El Ministerio del Interior ha retirado la declaración de entidad de utilidad pública que disfrutaba la asociación ultra HazteOír, una organización que se ha dado a conocer a través de una campaña -la del autobús naranja- cuyo lema, en contestación a otra campaña de una entidad que se dedica a trabajar por las personas trans, su entorno y sus derechos, constituía la negación de raíz de su existencia. Solo hay hombres y mujeres, venía a decir, y si naces niño, serás niño siempre y si naces niña, también lo serás siempre. Para ellos, las personas trans no existen. La declaración de entidad de interés público conlleva importantes beneficios fiscales, básicamente, la exención del pago de impuestos.
Hace tiempo denunciábamos la improcedencia de la declaración de utilidad pública de una organización cuyo cometido principal es rechazar y negar la existencia de personas cuya identidad de género no se corresponda con el sexo asignado al nacer. Evidentemente nadie está obligado a entender qué o cómo se siente una persona trans y qué procesos de autodeterminación pasa para reconocer y ver reconocida su identidad. Pero una cosa es no entender a los demás -por falta de empatía, humanidad o valores, por ejemplo- y otra es hacer campaña en contra de determinadas personas, llenando un autobús de lemas discriminatorios y sacándolo de paseo. Negar la existencia de alguien es negar sus derechos o su capacidad de acceso a éstos, y que lo haga una asociación legalmente constituida es antisocial y antijurídico. Es obligatorio que, en un sistema democrático y social, las asociaciones y fundaciones respeten la legislación vigente y, acaten la Constitución y las normas que les son de aplicación. Difundir un mensaje contrario a los valores democráticos y constitucionales atenta, en esencia, a la finalidad de utilidad pública que disfrutaban y motivo suficiente para su revocación.
Por desgracia nadie puede impedir que un individuo o grupo de individuos basen su pensamiento en el odio y la discriminación. Los hay racistas, xenófobos o, como en este caso, tránsfobos. Nadie puede obligarte a respetar, como tampoco te pueden obligar a ser buena persona. Pero lo que es un deber democrático es impedir que quien difunde valores contrarios a las normas democráticas y a la Constitución disfrute de beneficios fiscales o del dinero público. Con mi dinero no quiero que se financie la inutilidad pública y contraria al derecho de un grupo de ultras. Si quieren odiar, que se lo paguen ellos.
