Los secesionistas que primero negociaron con el presidente del Gobierno y pronto serán repudiados por el candidato socialista Pedro Sánchez exhiben en el Supremo, ante los ropones de Quevedo, la tabarra victimista del demócrata masacrado por votar en un referéndum. Es el alegato más burdo que existe, pero Oriol Junqueras se agarra a él con tono mitinero mientras renuncia a rebatir los hechos y no responde a las acusaciones. Dijo, usando la lisonja, que él ama España, a los españoles y su cultura.
Se defiende esgrimiedo faledades y en falso, porque no está imputado por odiar al país que lo emplea como político a sueldo del erario, ni por votar o ser independiente. Como dicen los fiscales, el objeto del juicio no es el independentismo, sino la comisión de acciones delictivas. El delito no está en introducir una papeleta en una urna, sino en poner esta en un referéndum ilegal procediendo con deslealtad desde una institución del Estado. El derecho a decidir corresponde a todo el pueblo español, no sólo a una parte de él. Unos pocos no pueden decidir sobre lo que es de todos.
No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional. No hay una soberanía catalana, sino una del pueblo español. Este juicio es en defensa de un sistema político democrático. La actividad política no es una patente de corso que justifique el delito. No hay presos políticos como se empeñan en sostener mendazmente los separatistas, sino políticos presos por delinquir. No se juzga a dirigentes que reclaman libertades sino a quienes pretenden arrebatarlas. Cualquier persona es libre de discrepar de la ley pero no puede desobedecerla. Los fiscales se están desgañitando frente a unos acusados contaminados por la mentira.
