Una grave amenaza se vislumbra sobre el futuro de la provincia de Alicante. La Generalitat Valenciana quiere liquidar una realidad territorial, política y social, como es nuestra Provincia y la institución que mejor la ha gestionado y representado en sus casi dos siglos de historia, que es la Diputación Provincial de Alicante, que por cierto no ha sido cuestionada nunca por los ayuntamientos a los que sirve en sus 185 años de vida.

El tripartito que gobierna la Comunidad Valenciana, PSOE-PSPV, Compromís y Podemos, especialmente con el empuje de estos dos últimos, nacionalismo e izquierda radical, con la complacencia de Ciudadanos, que no sabemos a qué juega en este tema, van a poner en marcha una serie de medidas legislativas que tienen por objetivo vaciar de contenido las diputaciones y que la mayor parte de sus competencias queden diluidas o absorbidas por la Generalitat, con el fin último de borrar del mapa el concepto de provincia, cuya fórmula de gobierno con las diputaciones provinciales está recogido y amparado por nuestra Constitución de 1978.

Además esto no se hace para ahorrar costes y evitar duplicidades, sino que lo que se persigue es todo lo contrario, ya han inventado una nueva figura, que son las mancomunidades comarcales (nuevos gobiernos comarcales), exigiendo que tengan una estructura administrativa y funcionarial, que al final deriva en más gobiernos y gastos de organización política (9 gobiernos más en la provincia de Alicante y 33 en la suma total de la Comunidad Valenciana), que lo que van a hacer es difuminar, cuando ya existen y funcionan bien las mancomunidades de gestión de servicios. Pero claro, es lo que persiguen los nacionalistas, imitar el modelo catalán de las veguerías y borrar del mapa a las tres provincias que actualmente ya gestionan, coordinan y defienden a los municipios.

Ahora, Podemos insiste en la misma línea con su Proposición de Ley valenciana sobre las competencias de las diputaciones provinciales que persigue fundirlas y confundirlas con la Generalitat Valenciana, dinamitando su autonomía local y funcionamiento, solo hay que leer su Exposición de Motivos: «?procede que la Generalitat Valenciana asuma el pleno ejercicio de las competencias de coordinación de las funciones propias de las diputaciones provinciales?».

Deberíamos tomar conciencia de lo que esto puede suponer para la provincia de Alicante. Desaparece nuestra autonomía local y territorial provincial, que tiene su centro en el Palacio de la Diputación de Alicante, para desplazarla al Palau de la Generalitat de Valencia, que es donde se quieren decidir nuestros recursos, actividades e inversiones, alejándolas de las personas, entidades, pueblos y ciudades que forman parte de ella, y especialmente, de la que ha sido su sede y capital, la ciudad de Alicante.

Tenemos que saber que la Diputación de Alicante se forma por personas elegidas de entre todos los concejales y alcaldes de los pueblos y ciudades de la provincia, en la que ya existen representantes de todas las comarcas alicantinas distribuidos según su población, que son los diputados provinciales, que aunque indirecta, su elección es absolutamente democrática. Asimismo, la mayoría de sus funcionarios y trabajadores son alicantinos que viven o trabajan en y para nuestra provincia, y lo más importante: el centro de decisión está aquí.

Por mi experiencia -he sido alcalde de Benissa y diputado provincial- puedo decir que los problemas, las inquietudes, las aspiraciones, los anhelos son siempre mejor oídos y sentidos por quien está más cerca de ellos, por ello los temas de Alicante siempre serán mejor atendidos por la Diputación de Alicante que por la Generalitat Valenciana.

No entiendo cómo un alcalde, o un presidente de cualquier entidad social, deportiva o cultural van a preferir ir a Valencia que a Alicante para plantear cualquier proyecto o necesidad.

Como dice nuestro actual presidente de la Diputación Provincial, César Sánchez, que también es alcalde de Calpe y habla con conocimiento de causa, cuando un vecino tiene un problema acude a su alcalde y cuando un alcalde tiene un problema acude a la Diputación.

Nuestras carreteras comarcales, caminos vecinales, la garantía de nuestros suministros de agua potable o de riego, la mayor parte de las ayudas para infraestructuras municipales de nuestros pueblos y ciudades, la recaudación de los impuestos municipales con Suma, nuestra promoción turística con Costa Blanca, nuestro centenario y unos del mejores de Europa Museo Arqueológico Provincial MARQ, nuestro Auditorio ADDA y su recién creada orquesta, el Museo de Bellas Artes Mubag y sus colecciones artísticas, el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, nuestra histórica atención social con el Centro Dr. Esquerdo, el Instituto de la Familia Pedro Herrero y el Hogar Provincial, nuestro Consorcio y parques de bomberos, ahora quieren que sean decididos, coordinados o gestionados con todos sus recursos desde Valencia por la Generalitat.

Si la atención social y sanitaria es competencia de la Generalitat, que nos transfieran los 70 millones de euros que ha representado el coste para la Diputación de Alicante, del mantenimiento del Dr. Esquerdo y el Hogar Provincial, pero que no nos quite la gestión, y encima el dinero.

¿Alguien en su sano juicio puede creer que serán mejor dirigidos, financiados o atendidos desde Valencia, que desde Alicante?.

Les puedo asegurar que no, y a la realidad me remito en la histórica discriminación que ha sufrido la provincia y la ciudad de Alicante en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Debemos pues, reaccionar y unirnos frente a esta barbaridad, de ello depende, ahora más que nunca, el futuro de la provincia de Alicante.