Después de treinta meses de negociaciones sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, seguimos sin tener claro cómo va a terminar el divorcio, es más, ni siquiera sabemos si habrá divorcio.

En el caso más extremo, el de un Brexit sin acuerdo y desordenado -si bien a la vista de los últimos acontecimientos ha perdido fuerza-, Bruselas advierte de que obligaría a disponer controles fronterizos en Irlanda. Si esto sucediese, la frontera entre el Reino Unido y la Unión Europea se podría restablecer y pasaríamos a relacionarnos según las reglas de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con tasas de importaciones para ambas partes, un escenario realmente dañino y que los dos actores intentan evitar.

Por su parte, el FMI ha declarado que en este escenario habría un impacto en el PIB de cerca del 1,5% y se perderían un millón de empleos en Europa, siendo el Reino Unido el más perjudicado con un efecto del 6%. Si bien es cierto que son estimaciones de muy difícil cálculo, no cabe duda de que las consecuencias de un aumento de aranceles serían claramente negativas como estamos comprobando ya con la guerra comercial iniciada por Estados Unidos, que está provocando una clara ralentización en el crecimiento global.

En España, 38.000 millones de ingresos de las compañías del Ibex 35 provienen del Reino Unido (más de un 7% de sus ingresos). Nuestro país es el octavo de la UE con mayor exposición a la salida del Reino Unido, según el Índice de Sensibilidad al Brexit (BSI) elaborado por la agencia de calificación Standard & Poor's. El sector financiero es un buen barómetro para entender el efecto general. El Santander y el Sabadell tienen importantes posiciones en el territorio; el primero, a través de su filial Santander UK, y el segundo, a través del TSB. Los dos bancos creen que, a corto plazo, hay presión sobre la economía británica pero va a salir adelante a medio plazo, manteniendo el interés en ese mercado.

Pero el sector turístico sería sin duda el más afectado. International Airlines Group (IAG), nacida de la fusión entre la española Iberia y la británica British Airways, tiene otro tipo de problema, ya que si no hay acuerdo puede que tenga que dejar parte de sus aviones en tierra. En ese caso, las aerolíneas que no tengan más de un 51% de capital en manos de ciudadanos o sociedades de países comunitarios pierden la posibilidad de operar dentro de la UE, y sólo podrían realizar vuelos de conexión con el Reino Unido. IAG mantiene una compleja estructura societaria tras la fusión, separando los derechos políticos de los económicos. Su actual defensa es demostrar que la mayoría de los derechos políticos de Iberia los controla El Corte Inglés, ya que los derechos económicos están en su mayoría en manos de inversores extranjeros (Qatar Airways tiene un 21,4% y el fondo estadounidense Europacific Growth un 5,26%, además de los inversores que compran a través de la bolsa londinense). Empresas como Meliá ya tienen planes de contingencia para un hard Brexit, tras la incertidumbre de cómo se llevará a cabo, mirando hacia otros mercados para captar negocio. Para Meliá, los británicos tienen un peso del 13,8% en las ventas, sólo por detrás de los españoles.

Es, por tanto, una situación ciertamente compleja y grave, que de producirse provocaría un caos aéreo con un incalculable coste económico para una provincia como la nuestra, con gran dependencia del sector turístico. El mercado número uno de turistas en España es el británico, 18 millones de un total de 82. En el peor de los escenarios, devaluación radical de la libra y exigencia de visados, podemos llegar a una caída de hasta un 20% (más de tres millones). Según algunas estimaciones, con un «Brexit duro» en el Reino Unido se podrían perder hasta 100.000 empleos relacionados con el turismo, mientras que en España se estima una pérdida de unos 25.000 empleos. Una de las principales causas es precisamente el fin del acceso a los cielos abiertos. En cualquier caso, en las últimas semanas las probabilidades de un Brexit desordenado se han reducido de forma considerable, aunque no debemos obviarlas.

En otro orden de cosas, hay que tener en cuenta que las relaciones comerciales empezarán desde cero, y eso en la práctica va a significar que muchos negocios se paralizarán hasta que queden claras las nuevas reglas de juego. Además del impacto económico y financiero, en España no sabemos lo que va a pasar con los 174.000 españoles viviendo en el Reino Unido y los casi 300.000 británicos en España (la mayor comunidad en países de la UE).

En Alicante ya estamos viendo las primeras consecuencias en el volumen de negocio, unas pérdidas de 150 millones de euros en 2018 (6,5% anual) entre exportaciones, turismo y compraventa de viviendas. El turismo ha sido el más afectado, menos de 200.000 turistas del Reino Unido (2,4 millones en 2017), teniendo 1.300 millones de euros en riesgo, que ha sido el gasto de los británicos en el año 2018.

El británico, eso sí, no es el principal mercado para las exportaciones alicantinas y sólo supone el 5,1% de las ventas al extranjero en la provincia. Los principales productos son el calzado y el hortofrutícola, con un volumen de aproximadamente 275 millones de euros. El sector inmobiliario y el turismo, sin embargo, sí pueden verse afectados por una salida brusca.

Por otra parte, cabe destacar que grandes empresas españolas han movido ficha ante un escenario que podría perjudicarles: el operador español de infraestructuras y servicios Ferrovial ha trasladado la sede que controla su negocio externo de Oxford a Ámsterdam, manteniendo su apuesta en el Reino Unido. Iberdrola, por su parte, ya ha vendido sus centrales en el Reino Unido a Scottish Power Generation por 800 millones de euros. Para Telefónica e Inditex el impacto sería menor, más centrado en el efecto de devaluación de la libra y poder de compra. Sin embargo, Telefónica ha visto frustrada sus intenciones de vender su filial O2 en el Reino Unido, con el objeto de reducir su elevada deuda, porque la fuerte depreciación de la libra en los últimos años, entre otros factores, hacen esa venta poco atractiva.

En definitiva, las incertidumbres en torno al proceso no parece que vayan a resolverse a corto plazo. Mientras, las relaciones comerciales entre ambos bloques se ralentizan, lo que empieza ya a repercutir en las cifras de crecimiento económico.