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Gerardo Muñoz

Momentos de Alicante

Gerardo Muñoz

Reorganización de la Guardia Urbana, indemnizaciones y república

En julio de 1920 solo había cuatro celadores de Policía Urbana en Alicante, por lo que el Ayuntamiento aprobó en noviembre una convocatoria para cubrir cuatro plazas más, dotadas dos de ellas (capataces) con 1750 pesetas anuales y con 1250 las otras dos.

Indemnización denegada

El 19-5-1922, José Martínez Cruz, que había cesado como cabo de la Guardia Urbana el mes anterior, pidió por escrito al alcalde que fuese indemnizado por haber sufrido un accidente en acto de servicio:

«(?) ocasionado por un detenido que fue conducido á la Inspección Municipal, en estado de embriaguez, por dos guardias, accidente que fue ocasionado por una fuerte patada recibida en cierta parte, por el citado detenido llamado José Gascón Sanchez, siendo curado del mismo en la Casa de Socorro por el médico D. Rafael Ramos Esplá (?). El hecho ocurrió en seis de Agosto del pasado año 1921». La corporación municipal le había entregado un braguero, «pero transcurre el tiempo y no solo no encuentra mejoría sino que el mal parece extenderse», por lo que precisaba ponerse a cura, pero al carecer de bienes pedía una subvención económica.

Adjuntaba Martínez a su petición un informe del médico mencionado, fechado el 19-5-1922, en el que decía que padecía «de hernia inguinal del lado izquierdo, afeccion que sufre desde el mes de Septiembre del pasado año, y que le impide dedicarse á trabajos corporales».

El comisario-jefe de la Guardia Urbana informó que no aparecía ningún parte que acreditara el accidente del reclamante; y los médicos de Beneficencia Municipal que examinaron a Martínez, de 52 años, Pascual Pérez Martínez (jefe de la Casa de Socorro) y Ladislao Ayela Planelles, certificaron que padecía efectivamente una hernia inguinal izquierda «é indicios de igual lesión en el lado homólogo del costado derecho (?), que tienen como causa primordial y eficiente la predisposición orgánica de génesis hereditaria (?) sin que se pueda puntualizar con exactitud el kronos y la causa determinante». En una nota final indicaban que Martínez no había sido curado por accidente en la Casa de Socorro, sino que había acudido «a la consulta del facultativo Sr. Ramon Ramos encargado del cuarto distrito donde está domiciliado».

El 30-6-1922 le fue comunicada a Martínez Cruz la desestimación de su demanda.

Reorganización Guardia Urbana

En junio de 1924 el Ayuntamiento de Alicante se planteó nuevamente la necesidad de reorganizar la Guardia Urbana, «para dignificarla», razón por la cual se elaboró un nuevo reglamento que no fue aprobado hasta el 27-7-1925.

El primer jefe de este cuerpo tenía que ser capitán o jefe del Ejército, y el segundo jefe, oficial o suboficial. El resto debían tener entre 23 y 40 años, una estatura mínima de 1'60 y haber servido en la Guardia Civil, Carabineros o en el Ejército. Como condiciones preferentes se contemplaban «haber servido en Africa», «haber pertenecido a la Guardia Municipal o a la Guardia Urbana de esta ciudad», «poseer algún idioma extranjero», conocimiento del «plano general de la ciudad» y saber los «preceptos de Policía Urbana comprendidos en las Ordenanzas municipales».

A propuesta del concejal Gabriel Montesinos se incluyó un artículo en el reglamento que decía: «Los individuos de la Guardia de Policía Urbana no podrán ser utilizados en servicios que no sean los propios de la misión que por este Reglamento les está confiada. En ningún caso estarán al servicio de señores Concejales o de señores Funcionarios municipales, ni prestarán servicio de alguaciles u ordenanzas en juzgados ni oficinas».

Pensión de invalidez, sí; pensión de viudedad, no

Antonio Pagés Pomata entró a formar parte de la Guardia Urbana el 18-7-1925, a los 58 años de edad, con un jornal diario de cinco pesetas.

El 1-7-1925, el comisario-jefe de la Guardia Urbana, José Muñoz Gutiérrez, informó al alcalde que el guardia de infantería Pagés Pomata, «encontrándose de servicio el día 3 de Febrero ultimo en la Plaza de Isabel II, al requerir al vecino de Jijona Abelardo Pico Bernabeu, que conducía un carro de su propiedad y que chocó con un tranvía en la mencionada Plaza, á que viniese con el a esta Comisaría no le obedeció y al negarse el carretero a cumplimentar la orden del guardia fue tal el disgusto que le produjo, que a los quince minutos escasamente de ocurrir el choque, fue víctima de un accidente manifestando los médicos de guardia de la casa de socorro que padecía una hemiplejia de carácter grave, motivado por el disgusto tenido momentos antes (?)».

Al día siguiente, 2 de julio, el alcalde delegó en el teniente de alcalde, Juan Latorre Baeza, para que instruyera un expediente. El comisario-jefe ratificó la información que había comunicado al alcalde, facilitada a su vez por el cabo de infantería de la Guardia Urbana Salvador Balaciart Poo.

Los dos médicos que habían atendido a Pagés Pomata en la Casa de Socorro el 3 de febrero a las 14:30 horas, los hermanos Andrés y Ángel Pascual Devesa, informaron a Latorre de que la hemiplejia, producida por hemorragia cerebral, suele ser sufrida por sujetos predispuestos a una fuerte tensión debida al esfuerzo, una conmoción moral o un estado de excitación. «Sin la debida predisposición no se produce la hemorragia, pero (?) según declaraciones de testigos presenciales, hubo una causa próxima directamente responsable del accidente, motivada por la discusión violenta que provocó un hecho desarrollado en la Plaza de Isabel II, lugar en que estaba de servicio (?). Sin esta ocasión, productora del accidente, acaso no hubiera éste sobrevenido nunca, a pesar de la predisposición del paciente, por lo que ha de admitirse como causa inmediata de la lesión el hecho mencionado».

Conforme a lo establecido en el Reglamento del Cuerpo de Policía Urbana entonces vigente, y a la resolución adoptada en un caso parecido anterior (del que fuera cabo de la sección Montada José Cerdán Aroca), Latorre propuso que se concediera a Pagés Pomata «una pensión anual de mil pesetas, retirándole del servicio para el que está inútil». Así lo acordó el ayuntamiento en sesión plenaria el 27-7-1925.

El 17-9-1932, acogiéndose a los beneficios de la Ley publicada el 12 de junio anterior, Pagés Pomata solicitó al alcalde que se le reconociera una pensión extraordinaria del 80% de su sueldo como jubilado. Pero su petición fue desestimada «por cuanto la Ley invocada se refiere exclusivamente a Funcionarios del Estado, sin que rija para los de este Municipio, y sin que, por otra parte, sea de aplicación el acuerdo del Excmo. Ayuntamiento del día dos de los corrientes que reconoce un beneficio análogo a los empleados municipales, por no tener efectos retroactivos».

Pagés Pomata falleció el 6-12-1932, y su viuda, Concepción Ruso Manzanaros, de 63 años, pidió unos días después que se le concediese una pensión de viudedad, por carecer de bienes. Pero fue desestimada su solicitud porque el Reglamento de Funcionarios vigente exigía que «los causantes hayan completado al menos diez años de servicios efectivos al Municipio, para que sus familiares alcancen derecho a pensión vitalicia», siendo solo dos años y diez meses los que el esposo de la demandante había servido como guardia en activo.

Jefes y uniformes

El 11-8-1925 José Muñoz Gutiérrez fue sustituido como jefe de la Guardia Urbana por Emilio Victoria Meca.

En sesión extraordinaria del pleno municipal celebrada el 5-2-1931 Gonzalo Mengual Segura entregó la vara de mando a Ricardo Pasqual del Pobil. Esta toma de posesión fue bastante movida debido a unos incidentes que se produjeron entre el público asistente, oyéndose voces de exaltación de la República, que se proclamaría al cabo de dos meses. El nuevo alcalde amonestó severamente al jefe de la Guardia Urbana por su falta de energía y Victoria se apresuró a dimitir. Le sustituyó su antecesor.

Ya con un ayuntamiento republicano, el jefe de la Guardia Urbana José Muñoz propuso la adquisición de 17 uniformes de invierno, compuesto de guerreras y pantalones de paño azul, dos pellizas, tres capas, ocho cascos y tres impermeables. La convocatoria fue aprobada el 24-11-1931 y a ella se presentaron tres presupuestos: de la sastrería Eduardo Martínez, Casa Muñoz y Juan Sánchez García, dueño de La Japonesa. El 5 de diciembre se encargó por decreto la compra a este último de los 17 uniformes (a 85 pesetas cada uno), dos pellizas (65 pesetas cada una), ocho cascos (18 pesetas cada uno) y tres impermeables (110 pesetas cada uno). Las tres capotas fueron encargadas a Casa Muñoz, por 63'20 pesetas cada una.

www.gerardomunoz.com

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