Es una mala época del año. No porque se acerque la temporada de alergias, que también, sino por la electricidad estática ambiental que introduce la incierta campaña electoral a la que se enfrentan los partidos políticos en abril y en mayo. Hay mucho nervio, y mucho disparate.
Sin ir más lejos, en el Ayuntamiento de Alicante, proclive a encadenar escándalos, se ha desatado un pequeño watergate. Un concejal de Ciudadanos, Juan Francisco Escudero, muy ducho en tecnología, descubrió que estaba activa la clave maestra para entrar a los correos de otros concejales y dos incautos asesores de su grupo municipal entraron raudos al email de la concejal de Comercio, Marisa Gayo, al del jefe de la Alcaldía y hasta trataron de colarse en el del propio alcalde, Luis Barcala. En los dos primeros casos dotorearon lo que quisieron. Con el del alcalde no pudieron. Está registrado y comprobado.
Es lo que tienen los ordenadores, que todo deja huella si no eres muy listo. Lo mejor del asunto es que fue el propio edil de Ciudadanos el que puso sobre aviso al PP, quizá por aquello de la lealtad política que ambos se profesan, lo que ha permitido determinar que han incurrido en un delito tipificado en el Código Penal, con lo que es evidente que el espionaje les va a salir muy caro.
Si sorprendente es el harakiri que se ha realizado el grupo municipal de Ciudadanos en Alicante, no lo es menos la tibieza con la que responden los populares. No ponen la vulneración de su intimidad en manos de la Fiscalía de Delitos Informáticos. Optan por la opción light de la Agencia de Protección de Datos no sea que los de Ciudadanos se molesten y luego no les apoyen en el caso de que los necesiten para acceder a la Alcaldía alicantina en junio.
Lo ocurrido en Alicante, más propio de un sainete que de una buena novela de espías, pone de manifiesto lo que nos temíamos, que la veda está abierta y todo vale.
