Los primeros pasos del juicio llamado del 1-O, ponen de manifiesto la complejidad de lo que se va a juzgar y las estrategias de las defensas. Meses hay por delante para ir forjando una opinión que, por respeto al tribunal, debe limitarse a comentarios sobre los diversos actos procesales que se practiquen, evitando, pues, posicionamientos sobre el fondo de una sentencia que será la consecuencia de los hechos que se prueben y su tipificación penal, no de valoraciones políticas que confunden espacios diferentes e incompatibles. Por una vez, salvo los afectados, los acusados, bien estaría que guardaran silencio los comentaristas o los políticos que encuentran en el enjuiciamiento fuentes de aprovechamiento mediático o electoral. Cuando hablan los tribunales, deben callar quienes ninguna influencia tienen en la decisión de fondo y cuyas pretensiones distan mucho de responder a la imparcialidad que se exige al Poder Judicial.
Con estas limitaciones, las primeras sesiones del juicio revelan estrategias defensivas que, en apariencia, parecen contrapuestas, pero que forman parte de un plan más general y coordinado, que atiende a la participación de cada acusado en los hechos y sus posibles excusas. Un proceso largo y una declaración, amparada por el derecho al silencio y el de mentir incluso, no puede servir para concluir, con tanta rapidez como se hace, la estrategia de cada uno y la global, afirmando una suerte de pugna entre todos los coacusados. Esto no es creíble, ni lógico, ni procesalmente coherente. Más valdría pensar en una defensa común en la que cada cual, a la vista de sus actos, juegue el papel que le corresponde.
Oriol Jonqueras, en este sentido, ha estructurado, parece, de momento, su estrategia en dos aspectos: uno, político, y, otro, procesal, que se vislumbra tras sus apelaciones a la legalidad y las aspiraciones y entendimiento de su comportamiento en el referéndum.
Por un lado, prepara un posible recurso ante el TEDH, con el objetivo de denunciar la violación de su derecho a la libertad ideológica, que sabe fracasado, aunque se quiera jugar in extremis. Pero, también ha jugado a ser el líder de ERC ante la posibilidad de una absolución o indulto que pudiera ser realidad si, tras las elecciones, pacta con un PSOE vencedor y rompe con Puigdemont definitivamente. No es algo que deba excluirse y que puede explicar que quiera mantener su dignidad política a salvo. Pensar que el rechazo a los presupuestos y la convocatoria electoral no esconden un pacto, es incurrir en ingenuidad. Que Sánchez no haya negociado esta alternativa es imposible vistas las expectativas electorales. El rechazo a los presupuestos esconde una estrategia pactada, acordada, meditada. A ambos convenía convocar elecciones sin someterse a los efectos de un consenso que solo beneficiaba a sus adversarios.
Pero, Jonqueras, a la vez, desarrolla paralelamente otra estrategia, más cierta, consistente en negar que lo hecho haya sido rebelión o sedición, manteniendo que se trata de simple desobediencia, negando el dolo, la intención de perturbar el orden constitucional y la violencia, haciendo, en suma, confrontar la legalidad, que no se entendía vulnerada conscientemente, con la voluntad ciudadana derivada de unas elecciones democráticas.
La precipitación de los análisis mediáticos, no jurídicos, movidos por la inmediatez de lo noticiable, no es la más adecuada para la apreciación de una estrategia a plazo largo. La precipitación no es buena consejera. Y la prudencia excesiva, tampoco. No es razonable pensar que su abogado es tan torpe como para llevarle directamente a prisión durante años; una ingenuidad. Sería absurdo pensar que Jonqueras lo fía todo a Estrasburgo y que asume plenamente su responsabilidad penal, que va al sacrificio con alegría y declaraciones de amor y convicción. Que sus posiciones políticas no tienen el respaldo de un futuro acordado o que todo lo apuesta a ese futuro, que puede ser incierto.
Por eso, junto a sus declaraciones políticas, desarrolla una estrategia jurídica consistente en admitir los hechos, pero negar la conciencia de su ilicitud y, sobre todo, la violencia. Desobediencia, no rebelión o sedición. Eso es lo que se busca, pues no otras alternativas tiene Jonqueras, que no puede negar su plena intervención y responsabilidad en los hechos, a diferencia de otros. Por ahí parece ir su defensa y ese no es un camino tan equivocado cuando la autoría es evidente.
Forn, por el contrario, entra de lleno en su participación, negando capacidad de decisión, la autoría que se le atribuye, las órdenes impartidas que se le imputan. Una defensa apropiada a su posición en el entramado gubernamental catalán entonces. Y no incompatible con las manifestaciones de Jonqueras.
Conforme se desarrollen las sesiones, lo político cederá ante lo jurídico, a la par que el interés mediático del juicio. La Sala, los letrados y fiscales cumplirán su oficio, que es el derecho, una vez dada voz a la estrategia política. Lo político, tras las declaraciones iniciales solo estará presente en la medida necesaria para negar la autoría de los hechos imputados. Y esa será la lectura que habrá que hacer de actos ejecutados por profesionales del derecho en un juicio que puede ser el más importante de sus vidas. Eso esperamos quienes queremos que hable la Justicia.
