, por otro lado, de crear un Registro de expertos de compliance que realice una identificación de quienes son los profesionales que, realmente, se han formado en sus colegios profesionales en estas técnicas de atender en las empresas esta importante función. Porque es preciso crear un Registro público en la sede del Ministerio de Justicia en donde puedan acceder por conducto de los colegios profesionales los que acrediten que han asistido a los cursos de formación pertinentes, y en donde, también, la Universidad tiene un amplio margen de actuación en esta importante labor de formación y de capacidad de acreditación de los conocimientos por quienes van a realizar esta función.
Decir, por último, que a la empresa española también le interesa la creación de este Registro Público donde estén quienes deben estar y puedan acreditarse ante los empresarios quienes les ofrecen estos programas.
Sea como fuere, hay mucho trabajo por hacer y muchas ganas de trabajar. Tenemos muchos chicos y chicas, y mayores que han puesto sus ojos en estas nuevas salidas profesionales, pero hay que ayudar desde el derecho a que estas profesiones lo sean en realidad. Si fuera ha funcionado y bien. ¿Por qué no va a hacerlo aquí?
