Cuando se interrumpe una legislatura antes del momento previsto de finalización de los cuatro años reglamentarios nos encontramos con las sorpresas de iniciativas que se quedarán en el tintero, pero que se esperaba que pudieran salir adelante, porque quedaba todavía, en teoría, hasta mediados de 2020 para concluir la legislatura. Desde julio de 2016 se han aprobado 90 leyes, pero quedaba todavía año y medio de intensa actividad legislativa que ahora se deja para que tras los comicios del 28 de abril permita conformar nuevo Parlamento e iniciar una necesaria actividad legislativa que precisa del consenso de los grupos parlamentarios para el progreso de nuestro país.
Por ello, a punto de terminar la legislatura, aunque interrumpida por la convocatoria de elecciones, nos encontramos con tramitaciones parlamentarias de textos legales que, por ahora, no verán la luz del BOE, pero que, entendemos, que no puede dejarles morir en el cajón donde ahora se guardarán, sino que los grupos deberán recoger aquellas iniciativas que ahora quedan «interrumpidas», - esperemos que no muertas- para poder recuperarse a partir del 28 de abril próximo.
Así, podemos citar el anteproyecto de ley de mediación obligatoria que se iba a tramitar vera interrumpida su tramitación. De la misma manera, existía la intención de volver a tramitar la reforma de la ley de arrendamientos urbanos al no haberse convalidado el Real Decreto ley que se aprobó en diciembre, pero que no fue convalidado el pasado mes de enero por falta de quórum parlamentario.
En esta situación, como decimos, la interrupción adelantada de las legislaturas suele dejar en el camino textos importantes que necesita la sociedad para seguir avanzando. Porque no olvidemos que la construcción del ordenamiento jurídico por la aprobación de normas legislativas es la base de la sociedad por el propio principio de legalidad constitucional, por un lado, pero, por otro, porque los ciudadanos nos regimos por una norma concreta, exacta y adaptada a la realidad de los tiempos y que necesitamos para resolver los problemas que van surgiendo.
No debemos olvidar la tremenda importancia de la labor de nuestro Parlamento, que, por su responsabilidad de «fabricar» nuestras normas, va dando respuesta a nuestras necesidades. Así se ha hecho ahora con la reforma del Código Penal que por 13 días ha podido aprobarse esta semana en el Senado y que va a ayudar a resolver los problemas de muchas víctimas de accidentes de tráfico. Pero, por otro lado, no se puede echar a perder la idea que subyace en las dos reformas legales antes citadas, para implantar la mediación obligatoria y potenciarla para abrir las puertas de una nueva salida profesional a nuestros jóvenes y menos jóvenes y, también, para resolver las diferencias que existan entre ciudadanos, por medio de la ayuda de un profesional cualificado y formado, que evite la judicialización de los conflictos y permita una solución con mediación. La idea de ese texto que ahora queda cortado con la disolución de las cámaras era fijar las bases de la obligatoriedad en algunas materias evitando acudir directamente al juzgado si no se había acudido antes al despacho de un mediador profesional para intentar una solución del conflicto. Porque no podemos pretender judicializar todos los problemas y debemos confiar en profesionales que saben cómo ayudar a resolver diferencias entre los ciudadanos sin necesidad de recurrir a un juzgado.
También es preciso esa reforma arrendaticia, que no se convalidó el pasado mes de enero, que amplíe la duración de los arrendamientos de vivienda, evitando que los ciudadanos se vean sometidos a sorpresivas elevaciones de rentas, pero que también proteja a los arrendadores y que les permita acudir al registro de morosos que está pendiente todavía de crearse desde que se aprobó en el año 2013, nada menos, esta figura a modo de registro público donde los arrendadores puedan comprobar posibles antecedentes de morosidad arrendaticia de quien quiere alquilar su inmueble.
La reforma de la LAU y una correcta regulación del alquiler vacacional que no acuda al sistema que a algunas personas les gusta de «prohibir» en lugar de «regular» es necesaria afrontarla a partir de la constitución de las Cámaras parlamentarias del próximo 28 de abril. Y ello, porque si hay algo importante que merece una adecuada regulación es el arrendamiento de viviendas y locales. Porque en los primeros se desarrolla nuestra vida, y en los segundos se debe ayudar y facilitar el camino a quien toma el riesgo de abrir un negocio, compensando los intereses de los propietarios y de los inquilinos, y ayudando la Administración a los inquilinos de ambos tipos de contrato de arrendamiento. Esperemos, con ello, que los textos interrumpidos y otros nuevos, empiecen a gestarse de forma rápida, una vez que todos hayamos hecho nuestro derecho-deber de votar el próximo 28 de abril.
