Cuando la derecha y sus líderes pregonan un día tras otro sus ideas contra la inmigración, a favor de los muros, los cierres de fronteras y las expulsiones, olvidan el pequeño detalle de que son cada vez más los países occidentales los que venden permisos de residencia e incluso la ciudadanía a los inmigrantes, siempre y cuando dispongan de las elevadas cantidades de dinero que se exigen. Sí, digo vender, tal y como suena. De esta forma, para un buen número de gobiernos, la venta de los llamados «Visados dorados» o «Golden visa» se ha convertido en una nada despreciable fuente de ingresos que demuestra, bien a las claras, el cinismo que aplican en sus políticas migratorias.
Y España se ha convertido en campeón de campeones, hasta el punto de liderar la clasificación de países europeos que más permisos de residencia a inmigrantes ha concedido, a cambio, eso sí, de taparse la nariz para venderles los papeles que necesiten, cobrando a cambio elevadas sumas de dinero por ello.
La venta de los «Visados dorados» alimenta un suculento negocio. Las revistas de numerosas compañías aéreas anuncian en su clase ejecutiva, desde hace tiempo, la fácil adquisición de permisos de residencia y ciudadanía en numerosos países. Se han abierto inmobiliarias de lujo especializadas en ciudadanos rusos, chinos o árabes. Bufetes internacionales de abogados ofrecen la gestión de los trámites a ciudadanos acaudalados a cambio de elevados honorarios. Incluso algunos bancos han creado divisiones para facilitar las inversiones y pagos que tienen que afrontar personas adineradas que quieren moverse con facilidad por el mundo y acceder sin problemas a países occidentales, como España.
Casi la mitad de los estados de la UE cuentan con programas para atraer a inmigrantes inversionistas, con la particularidad de que obtener el pasaporte de uno de los países europeos permite la libre circulación en sus 28 miembros y facilita viajar a otros muchos en el mundo sin exigencia de visados. Otros países occidentales cuentan también con programas de inmigrantes inversionistas, como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, a cambio de importantes volúmenes de inversión mínima que oscilan entre los 500.000 y los dos millones de dólares.
Desde hace años, en línea con sus escasos escrúpulos morales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha alentado a los países a implantar estos programas como vía para aumentar sus ingresos e impulsar su economía, poniendo como ejemplo los efectos positivos que tendría para el sector inmobiliario vinculado a las viviendas de lujo. El FMI siempre tan preocupado por los trabajadores.
Por el contrario, otras instituciones han alertado de importantes riesgos que entrañan estos programas migratorios para inversionistas adinerados, entre las que destacan la ONG Global Witness y Transparencia Internacional (TI). Esta última organización publicó recientemente un amplio informe con el elocuente título «Escapada europea: dentro del turbio mundo de las visas doradas», en el que recoge los riesgos que estas «Golden visa» representan para numerosos países. Los datos demuestran que en los últimos diez años, los países europeos han concedido más de 100.000 permisos de residencia a inmigrantes por esta vía, así como unas 6.000 ciudadanías. Pero como señala el informe, estas visas son tremendamente atractivas para delincuentes acaudalados y corruptos, ya que al obtenerlas pueden tener ritmos de vida lujosos fuera de sus estados, accediendo a la seguridad de los pasaportes europeos y pudiendo escapar fácilmente de la justicia de sus países de origen. Hasta el punto que TI exige a la Unión Europea que evalúe los riesgos de estos programas e impida que se conviertan en un lavadero de dinero negro y corrupción, afectando negativamente a la seguridad colectiva de sus países miembros.
Las Visas doradas aparecieron en España con el Gobierno de Mariano Rajoy en el año 2013, con la entrada en vigor de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internalización. En ella, se regula el fomento de la inversión extranjera en España a cambio de conceder una residencia legal a los inmigrantes que afronten los gastos que se fijan. Así, pueden obtener estos permisos de residencia quienes inviertan en inmuebles por un valor superior a los 500.000 euros, hagan depósitos bancarios por valor superior al millón de euros o adquieran más de dos millones de euros en bonos del Estado, bajo determinadas condiciones. No puede resultar más paradójico que fuera el Partido Popular, paladín de la mano dura contra la inmigración, quien implantara este programa al tiempo que endurecía su política de extranjería y se negaba, pocos años después, a acoger la cuota de refugiados obligatoria que acordó la Comisión europea.
Así, en pocos años, España se ha convertido en un paraíso de estos permisos inmorales a inmigrantes acaudalados, hasta el punto de haber concedido, durante sus cinco años de vigencia, más de 45,000 permisos de residencia por esta vía, preferentemente a ciudadanos rusos, chinos y venezolanos.
De manera que el mayor peligro no está llegando en patera o cruzando las concertinas, sino que compra sus papeles al Gobierno a cambio de cientos de miles de euros. Más argumentos contra la política migratoria que pregona la derecha reaccionaria.
