Vayan aceptando que el mercado de cannabis y sus derivados se regularizará en breve. Asúmanlo los prohibicionistas, pero también quienes defienden una legalización sin orden ni concierto. A finales de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proponía a Naciones Unidas importantes cambios en la fiscalización de estas sustancias. Nada que ver con legalizar el narcotráfico y el trapicheo, como tampoco el autocultivo. ¡Qué más quisieran algunos! Como fin último, los cambios pretenden facilitar la producción de alguno de los principios activos de la planta, siempre con fines medicinales. Lo de comercializar para el uso recreativo -o para colocarse, que viene a ser lo mismo-, ya es otro cantar. No se confundan, que por ahí no van los tiros.
Por desconocimiento o con cierta mala intención, algunos medios han desvirtuado la decisión del máximo organismo internacional en materia de salud. ¿La OMS ha solicitado que se excluya el cannabis de las listas de fiscalización internacional? Como tal, una planta no puede ser un estupefaciente, sino los principios activos que contiene. Y eso es lo que matiza la propuesta. La OMS no ha cambiado, en absoluto, su consideración respecto al daño que produce el consumo de cannabis fuera del contexto medicinal. Tampoco ha solicitado que se legalice la producción y venta de cannabis, como algunos se han permitido afirmar. La tendencia a falsear la realidad y a contar medias verdades, sigue siendo demasiado habitual. Ya saben, vivimos tiempos de posverdad y «fake news». No se fíen de todo cuanto lean.
Como es obvio, todos los principios activos que contiene el cannabis no son igual de dañinos, pero tampoco disponen de la misma utilidad terapéutica. Algunos, como el cannabidiol (CBD), han demostrado su eficacia en el tratamiento de ciertas enfermedades y no ejercen efectos psicoactivos. Por este motivo, ya no cabe mantener al cannabis entre los estupefacientes sin utilidad terapéutica. Ahora bien, la OMS también ha identificado los componentes que deben ser considerados como peligrosos y precisan de una fiscalización más exigente. De hecho, propone que el THC -el componente más adictivo del cannabis- se incluya en el listado de los estupefacientes más perjudiciales para la salud, junto a la cocaína o la heroína. Curiosamente, este cambio «a peor» no se ha visto reflejado en la mayoría de las noticias que se han ido publicando al respecto. ¿Quién dijo que el cannabis ha dejado de ser peligroso?
Detrás de estas decisiones coinciden ideologías incluso divergentes y, por supuesto, intereses públicos y privados igualmente variados. Las drogas, en su conjunto, no dejan de ser un producto de consumo -de mucho consumo, por cierto- y como tal precisan ser regularizadas en su producción y comercio. No se trata de medidas progresistas, ni del modelo holandés o uruguayo -las experiencias «legalizadoras» más conocidas-, sino de una respuesta propia de un mercado como otro cualquiera. Se pretende regular el uso farmacológico de unas sustancias que han demostrado su eficacia terapéutica y que, de hecho, ya están comercializadas en gran parte del mundo occidental. Olvídense de monsergas políticas porque el dinero sigue rigiendo los destinos del universo: el público (impuestos) y el privado (capital). El mercado farmacéutico se encuentra en creciente expansión y, en consecuencia, hay suficiente interés en las esferas de decisión. Recuerden que Estados Unidos y Canadá son los principales abanderados del uso terapéutico y, también, los únicos con un índice bursátil de empresas productoras de derivados medicinales del cannabis. Por el contrario, Rusia y China mantienen su oposición. De ellos dependerá, en última instancia, la decisión final de Naciones Unidas.
No hay razón alguna para evitar abordar un tema tan espinoso y complejo como necesario, aunque sí debemos preocuparnos por la mala gestión de la información. Se trata de situar a determinados derivados del cannabis en el lugar que les corresponde como sustancias susceptibles de uso terapéutico -es decir, como medicamentos- que, aún así, siguen precisando de una fiscalización por su riesgo de abuso. Y, tratándose de fármacos, esta consideración debe conllevar la absoluta ilegalidad -ahora sí- del cultivo y procesamiento no regulados. Igual de ilegal que fabricar un opiáceo, un tranquilizante o un antidepresivo, sin disponer de licencia para ello. Ni más, ni menos.
La propuesta de la OMS coincide con la aparición de nuevos estudios que advierten del enorme daño del consumo de cannabis en adolescentes. La prestigiosa revista científica Journal of the American Medical Association ha publicado, también en esta semana, la más extensa investigación realizada hasta la fecha sobre el efecto del consumo de cannabis en la adolescencia. Nada menos que 23.317 sujetos evaluados y conclusiones ciertamente alarmantes, con una marcada asociación entre el consumo de cannabis y un riesgo más elevado de depresión y suicidio entre adolescentes. Una probabilidad que prácticamente se triplica en el caso de los intentos por quitarse la vida. Como para seguir defendiendo el uso indiscriminado de la plantita, por más que alguno de sus componentes pueda ser terapéutico. Una cosa es regular los medicamentos basados en los derivados menos peligrosos y otra, bien distinta, fumarse unos canutos bien cargaditos de mierda. De mucha mierda, ténganlo claro.
Como es habitual, se echa en falta a quien pueda moderar el discurso de la confusión. Aquí sí sería de agradecer un «relator», «mediador» o como mejor les guste denominarlo. Uno se pregunta dónde diablos andan los responsables públicos a la hora de clarificar la situación. Porque sin ese punto de pedagogía social que tanto se reclama en otros temas de igual o menor trascendencia, difícil será concienciar de las virtudes -algunas- y riesgos -muchos- del consumo. Ya tardan.
Asistimos a un momento crítico que afectará, para bien o para mal, al consumo de la droga más extendida entre la población española. Cuidado con las interpretaciones malintencionadas. Es cuestión de regularizar, que no de legalizar.
